Opinión

Un sindicalista equivocado

Actualizado el 30 de julio de 2015 a las 12:00 am

El derecho a discutir sobre salarios públicos no es potestad de ningún grupo en particular

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En momentos en que el salario público se encuentra nuevamente en la palestra de interés de distintos ámbitos de nuestra sociedad, me referiré a las declaraciones del dirigente sindical del Instituto Costarricense de Electricidad Fabio Chaves, consignadas el 28 de julio en este medio de comunicación, en la nota del periodista Juan Fernando Lara, intitulada “ICE y ANEP contra salario único y cambios en pluses”, las cuales transcribo literalmente: “Venimos con una demostración de fuerza para la derecha de este país que ustedes representan. Venimos a demostrar que tenemos la fuerza para enfrentarlos, pero también para tenderles la mano y discutir sobre salarios, pero no sobre salario público”.

Primero. El derecho a discutir sobre los salarios del sector público o sobre cualquier otra materia no es potestad ni de un grupo sindical ni de un partido político ni de nadie. Contrario a los regímenes autoritarios, en una democracia todo tema está sujeto a discusión. Para eso existen los Parlamentos.

Segundo. El uso de términos como “derecha” o “neoliberalismo” para descalificar iniciativas en las que los sindicatos (o el Frente Amplio) estén en desacuerdo es una táctica trasnochada y falsa que en nada contribuye al debate de los asuntos de interés nacional. Contrario a los regímenes autoritarios, en una democracia, el debate se alimenta desde todos los frentes ideológicos, aun cuando no se compartan.

Tercero. Las demostraciones de fuerza y la protesta social son instrumentos legítimos que pueden emplearse precisamente porque existe libertad de expresión y de manifestación. Contrario a los regímenes autoritarios, en una democracia la protesta ciudadana no está sujeta a la censura ni al uso de la fuerza represiva.

Cuarto. La política salarial tanto pública como privada es un tema de revisión permanente. Al señor Chaves le recuerdo las acciones tomadas durante la administración Chinchilla en defensa de los salarios crecientes y del respeto al pago de salario mínimo en el sector privado. Asimismo lo remito al proyecto de ley presentado por la suscrita para fortalecer la inspección laboral en el sector privado, el cual está en discusión en la Asamblea Legislativa.

Quinto. Concretamente sobre el proyecto de ordenamiento salarial, reitero que las puertas del dialogo están abiertas para analizarlo, discutirlo, hacer las enmiendas necesarias o desecharlo si, una vez discutido en forma amplia, las mayorías parlamentarias llegan a esa conclusión. Mientras tanto, mantengo la firme decisión de continuar promoviendo el debate.

Costa Rica ha sido un país considerablemente pragmático. Sin menospreciar la importancia del componente ideológico y su diversidad, es innegable que, especialmente a partir de la década de los cuarenta, líderes de corrientes ideológicas de distinto signo han tenido la virtud de encontrar puntos de coincidencia.

No otra cosa fue la creación del Seguro Social, del Código de Trabajo, de la nacionalización bancaria y posterior apertura a la competencia, la creación del Banco Popular y más recientemente la Banca para el Desarrollo, la Ley de Protección al Trabajador e incluso la decisión de ir a un referéndum sobre el TLC, entre muchos otros.

No permitamos que el insulto, la descalificación, la permanente crítica destructiva de quienes nunca han enfrentado las dificultades del manejo de conflictos en la toma de decisiones continúen induciéndonos a una radicalización que ni ayer ni hoy, ni aquí ni en ninguna parte, será la solución a los problemas que enfrentamos.

Sandra Piszk F. es diputada por el PLN.

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