Por: Armando Mayorga 16 marzo

Construir un puente peatonal en Costa Rica se ha convertido, casi, en una obra de ingeniería tan compleja como la ampliación del canal de Panamá. Aquí, un paso de 49 metros en la intersección de La Galera, en Curridabat, llevó meses de planeamiento y ahora lleva meses de construcción sin que se vea nada.

Comenzaron a levantarlo el 5 de setiembre, hace seis meses –192 días para ser exacto–, y aunque estaba previsto abrirlo en cuatro meses, esta es la hora en que no se sabe.

En el sitio hay obras que no avanzan. Allí, hay un desvío para los vehículos que vienen desde Cartago, el cual causa, en horas pico, un embudo con largas filas de carros, largas esperas, gran gasto en combustible, una mayor contaminación y un enorme estrés.

¿Quién es el responsable de ese desastre? El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) no sabe dar explicaciones, o las rehuye. Primero, le echó la culpa a trabajos adicionales inconclusos del ICE, AyA y CNFL, como son tubos subterráneos y canalización eléctrica y telefónica. Pero AyA y la CNFL aclararon que no están atrasando en nada.

En Twitter, el diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, dio luz sobre el origen de este caos. “Otra chambonada. Dieron orden de inicio sin estar listos”. Y agregó que “es muy sospechosa y cara la maña de dar orden de inicio a obras públicas, aún faltando expropiaciones o relocalización de servicios”. El cierre de su comentario es preocupante: “La trama es cada vez más común: dan orden de inicio a la obra pública, luego la detienen porque faltaba algo, pero la empresa sigue cobrando”.

Si eso es cierto, los diputados y el mismo Ministerio Público deben llamar a cuentas a los “constructores” del Estado, entre ellos, MOPT, Conavi y el mismo Cosevi, para establecer sanciones.

Este puente, por ejemplo, está presupuestado en ¢272 millones y si la demora dispara el cobro de la constructora, es motivo para castigar a los funcionarios que pifiaron en la orden de inicio, porque no solo afectan las finanzas del Estado, sino a miles de conductores que viven un calvario, un suplicio, en esa entrada a la capital. Si el Estado paga profesionales, es para que sirvan a los intereses del pueblo, no para maltratarlo.

El autor es jefe de redacción en La Nación.