EscucharEn un interesante editorial publicado el día 5 de febrero en La Nación se enfocaron temas relativos a mi competencia ministerial. Si bien tengo algunas leves discrepancias en torno algunos datos y elementos de enfoque conceptual, es mi interés, más bien, ampliar y reforzar algunas de las ideas medulares de dicho artículo.
Un punto importante de partida es reconocer que la carencia de vivienda nueva, el déficit habitacional, es un problema medular en cuya atención debe haber una insistencia constante de la política pública. No es aceptable, bajo ninguna circunstancia que una familia costarricense no goce de una vivienda digna y, en particular, nos rehusamos a aceptar que cualquier ser humano deba enfrentar el drama del tugurio.
En ese aspecto, tal como señalamos en el artículo “Política pública y tugurios”, publicado por La Nación el 30 de julio del 2013, hemos avanzado significativamente en la atención del déficit habitacional y somos el país que cuenta con menos tugurios. Sin embargo, como bien enfoca el editorial, hay otros aspectos relativos a vivienda que merecen ser atendidos como el deterioro del parque habitacional. De hecho, el propio editorial se queda corto pues dentro de la dimensión vivienda hay una diversidad de demandas, entre otros: la titulación, la dotación de servicios, el mejoramiento de barrios y la disponibilidad de áreas verdes y recreativas.
Desde el punto de vista social, los problemas de pobreza y cohesión suman un conjunto de factores, los cuales se constituyen también en temas claves ya no solo de las políticas y programas de vivienda, sino además constituyen ejes fundamentales de nuestra planificación territorial.
Deterioro habitacional. La vivienda, como cualquier otro bien, demanda atención. El problema empieza cuando por razones diversas, no se atienden aspectos medulares de su mantenimiento y en consecuencia, la vivienda empieza a deteriorarse.
Aun cuando puede haber algunas diferencias en cifras planteadas por el editorial, no quisiera centrar el análisis en un total o porcentaje de hogares. Cualquier análisis, en última instancia, pone en evidencia que el deterioro del parque habitacional es creciente y es hoy el problema residencial que afecta al mayor número de hogares del país. Asimismo, no existe la masa de recursos suficientes para suponer que en una sola Administración pueda resolverse. Sin embargo, es un problema y demanda atención.
Un punto de partida importante es reconocer que la institucionalidad estatal de vivienda examina desde hace tiempo la importancia del mejoramiento de viviendas. De hecho, la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda lo homologa en importancia con la atención del déficit habitacional. En dicha ley, se señala que los recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda, esto es los bonos familiares de vivienda, pueden utilizarse para la dotación de vivienda nueva para los hogares que carezcan de este bien, y para los que la tienen, puede ser utilizados para su reparación, ampliación, mejora y terminado.
Lo anteriormente descrito se sustenta en el denominado Programa RAMT. Igualmente, entidades como el INVU, IMAS y el Sistema Bancario Nacional han desarrollado diversos programas de financiamiento en este aspecto. Sin embargo, en el caso del Programa RAMT el avance logrado es mínimo. Frente a ello se han identificado algunas barreras.
El mejoramiento de viviendas resulta menos atractivo desde el punto de vista empresarial que la vivienda nueva. En ello convergen dificultades de orden logístico como lo es que el espacio a intervenir está ocupado, así como que la atención de casos aislados en tiempo y espacio no permite una adecuada economía de escala, a lo que sumar, que cada caso es muy diferente uno del otro.
Por otro lado, una parte importante de estos hogares corresponde a sectores medios, muchos de ellos con altos niveles de endeudamiento. Esto supone limitaciones o imposibilidad de acceder a un crédito que pueda o no ser complementado con un bono familiar de vivienda o la propia acción. Un grupo importante de familias obtuvieron vivienda subsidiada, pero no han logrado superar sus condiciones de pobreza.
Desde el punto del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, no es posible dotar a estas personas con un segundo bono, por lo que sus viviendas y en consecuencia, la inversión del Estado, se encuentra en deterioro.
Alternativas. La primera constatación que se ha planteado es la dificultad de conceptuar los programas de mejoramiento de viviendas como soluciones familiares individuales. Es mucho más razonable atender esta demanda a través de proyectos, donde en un barrio se intervenga un conjunto amplio de casas. Con ello se solventaría en alguna medida los problemas de economía de escala y podría resultar mucho más rentable para un desarrollador. Es necesario plantear el tema de los recursos. Vivienda nueva y mejoramiento de viviendas se nutren de la misma fuente.
Por otro lado, se abre el panorama para el desarrollo de microempresas que puedan dedicarse a estas actividades, contribuyendo a democratizar más el sector construcción, a generar empleos directos e indirectos en barrios y zonas con problemas en este campo.
La atención del deterioro del parque habitacional necesariamente debe ir acompañado de programas de mejoramiento de barrios. Ya por otros medios he sido insistente en que las políticas de vivienda deben enfocarse desde perspectivas de planificación urbana y ordenamiento territorial junto con intervenciones en vivienda.
Para una mejor convivencia familiar se hace necesaria la mejoría del paisaje y entorno barrial e introducir, ampliar y mejorar las áreas comunes (verdes, recreativas y otras) de las cuales tenemos un evidente déficit, también. Al respecto, diversos equipos técnicos del MIVAH están trabajando en elaborar respuestas al respecto.
En materia de mejoramiento de viviendas, hemos aportado insumos que nos permiten señalar vías posibles, pero es evidente que el esfuerzo país en esta materia debe ser mucho más amplio.
Guido Alberto Monge Fernández, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.
