EscucharLa legislación ambiental costarricense, si bien es profusa, necesita una constante renovación para hacer frente a nuevos desafíos y al surgimiento de conflictos socioambientales de diversa índole.
Durante el 2016 e inicios del 2017 se introdujeron unas 125 normas ambientales de diferente naturaleza (reglamentos, decretos, resoluciones, normas técnicas y directrices). Una cantidad importante de ellas corresponde a disposiciones sustantivas, las cuales, en general, establecen derechos, obligaciones, restricciones y prohibiciones, y crean trámites y procedimientos específicos para utilizar los recursos naturales y bienes ambientales.
Sin embargo, paralelamente, desde hace algunas legislaturas se ha constatado un déficit. Cada vez es más difícil y complejo aprobar proyectos de ley sustantivos que contribuyan a mejorar el ordenamiento jurídico ambiental.
Por ejemplo, en el 2016 la producción de la Asamblea se limitó a unas pocas normas, entre estas la ratificación de varios convenios internacionales y las disposiciones sobre regularización de los ocupantes de áreas bajo regímenes especiales (conocidas como zonas ABRE).
Aun en este último supuesto, más que haberse logrado la aprobación de todas las reformas necesarias para resolver esta añeja problemática social y ambiental, los resultados alcanzados, fundamentalmente, han prorrogado los plazos de “moratorias” ante posibles desalojos y demoliciones sin atender los aspectos de fondo.
Inventario. Contamos desde el año pasado con la Ley del Régimen Especial del Refugio de Vida Silvestre de Ostional, la aprobación de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, la Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, el Convenio de Minamata sobre Mercurio, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la enmienda a la Convención de Protección Física de Materiales Nucleares y la ampliación de los plazos del artículo 4 de la Ley para la Regularización de las Construcciones en la Zona Restringida de la Zona-Marítimo Terrestre y del transitorio I de la Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Aprovechamiento y Uso (relativa a la regularización de la ocupación de zonas bajo regímenes especiales).
Algunas de estas normas han sido cuestionadas ante la Sala Constitucional, entre ellas, la Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales y la Ley del Régimen Especial del Refugio de Vida Silvestre de Ostional.
El Plenario aún no toma una decisión respecto al proyecto de ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, presentado por iniciativa popular, sobre las recomendaciones del informe de mayoría de la Comisión de Consulta de Constitucionalidad y, en general, sobre el futuro del texto.
En respuesta, recientemente, se introdujo un nuevo documento, el N.° 20.212, basado fuertemente en el anterior, pero con algunas modificaciones relevantes, entre otras, para responder a lo dispuesto por la Sala Constitucional en su voto 2014-12887 (sobre el contenido del proyecto 17.742).
Pendientes. Como hemos mencionado en artículos de opinión previos, otros proyectos ambientales tampoco han obtenido el aval legislativo (o su rechazo y archivo), entre los cuales destacamos: el de navegación acuática, las reformas constitucionales para incorporar el derecho humano al agua y saneamiento y el carácter de dominio público del recurso, las modificaciones a la ley forestal para la protección de árboles no nativos, la aprobación del Protocolo de Nagoya, el fortalecimiento y financiamiento de los parques nacionales, el fomento de la investigación en energías renovables no convencionales por parte de Recope y la seguridad y movilidad ciclística.
Falta también uno para autorizar al Estado a declarar prohibiciones y moratorias ambientales, así como las reformas a la normativa pesquera y para la gestión responsable de embalajes y envases.
Asimismo, está pendiente la prohibición del poliestireno expandido y sobre el fomento de la generación de energía para el autoconsumo.
En total se contaba (a finales del 2016) con aproximadamente 39 proyectos de ley en el orden del día de la Comisión de Ambiente del Congreso con un distinto grado de avance y discusión; algunos de interés se pueden encontrar en curso ante otras comisiones (agropecuarios, municipal y jurídicos). A lo anterior se deben agregar las nuevas iniciativas ingresadas este año.
En síntesis, una agenda ambiental cargada de proyectos del más diverso cuño. Por supuesto, algunos resultan más importantes y convenientes que otros y, sin duda, varios de los proyectos es de esperarse sean finalmente archivados, pero, en definitiva, el país espera que los diputados tomen las decisiones pertinentes sin tantas dilaciones y retrasos.
En la coyuntura actual de la Asamblea, es incierto qué tanto se avanzará en la agenda ambiental existente y en futuros proyectos que se incorporen. Dados los antecedentes y la situación presente, desafortunadamente, no parece que contemos con muchas razones para el optimismo.
El autor es abogado.
