Opinión

Un sistema tributario sistemático

Actualizado el 21 de julio de 2013 a las 12:02 am

El sistemafiscal comocompromisosociopolítico

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Un sistema tributario sistemático

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“ Todo sistema fiscal histórico es el resultado de compromisos sociopolíticos. Ahora bien, exactamente igual que en otros campos de la vida social, también en el de la política fiscal hay compromisos buenos y malos y, según sea uno u otro el caso, cada sistema fiscal concreto presentará un carácter más o menos sistemático”, Fritz Neumark, 1970.

Escribo estas líneas con la intención de hacer un aporte respecto de las acciones que como sociedad deberemos emprender en torno a cuáles deben ser los ejes de una futura reforma fiscal, partiendo del hecho de que la misma es quizá eludible pero no inevitable. Y como está claro que al menos en este momento, el elector costarricense ha decidido que deben existir acuerdos políticos que reflejen los intereses de muchos grupos en la formación de las leyes, dada la variada composición de nuestro parlamento, la cita de la obra Principios de la imposición ” con la que arranca este artículo, es sin duda una advertencia.

De los compromisos que forjemos entre los actores civiles y los actores políticos, dependerá que logremos tener un sistema tributario sistemático y apropiado con los mínimas aspiraciones de cualquier diseño en política fiscal: la generalidad e igualdad en la tributación, la redistribución de la riqueza nacional vía un gasto eficiente y un ingreso basado en la progresividad, la suficiencia de los ingresos respecto de la inversión pública requerida y el impulso a la productividad. Estas aspiraciones y nortes, deben plasmarse no solo en leyes de impuestos, que cambien los que tenemos o planteen otros nuevos, sino además en medidas relacionadas con la gestión del gasto y con lo que conocemos como “recaudación” y sin duda deben ser el producto de un acuerdo social y político.

No repetir errores. Ha quedado claro, de los últimos dos intentos importantes en este campo, que las reformas integrales no parecen posibles. Creo entonces que conviene enfocar la reforma fiscal del país como un proceso constante, como una obra en marcha, como un edificio que no se tira y se hace de nuevo de vez en vez sino que se amplía, remodela y mejora constantemente. Y que cada gobierno, cada cuatro años, haga su parte. Por eso, habría que comenzar por dos reformas puntuales: la imposición indirecta y la mejora en la gestión de los impuestos con que ya se cuenta.

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Impuesto de ventas. No tiene ningún sentido que el impuesto de ventas no se comporte como un medio de control eficiente respecto del impuesto de renta dado que no están gravados todos los servicios y bienes en forma general. La canasta básica debe revisarse o inclusive, eliminarse dando espacio a otras formas de auxilio a los estratos de menor ingreso. En este campo, la idea planteada recientemente por el Dr. Walter Coto (pensión consumo ) es un impulso al siguiente gran principio que debe prevalecer: la legitimidad y transparencia del sistema.

Apoyo al sistema. Nadie en el mundo paga impuestos porque le guste sino porque entiende, en tal acto, el precio de la civilidad. Luego, se ha demostrado que cuando la gente puede influir en la forma en que se invierten sus impuestos, está dispuesta a pagar más o al menos, a no resistirse a pagar lo que corresponde (Universidad de Pittsburg, 2013 ). Por eso, la propuesta de que una parte del impuesto que se paga se utilice en el fondo de pensión complementaria del contribuyente es una idea en la dirección correcta, aunque se requiera para ello, probablemente, aumentar en al menos un punto la tarifa del impuesto y generalizarla a todo tipo de bien y servicio, lo que en todo caso, hemos dicho, parece necesario. Igualmente, si los contribuyentes pudiesen disponer respecto de una parte de su contribución (desde su declaración) a algunos proyectos muy claros y concretos (fidecomiso para ampliación de una carretera determinada, construcción de un hospital, fideicomiso para becas de estudiantes de bajos recursos y programas de dotación de computadoras, fideicomisos para compra de territorios con fines conservacionistas, para citar algunos ejemplos) seguramente las empresas y las personas sentirían que sus impuestos se están aprovechando en lo que creen correcto y tendrían incentivos para cumplir y para denunciar vehementemente a quienes no lo hacen. Igualmente las empresas podrían ser socialmente responsables direccionando su contribución a aquello en lo que creen y que es acorde a sus objetivos corporativos.

Reformas concretas en impuestos directos. Sin duda, Costa Rica tiene que plantearse pronto el gravamen a las ganancias de capital. De nada sirven los impuestos complejos de administrar como el de las casas de lujo o de poca significancia recaudatoria, como el de las sociedades anónimas si las grandes expresiones de capacidad económica se mantienen sin tributar. Un impuesto bajo y sencillo, similar al de los rendimientos financieros, le imprimiría justicia al sistema y altos niveles de recaudación, especialmente en momentos en que comienza a repuntar la actividad inmobiliaria. Hoy, los contribuyentes y la Tributación se desgastan en largos procesos para determinar si una ganancia reputada de capital tributa al 30% o al 0%. Seguramente eso se prevendría con una ley clara y con un tributo bajo. Igualmente, debemos conectar los impuestos municipales con los nacionales: no está bien que se pague dos veces sobre la misma riqueza. Las empresas deberían poder acreditarse el impuesto municipal de patentes contra el impuesto sobre las utilidades. De esa manera, trasladamos a los gobiernos locales responsabilidades que sabrían cumplir mejor en sus respectivas competencias funcionales y territoriales y sobre las que las empresas reclamarían y exigirían mejor gestión.

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Administración Tributaria. Sin duda, nuestro órgano de gestión tributaria debe modernizarse, no solo tecnológicamente sino además, debe remozar sus cuadros directivos y atraer nuevos talentos a sus filas. La sucesión y la carrera profesional debe ser la norma en la empresa e institución pública también. Debería, entonces, financiarse con un porcentaje de la recaudación, puestos unos parámetros de eficiencia en la recaudación y disminución del fraude y al igual que la Defensoría de los Habitantes, el nuevo órgano de Administración Tributaria podría depender directamente de la Asamblea Legislativa. Sin duda, en los últimos años hemos visto avances importantes pero no suficientes. Por ejemplo, respecto de la facturación electrónica, en dos años solo se logró avanzar en un plan piloto con 35 contribuyentes.

Las leyes fiscales deben ser pocas y sencillas y deben servir para financiar el modelo de desarrollo del que tanto hemos hecho alarde en el pasado y que ha de servir como base para plantear el nuevo modelo, donde la eficiencia productiva, la apuesta a la tecnología, la atracción y retención de inversión extranjera directa y la inclusión de territorios hoy excluidos de las bondades del progreso del Valle Central, sean la norma. Para lograr esto como bien nos recuerda Neumark, necesitamos forjar compromisos sociales, buenos compromisos.

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