4 enero, 2015

Cuando la vida ha sido marcada por el deseo de trabajar en favor de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, tenemos la firme convicción de que siempre urgen acciones. Conocemos a personas golpeadas por la experiencia de la pérdida de un hijo a causa de la desnutrición, sarampión o diarrea. Conocemos quienes tienen un salario de ¢5.000 por semana y deben vivir, o más bien subsistir, con ese monto, lo cual de todas formas resulta casi imposible y por mucho vergonzoso para un Estado que predica justicia, solidaridad y abandera los derechos humanos.

Con indignación total vemos que tales situaciones existen en casi todo el mundo y lo golpean con la indeleble furia de la injusticia. El premio nobel de economía Amartya Sen, en uno de sus libros ( Primero la gente , 2008), nos dice que vivimos en un mundo desigual, donde más de mil millones de personas padecen de hambre, casi dos millones fallecen al año por falta de fuentes de agua potable; cinco mil niños y niñas mueren a diario por esa misma causa y casi tres mil millones de personas no tienen inodoros en el lugar donde viven; y si bien estos datos reflejan una desigualdad extrema, esta lista pérfida podría continuar.

Recordemos como contraste que todas estas cosas suceden en un mundo globalizado, maravilloso y pleno, creador de riqueza, mercado, comercio y tecnologías de punta inimaginables hasta hace apenas un par de décadas, como las computadoras –cada vez más pequeñas y con mayor capacidad– teléfonos, aparatos inteligentes, enormes bibliotecas digitales e impresionantes avances en biotecnología.

Tales ejemplos reflejan márgenes de desigualdad escandalosos y evidencian la amplia capacidad humana para crear riqueza, pero también su dificultad para distribuirla de forma tal que las bondades del crecimiento económico se traduzcan en verdadero desarrollo humano.

Nuestras particularidades. Para Costa Rica la situación no es la misma, tenemos nuestras particularidades. No enfrentamos problemas extremos como otros países, pero lo cierto es que datos socioeconómicos demuestran que el país ha carecido de una estrategia articulada en materia de desarrollo humano e inclusión social. Esto ha significado que quienes sí necesitan –pero no tienen posibilidad de ingresar al sistema estatal– se han quedado sin participar en los programas concebidos para atender su condición de vulnerabilidad. Estos programas no han sido capaces de alcanzar a estas personas, irlas a buscar; sino que han esperado que sean ellas quienes se acerquen a las ventanillas a solicitar asistencia.

De tal forma, además de impedir que se rompiera el ciclo de la pobreza y de la pobreza extrema debido al débil diseño y articulación de los programas, esa forma endeble y anodina de asistencia generó redes de clientelismo, que fomentaron el enfoque de “administrar” la condición de pobreza y no el de reducirla hasta llegar a superarla. No es normal ni gratuito que durante más de dos décadas el porcentaje de población en situación de pobreza se mantenga cerca del 20%, el de pobreza extrema entre el 6% y 6,7% y que la única tendencia de la desigualdad haya sido la de aumentar su brecha cada año un poco más.

Las principales acciones en materia de combate a la pobreza de la Administración Solís Rivera apuntan al horizonte impostergable de lograr una adecuada asignación de recursos que estaban dispersos cuando asumimos el gobierno, para que realmente lleguen a quienes los necesitan.

Hemos tomado decisiones trascendentales. Creamos los mapas sociales, que nos permiten identificar los sectores nacionales a donde se concentra la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema; definimos la reducción del embarazo adolescente como objetivo estratégico; hemos dado sostenibilidad financiera a la red de cuido y universidades públicas; estamos implementando mejores criterios de asignación y trámites simplificados para las becas de Fonabe y Avancemos; incluimos –con urgencia– la variable de la discapacidad en los programas de Fodesaf, en el Consejo de Niñez y Adolescencia y en toda la política pública de esta Administración; y propiciamos también la capacitación e intermediación laboral para personas con esta condición.

Inclusión social. Con estas medidas, y en pocos meses, estamos incidiendo de forma positiva en los índices de inclusión social. Trabajamos en la generación de inversiones, emprendimientos y encadenamientos productivos que permitan generar empleos de calidad. Nuestra meta es impulsar productos de mayor valor agregado para nuestra economía, esfuerzos que estamos coordinando desde el Consejo de Innovación y Talento Humano –una iniciativa casi única en América Latina–. Claramente, solo con nuevas medidas lograremos resultados distintos.

En eso consiste el cambio, en invertir con férrea voluntad y nuevas herramientas, con transparencia y absoluta prioridad en quienes por tanto tiempo, a fuerza de ser vistos como una estadística más que se sostiene en el tiempo y se recuerda durante la campaña electoral, han sido postergados y olvidados por un sistema que no les debe dádivas ni limosnas, sino oportunidades reales, respeto pleno y derechos puros.

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