La ley SOPA llevaría a una sofisticada arquitectura legal para la censura

 19 enero, 2012

Algunos de los sitios de Internet más populares –incluyendo a Wikipedia y Reddit– se “apagaron” este miércoles como protesta contra la Ley para Detener la Piratería en Internet (SOPA) y la Ley para Proteger la Propiedad Intelectual (PIPA, ambas siglas en inglés), propuestas legislativas que pretenden regular el Internet en el nombre de proteger los derechos de autor. Las industrias cinematográficas y musicales han lanzado todo su peso a favor de estas iniciativas con multimillonarias donaciones y campañas de lobby, pero si por la víspera se saca el día, sus esfuerzos no serán suficientes dada la enorme oposición que han despertado por parte de empresarios tecnológicos y usuarios comunes de Internet.

El objetivo de SOPA y PIPA es bastante legítimo: combatir a los violadores de derechos de autor y falsificadores que administran sitios fuera del alcance de la jurisdicción de las cortes estadounidenses. El problema es el método. Estas leyes le dan el poder al fiscal general de obligar a miles de proveedores de Internet a bloquear supuestos “sitios ilegales”, forzando a los buscadores a editar sus resultados y a que las redes de firmas publicitarias y los procesadores de pagos corten su relación con estos sitios.

Medida inefectiva. Los partidarios de SOPA han adoptado como resolución de Año Nuevo presionar por la aprobación inmediata de estas leyes, ignorando las solicitudes para consultar la opinión de expertos sobre las posibles consecuencias de la ley. Como han indicado los mismos expertos en seguridad cibernética del Gobierno estadounidense en Sandia National Labs, la medida “probablemente no será efectiva”. Cualquier persona con algo de conocimiento técnico puede fácilmente evadir los bloqueos propuestos mediante un sinnúmero de simples medidas.

Para los ignorantes en materia de computadoras, ya existen varias herramientas de evasión que requieren de tan solo un clic. Como hemos visto una y otra vez a lo largo de la última década, cerrar sitios y servicios piratas al final de cuentas hace poco para dificultar la piratería. Pero SOPA no solo sería una medida cara e inútil; también desalentaría la innovación, interferiría con la expresión legal protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y (como lo han dicho los expertos en Sandia) “afectaría de manera negativa la seguridad cibernética de EE. UU. y del mundo y la funcionalidad del Internet”.

Con SOPA, cualquier sitio extranjero que permita a los usuarios cargar –o tan siquiera enlazar– contenido podría ser denominado por error como un “sitio ilegal”, ser clausurado y ser privado de ingresos hasta que pueda comprobar su inocencia en una corte estadounidense. Este es el tipo de riesgo que hace que los inversionistas salgan corriendo y la razón por la que los empresarios de tecnología están entre los que más se han opuesto a la ley SOPA.

Más de 100 destacados expertos constitucionalistas se han unido a la oposición. Ellos señalan que bloquear nombres de dominio enteros de sitios web luego de una audiencia en la que solo se escucha a una parte inevitablemente acabará con los foros de discusión donde la expresión legal coexiste con enlaces a contenido violatorio. También bloqueará el acceso de los estadounidenses a sus propios archivos legales además del material pirateado –como ya ha ocurrido con las autoridades actuales–. Dicho acto de “cohibición previa” contradice por completo las tradiciones de protección a la expresión contempladas en la Primera Enmienda.

Instrumento de censura. Aún más preocupante, SOPA llevaría a la creación de una sofisticada arquitectura legal y tecnológica para la censura –una sola lista negra de Internet implementada a lo largo de todo el país–. Una vez que esa estructura esté en pie, sería muy fácil y demasiado tentador para los gobiernos futuros usar esa lista negra para otros propósitos. Los ciudadanos tendrían que confiar en que el Estado solo bloqueará los sitios verdaderamente criminales, o unirse a los piratas evadiendo los bloqueos.

Los ingenieros de sistemas también odian la ley SOPA: los técnicos más prominentes que construyeron el Internet moderno han advertido que el bloqueo de dominios –y los inevitables esfuerzos por parte de los usuarios para evadirlo– tendría consecuencias impredecibles y perjudiciales para la arquitectura de la red. Stewart Baker, exfuncionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional, ha señalado lenguaje en la ley que, según él, podría “matar” los esfuerzos actuales por hacer que el Internet sea más seguro.

La misma cláusula “antievasión”, aunque resulte una broma para los piratas, podría amenazar a los programadores que construyen las herramientas que el propio Departamento de Estado ha promovido y financiado para disidentes que buscan escapar de una censura más agresiva por parte de regímenes como China e Irán –que seguramente estarán encantados de señalar que EE. UU. también bloquea sitios extranjeros que considera “peligrosos”.

Estos son costos muy altos que pagar por una ley que, en el mejor de los casos, constituiría un gesto inútil y simbólico contra la piratería.

Los legisladores deberían ser precavidos y no meterse con una tecnología que ellos mismos admiten desconocer. Deberían, más bien, enfocarse en medidas tendientes a detener el flujo de dinero hacia los criminales, sin caer en el oscuro camino de las listas negras de Internet y los cortafuegosestatales.

Julián Sánchez es académico del Cato Institute (www.elcato.org).