EscucharEl transporte de pasajeros es una actividad estatal, la cual se concesiona a la empresa privada por períodos de siete años renovables. Como regla general, la explotación de cada ruta se otorga de manera exclusiva a un solo concesionario, con la garantía de que por medio de los pasajes se cubrirán todos los costos y una ganancia razonable.
Se trata entonces de un negocio típicamente monopólico donde, por lo tanto, las fuerzas del mercado no sirven para que los recursos se utilicen de manera eficiente.
Como consecuencia, el Estado debe fijar tarifas, calidad mínima del servicio y términos de referencia para obtener o renovar una concesión (por medio de concursos públicos transparentes).
El Estado fija las tarifas tomando en cuenta el precio y la depreciación de los autobuses, los costos de operación y el número de pasajeros.
La acción estatal había sido deficiente y contraria a los intereses de los usuarios, en el tanto las autoridades han aceptado la información que le brinden los concesionarios sobre esas tres variables.
Como resultado, los precios de los buses y los costos de operación han sido sobrevalorados mientras que el número de pasajeros ha sido subestimado y, por lo tanto, las tarifas han sido excesivas. Esta inequidad ha sido acentuada porque el modelo de cálculo asume que los buses se deprecian totalmente en siete años, lo cual sería correcto si después de ese período tienen un precio de cero.
Es en este marco que se ha venido impulsando un nuevo modelo tarifario, dirigido a derrotar las mentiras de aquellos concesionarios que han aprovechado las debilidades del sistema –y de autoridades “obsequiosas”– para lograr tarifas abusivas.
Características. El nuevo modelo tiene las siguientes características:
1. El número de pasajeros estimado será el que resulte de estudios independientes aprobados oficialmente por las autoridades y no el reportado por los autobuseros. Con ello se evitará la subestimación de la tasa de ocupación de los buses y los excesos abusivos en las tarifas.
2. Los buses se depreciarán en un 80% de su valor –y no el 100%– en siete años. Ningún autobusero regalaría su bus a los siete años, por lo que cargar en la tarifa una depreciación total en siete años ha constituido una estafa contra los consumidores.
3. El precio de los buses utilizado para calcular la tarifa será el valor de mercado que establezca el Ministerio de Hacienda, a partir de los documentos de importación de los vehículos, abandonando por completo el uso de las facturas proforma entregadas por los concesionarios (que ni siquiera son válidas para la contabilidad de sus empresas).
4. Se garantizará que en el cálculo de la tasa de ocupación de los buses no se tomen en cuenta buses que no se requieren. Hasta ahora las autoridades han aceptado flotas excesivas, lo que produce tasas de ocupación menores a las reales y tarifas prohibitivas para los usuarios.
5. Se eliminarán costos de operación (en mecánicos, choferes, etc.) que no se justifiquen. Ante este cambio los autobuseros tratan de asustar amenazando con despidos. Pero bastaría con revisar las planillas que han reportado ante el seguro social para verificar la realidad.
Esfuerzos. El intendente de Transportes, Enrique Muñoz, ya inició el trámite para aplicar por primera vez este nuevo modelo tarifario, con lo cual se empiezan a corregir las inequidades que han afectado a los usuarios por mucho tiempo.
Al mismo tiempo, las autoridades del Gobierno realizan esfuerzos para implementar esquemas de sectorización que permitan reducir los costos y las presas en la capital, y discuten sobre cómo poner en operación sistemas de pago electrónico que sean eficientes.
Esta segunda medida es de suma importancia para acreditar electrónicamente el número real de pasajeros y evitar las subestimaciones que han conducido a tarifas abusivas. Además, facilita la movilización a los usuarios del transporte público, reduce las filas en las paradas y disminuye el riesgo de asaltos.
Abundan tecnologías y ciudades donde lectores digitales descuentan de una tarjeta –exclusiva como la Oyster en Londres o de una tarjeta normal de crédito o débito– el costo del pasaje.
Los cambios en la forma de calcular las tarifas, en la organización del transporte y la incorporación de tecnologías no son del agrado de cierto sector de transportistas que desean seguir usufructuando abusivamente a costa de los usuarios. Son los mismos que utilizan trucos para cabildear y a diputados –en el mejor de los casos ingenuos– para tener acceso a autoridades con el fin de intimidarlas, mostrándoles el apoyo político de que disfrutan.
Sin escrúpulos. La opinión pública debe percatarse de que nos enfrentamos a un grupo donde algunos protagonistas carecen de escrúpulos. Han estado engañando y obstaculizando a las autoridades, lo cual les ha permitido obtener autorizaciones abusivas de tarifas y rentas injustificadas.
Los cambios en el modelo de transporte y en las fuentes de información que servirán de base para calcular tarifas amenaza los intereses de ese grupo de autobuseros. Al estar en riesgo un potencial desfalco a los usuarios, ahora se ven acorralados y no están escatimando herramientas para intimidar, mentir, engañar y para utilizar amigos “ingenuos” dentro de la política para mantener el statu quo.
Pero soy optimista. Estoy seguro de que fracasarán en sus intentos, ante la unión de esfuerzos entre el gobierno y la Aresep para poner en práctica el nuevo modelo. De ese modo comenzaremos a disfrutar, no solo de incrementos moderados en los pasajes de los buses –cuando realmente procedan–, sino, en muchos casos, de reducciones sustanciales.
El autor es diputado del PAC.
