16 noviembre, 2014

En el Ministerio de Justicia y Paz trabajamos por las 14.226 personas (datos al 3 de noviembre) privadas de libertad en contención que se encuentran recluidas en los diferentes centros penitenciarios, y también por los que se encuentran en el programa semiinstitucional y en comunidad. Hoy, atendemos a un total de 33.660 personas que han presentado algún conflicto con la ley penal.

En esta Administración estamos ejerciendo la tarea de proveerles condiciones dignas, evitando su exposición a situaciones de riesgo para su integridad física, su salud; en suma, su vida. Estamos claros y realizamos acciones contestes al compromiso propio de un sistema penitenciario que sigue el modelo de las Naciones Unidas como un sistema de derechos y obligaciones.

Sin embargo, la presión que recibe el sistema penitenciario, al institucionalizar cada día a más seres humanos, ha hecho que se alcancen las cifras más alarmantes de sobrepoblación penitenciaria en la historia de nuestro país. El hacinamiento que enfrentamos hoy es producto –en parte– de la inercia política de los últimos años, lo que propició la carencia de infraestructura y de modelos de atención adecuados para esta población.

Mientras en los últimos años se fortalecieron exitosamente los controles restrictivos en el Ministerio de Seguridad Pública y las sanciones privativas de libertad fueron la respuesta legislativa al eliminar las contravenciones (lo que facultó su consecuente aplicación por los Tribunales de Justicia y la tramitación célere en los Tribunales de Flagrancia), medidas que sin duda alguna generaron mayor seguridad ciudadana, es necesario manifestar, con la claridad del caso, que no se tomaron de manera concomitante las previsiones necesarias para fortalecer el sistema penitenciario, de tal manera que las personas capturadas son procesadas y enviadas a prisión –en algunos casos por hurtos famélicos– sin que el sistema de adaptación social contase con las condiciones de infraestructura y con la capacidad técnica para brindarles condiciones adecuadas.

Medidas. Es preciso combatir los niveles de hacinamiento actuales. Ante esta situación, en estos primeros meses de Gobierno, hemos desplegado acciones contestes con el mandato y el espíritu de los principales convenios internacionales ratificados por nuestro país, en el marco del plan de atención para personas privadas de libertad.

En estos seis meses, nos hemos ocupado con éxito por atender situaciones como la regularización de servicios de agua potable y electricidad, y se pusieron en marcha proyectos constructivos para enfrentar la grave situación de hacinamiento. Se pusieron en sitio seguro a más de 490 personas privadas de libertad que durante varios años estuvieron bajo riesgo de incendio por desperfectos en los sistemas de electrificación, e implementamos planes para la atención de emergencias y evacuación dentro de los centros penales.

Es necesario invertir en programas que permitan fortalecer los equipos técnicos que aplican los modelos de atención a las personas arraigadas al sistema. Se requiere invertir en nuestros cuerpos de seguridad penitenciaria, recurso humano de gran valor, al cual además se le capacita en materias relativas al trato digno al privado de libertad, acceso a la justicia y no discriminación. Se busca que las personas privadas de libertad que se encuentran en contención convivan en un ambiente respetuoso de la dignidad humana y bajo modelos de atención que cumplan el propósito del sistema penitenciario, el cual consiste en que se esfuercen por adecuar su conducta y aprovechen al máximo la atención técnica que les encamine a la reinserción para su adecuada convivencia en comunidad. Por cada ex privado de libertad que logra integrarse a la vida en sociedad, con trabajo estable y honesto, con familia que lo apoye y sin reincidencia, Costa Rica obtiene un logro.

Ahora bien, los grandes retos de reestructuración los conocerá el sector Justicia, esto es, el Poder Ejecutivo en el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública, en una tarea en la que es fundamental el entendimiento con el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

La reforma pasa por varios momentos: desde el fortalecimiento de procesos de justicia restaurativa entre las víctimas y ofensores, la reeducación penal que permita el uso preferente de mecanismos alternativos a la contención, ya sean las medidas alternativas actuales o el uso de mecanismos de seguimiento electrónico, medidas que permitan aliviar presión sobre el sistema penitenciario.

Lamentablemente, la prisión sigue siendo la medida predilecta dentro del sistema judicial y la mayoría de las personas que ingresan a los centros penales lo hacen por espacio de unos días o menos de tres meses.

En muchos países del mundo, se ha adoptado la medida de definición de un tope máximo de contención que puede manejar el sistema penitenciario, y si bien es comprensible que se necesita una fuerte inversión en la infraestructura para poder contar con una holgura, esta definición podría contribuir para hacer conciencia en la situación que nos ocupa.

La tutela de los derechos humanos no admite discriminación. Sin duda, las personas que han entrado en conflicto con la ley penal deben cumplir una sentencia por la falta cometida según lo dicten las autoridades judiciales, y la reclusión debe darse en circunstancias dignas. Invertir recursos en el sistema penitenciario en tiempos críticos como este es invertir en derechos humanos, y Costa Rica es un país que se ha ganado el prestigio internacional como garante efectivo de estos.