Con la huelga, el Poder Judicial nos mostró la fragilidad del sistema de administración de justicia

 31 julio

La confianza que los ciudadanos depositamos en el Estado hacía impensable anticipar la paralización de un poder de la República por medio de una huelga. Desde la entrada en vigor de la Constitución Política, nunca nos habíamos planteado la posibilidad de un escenario tan nefasto y contrario al orden constitucional como este.

El 19 de julio será recordado como el día en que el Poder Judicial protagonizó un ataque sin precedentes a la institucionalidad del país cerrando las puertas a la administración de justicia.

Lo que era inimaginable se hizo realidad, y nos encontró viendo para el ciprés. Los funcionarios judiciales utilizaron la autoridad que les fue delegada como músculo de coacción en procura de un interés personal y económico; ellos justificaron esta medida extrema ante la violación de un acuerdo con un grupo de diputados.

Todavía lo escribo y no me lo creo. ¿Cómo entender el Estado de derecho sin acceso a la administración de justicia? Peor aún, ¿cómo es posible que los funcionarios judiciales, colectivamente organizados, hayan considerado, bajo los límites de la razonabilidad y proporcionalidad, que la vía para proteger sus intereses personales era a través del bullying, negándose a cumplir el servicio que les compete?

Paro indefinido. La paralización no fue por unas horas, ni por un par de días: se identificó desde el inicio como un movimiento indefinido en un servicio que no debería suspenderse nunca, bajo ninguna circunstancia.

Tal vez nos faltó malicia indígena porque ya lo había anticipado el magistrado Ernesto Jinesta durante la sesión de Corte Plena del 20 de junio del 2016: “Si paramos las materias de Tránsito, Pensiones Alimentarias, Penal y Constitucional –no digo que las otras materias no sean importantes– incluso hasta cobros judicial, ellos y ellas verán la relevancia y el significado que tiene la función jurisdiccional, porque se darán cuenta (de) que el país se paraliza total y absolutamente”.

Tal manifestación le para el pelo a cualquiera, no solo porque proviene del presidente de la Sala Constitucional, sino, también, porque la función jurisdiccional conlleva el ejercicio de un poder de incalculable importancia, garantizado con la independencia y la imparcialidad, por ende, incompatible con intereses personales.

Con la huelga, el Poder Judicial no solo hizo tambalear las bases del régimen democrático sobre las que se construye su legitimidad, pues tuvo otra implicación de gran escala: nos mostró la fragilidad del sistema de administración de justicia, incapaz de resistir la intransigencia de sus propios funcionarios. Y no solo de los que abandonaron sus puestos, también de los que apoyan en silencio solapados detrás de sus escritorios.

Sin querer extenderme en cuanto a la legalidad o no de la huelga de los jueces de la República, señalo lo que al respecto el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha resuelto sobre la materia: “Los funcionarios de la administración pública y del poder judicial son funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, por lo que su derecho de huelga puede ser objeto de restricciones, como la suspensión del ejercicio del derecho o incluso su prohibición”.

Legal o no la huelga, calificación que tendría que ser analizada por un juez, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Se supone que el país debe esperar resignado ante un conflicto que ni siquiera surge entre trabajadores y patronos, sino entre dos poderes de la República?

¿Cómo nos defendemos los ciudadanos cuando el Poder Judicial, garante de la protección de nuestros derechos y libertades, nos da la espalda para dedicarse a defender lo suyo? ¿A cuál juez le tocamos la puerta para el acceso a la justicia cuando todas las salas de juicio están cerradas? ¿A quién podemos reclamarle la paralización del Poder Judicial si no es al mismo Poder Judicial? ¿A quién le correspondería juzgar la legalidad de la huelga si no es a los mismos jueces que organizaron, participaron y defendieron el movimiento? ¿Quién llama a cuentas al Poder Judicial?

Acciones. La obstaculización de la justicia por parte de la Judicatura solamente podría ser subsanada por intervención directa de la Corte Plena a través de la imposición inmediata del régimen disciplinario interno, y la toma de las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio público en todas las áreas afectadas.

En palabras de la Sala Constitucional: “Constituye deber primario y fundamental de los jueces el prestar los servicios que les incumben como funcionarios del Estado, es decir, el de administrar justicia conforme al ordenamiento jurídico, cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto. Tal deber, de ejercer la función jurisdiccional, deriva de la relación de empleo público que vincula al juez con el Estado, hallándose regido, como tal, por los principios generales del derecho administrativo y del derecho que tienen las partes o peticionarios en el sentido de que sus reclamos sean resueltos o proveídos, con prescindencia del contenido de la respectiva decisión. El incumplimiento de este deber, o su cumplimiento en forma irregular, autoriza, por una parte, la aplicación de sanciones disciplinarias, pudiendo justificar, incluso, la destitución o remoción del juez, y por otra, puede generar las responsabilidades de orden civil y penal”. Sentencia 1265-95.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, se considera una falta gravísima el abandono injustificado y reiterado del desempeño de la función, y puede ser sancionada con suspensión o revocatoria del nombramiento.

Sería insensato e irresponsable dejar pasar impune la traición a la justicia. Evitar que se repita es imposible, pero al menos que la Corte Plena tome las medidas para desincentivar que suceda y tener un plan de acción para proteger al país ante una nueva suspensión de labores.

Es la primera vez que el Poder Judicial cerró sus puertas, no sabemos si será la última, y el país no puede darse el lujo de que esto vuelva a suceder.

La autora es abogada.