Opinión

La solución no es la despenalización del narcomenudeo

Actualizado el 16 de agosto de 2016 a las 12:00 am

El narcotráfico es la segunda causa de encarcelamiento en nuestro país

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La solución no es la despenalización del narcomenudeo

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En los últimos días se ha suscitado algún nivel de debate alrededor de la posibilidad de reducir las penas o despenalizar del todo el tráfico terminal de drogas, a partir del argumento de que se trata de narcomenudeo, es decir, de la venta de pequeñas cantidades.

En relación con esas afirmaciones, debe indicarse que el narcotráfico es la segunda causa de encarcelamiento en nuestro país, porque es el mayor problema criminal de Costa Rica.

Los mercados de drogas a escala nacional están en una franca expansión gracias al narcomenudeo, que causa graves efectos en las familias y las comunidades.

Es el microtráfico, sobre todo de crack, que daña seriamente a nuestras comunidades más vulnerables, lleva la tragedia a las familias, sea por las adicciones de los hijos, en el caso del consumo, o por la muerte de estos a manos de sicarios, en el caso de la venta. En consecuencia, es tan grave el tráfico de grandes cantidades de droga que afecta a los jóvenes norteamericanos o europeos, como el microtráfico que afecta al joven en Limón, Sagrada Familia, Santa Ana o Los Yoses.

Mercados de drogas. Enfatizar que los condenados están presos por vender pequeñas cantidades de droga, no debe desdibujar el verdadero hecho a destacar, que es que están presos por ser agentes en uno de los mercados más productivos, dañinos y peligrosos en el mundo actual, como son los mercados de droga a “cielo abierto”.

Baste con mencionar aquí que las prácticas abusivas de control de esos mercados produjeron el año pasado más de 250 muertos y, en lo que va del 2016, 133 homicidios que se asocian a ese fenómeno.

El concepto “mercado” pone a la vista no solo el intercambio del producto ilícito por dinero, que es la única cosa a la que se presta atención para argumentar la despenalización o la reducción de penas, sino que nos revela, además, la realidad compleja en la que esa particular conducta se inserta, en donde tan importante es el que la produce, la almacena, la transporta o sirve de proveedor grande o pequeño, como quien vende la dosis y quien controla todos los puntos de venta al detalle, en el territorio donde se encuentra el mercado a cielo abierto.

Son ellos y solo ellos los que hacen posible que una persona joven en Hatillo, Nueva York, Madrid, Londres, São Paulo y cualquier otra ciudad del mundo, a esta hora, esté consumiendo una dosis de cocaína o crack.

Es más fácil, en algunas barriadas de las principales ciudades del mundo, y también en Costa Rica, conseguir una dosis de cocaína o crack que una botella de leche.

Organizaciones criminales. Toda esta compleja actividad económica es dirigida hoy por las organizaciones criminales transnacionales más poderosas a escala global y, sencillamente, en virtud de la expansión de los mercados locales, es imposible desvincular la criminalidad local de la transnacional.

En palabras sencillas: para hacer el crack se requiere cocaína. Imposible hacer crack en Costa Rica si alguien del mercado local no entra en contacto con un proveedor de una organización colombiana o mexicana.

Si lo que se sugiere es no penalizar la intermediación en el microtráfico, sino simplemente mantenerla prohibida, pero sin aplicarle pena de prisión, me pregunto si el Ministerio de Salud tendrá la capacidad de evitar la venta de crack, heroína, o metanfetaminas al público en general y, en particular, a nuestros niños y adolescentes, a través de inspectores de salud y multas administrativas a quienes trafiquen.

Considero que un derecho penal mínimo, hoy en Costa Rica, sin duda alguna, debe ser inclusivo de las actividades ilícitas de las que se vale el crimen organizado, incluido el control violento de los mercados de drogas en pequeñas cantidades, como única defensa civilizada del Estado y la sociedad frente a su barbarie.

No es despenalizando o reduciendo las penas como se va a afectar la grave incidencia social del crimen organizado, sino disminuyendo la inequidad social; atacando la vulnerabilidad por pobreza; acrecentando la cultura de legalidad; y aumentando las oportunidades de crecimiento personal y económico de nuestros jóvenes.

El autor es fiscal general de la República.

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