El ejercicio que hizo el presidente Solís con el informe de los 100 días es un hecho inédito en la política costarricense que debe celebrarse, mejorarse y asumirse como parte de los hábitos presidenciales de cara a la opinión pública. Eso es rendición de cuentas y necesitamos más de ello.
Lo que decía el informe y las reacciones posteriores son otros 100 pesos. Lo que generó se parece más a un partido de tenis: una de las partes hizo el saque lleno de fuertes críticas de despilfarro y señalamientos de corrupción, y la otra parte devuelve con argumentos que reclaman inocencia y apego con la ley. Y en el medio está la ciudadanía, viendo de un lado y del otro, para tratar de entender qué pasa en realidad.
Esa forma de hacer política dificulta mucho el objetivo de ponernos de acuerdo y avanzar como país, porque deteriora la relación entre los grupos. Si el interés es encontrar acuerdos, no podemos seguir con este circo de acusaciones y defensas. Hoy más que nunca hay que aplicar el dicho de los abuelos que rezaba: para hablar y comer pescado, hay que tener cuidado.
El asunto es que nuestra política –y sociedad– tiene un serio problema de desconfianza. De un lado, los empresarios desconfían de los sindicatos y los sectores sociales, y del otro, los sindicatos desconfían de los empresarios. Y todos juntos desconfían del Gobierno si se acerca a uno u otro.
Lo mismo pasa en el Congreso entre los nueve partidos que están ahí.
Tres preguntas. Por ello, viendo el zapato en el que estamos todos metidos, de pronto sería útil que el Gobierno y la oposición se hicieran tres preguntas claves y fueran muy rigurosos con las respuestas antes de pronunciarse sobre asuntos públicos. La primera es: ¿Qué tipo de situaciones ocurridas en pasados gobiernos o en este son ilegales? La segunda: ¿qué situaciones fueron legales, pero en el escenario actual deberíamos cambiarlas? Y finalmente: ¿qué situaciones son legales y deben mantenerse?
Esto podría ayudar a esclarecer este sancocho político en el que estamos metidos. Doy sólo un ejemplo. Con respecto a las horas extras pagadas a funcionarios públicos: ¿es legal o ilegal el pago de horas extras? Si es legal, entonces preguntémonos: ¿en el escenario actual de déficit fiscal y contención del gasto, deberíamos reducir el pago de horas extras? Si es así, lo que se necesita es un debate sobre la regulación de las horas extras, y no una denuncia por el uso de un mecanismo que es legal. Lo mismo habría que hacer con los casos de alquileres, bienes desaparecidos y demás temas del mencionado informe presidencial. Me parece una forma prudente de evitar más desconfianza y acumulada molestia entres sectores.
En este escenario de alta desconfianza se requiere una nueva forma de actuar. Deberíamos aspirar a una política que denuncie lo malo para no repetirlo, que no sea mezquina y reconozca lo bueno, y que no juzgue sin certeza de los hechos. Quizás sea un buen inicio para construir confianza entre las partes y, con ello, un escenario favorable para el diálogo sobre los principales problemas del país.