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Actualizado el 12 de enero de 2015 a las 12:00 am

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Hasta ahora, la principal discusión en torno a la reforma procesal laboral se ha centrado en la preocupación de algunos sectores sobre la posibilidad de realizar huelgas en servicios esenciales y el decreto de Luis Guillermo Solís para impedirlas.

La posibilidad de realizar huelgas aún se encuentra en discusión entre las diferentes fracciones legislativas, que buscan la aplicación de un porcentaje mínimo de trabajadores necesarios para convocar el movimiento de huelga.

Varias modificaciones. Por otro lado, es necesario abordar otros temas modificados con esta reforma que se inician a partir del artículo 375 del Código de Trabajo.

Por ejemplo, se eliminan los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, los que emitían una resolución que no podía ser apelada. Ahora, estos pasan a convertirse en juzgados de trabajo y su decisión sí podrá ser recurrida por las partes.

Además, se limita la posibilidad de que el trabajador atienda un proceso judicial o extrajudicial, pues deberá hacerse acompañar por un abogado cuando concilie extrajudicialmente o ante un Centro de Resolución Alterna de Conflictos.

De igual manera, se brindará la asistencia de un defensor público a todos aquellos trabajadores que ganen menos de dos veces el salario del auxiliar judicial Uno, en otras palabras, menos de ¢800.000, aproximadamente, en la actualidad.

Al contar los trabajadores con este nuevo recurso, las demandas laborales tendrán un tratamiento más profesional y más orientado al detalle, por lo cual toma mayor importancia contar con asesoría legal laboral especializada.

La reforma elimina la sanción de 12 salarios establecida en el artículo 624 del Código de Trabajo y, en su lugar, establece la obligación del patrono de restituir al trabajador en su puesto de trabajo, cuando se compruebe la existencia de un despido discriminatorio.

Además, potencia la aplicación de la oralidad en el proceso, lo que podría agilizar procesos laborales, mediante un uso más audaz de la oralidad, tanto en las audiencias como en la interposición de recursos.

Esto implica que las empresas, de ahora en adelante, deberán prepararse mejor para dichos procesos: deberán tener, desde el inicio de la contratación de empleados, muy bien ordenada y recolectada la evidencia y estar listos para defender sus argumentos en un eventual proceso de litigio.

La reforma también elimina la tercera instancia rogada, limitándose el recurso de casación a la revisión de aspectos procesales. Actualmente, solo se revisa el fondo del proceso; con el cambio, entraría a revisarse si el proceso fue acorde con lo establecido en el Código o si hubo vicios que es necesario sanar.

Derechos irrenunciables. La reforma también otorga la posibilidad al juez laboral de conceder extremos laborales no solicitados por el trabajador, pero que forman parte de sus derechos irrenunciables. Esto podría variar las consecuencias económicas de los procesos laborales en relación con el monto del pago final de la liquidación laboral del trabajador.

Por todas estas razones, queda claro que el nuevo Código de Trabajo presenta retos no solo para los patronos y trabajadores, sino también para el sistema judicial, a efectos de brindar los medios necesarios para atender los reclamos en búsqueda de una aplicación real de la justicia pronta y cumplida.

Es necesario que la discusión nacional sobre este tema aborde todos estos aspectos y no se limite a debatir sobre posibles huelgas y decretos relacionados.

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