Por: Armando Mayorga 19 junio, 2014

Limón perdió una oportunidad de oro para transformarse en una ciudad segura, limpia y atractiva. Se le esfumó una ocasión para potenciar su desarrollo y la calidad de vida de su gente. Por eso, es momento de señalar quiénes son los responsables de que se perdiera el crédito del Banco Mundial, por $72 millones, para modernizar la ciudad.

Esto no puede quedar así. Hay muchas razones, pero dos de peso: la inversión que se dejó de hacer en mejoras para los limonenses y los ¢570 millones anuales en planilla ($1 millón por año) para 22 empleados encargados de impulsar el plan.

Es inaceptable que, por burocracia, tramitomanía y negligencia, se desaprovechara tanto dinero destinado a construir un nuevo acueducto, un sistema para evitar inundaciones y puentes; el pavimentado de 30 km de caminos de tierra en un barrio pobre; inversiones para crear mercados para pequeñas empresas; la reconstrucción de patrimonio cultural y todo un plan para descontaminar playas. Eso es parte de la lista incluida en la ley 8725 aprobada por los diputados en el 2009.

El que en estos cinco años solo se haya invertido un 12% de los $72 millones retrata la ineficiencia del Estado, de sus empleados y el desperdicio en salarios: $9 millones invertidos en obras frente a $5 millones en pago de muy buenos sueldos. ¿Cómo se llegó a ese despilfarro?

La ley 8725 es clara: “ el prestatario” es el responsable de vigilar el dinero, de supervisar el avance de obras, de sancionar cualquier corrupción y de “lograr que la Entidad de Ejecución del Proyecto lleve a cabo la totalidad de las obligaciones”.

Ese prestatario es el Ministerio de Hacienda, que a su vez le dio poder a una Unidad Ejecutora del Proyecto (de ejecutora, solo el nombre) formada por Hacienda, Japdeva, AyA, Casa Presidencial, Senara y la Municipalidad. Todos ellos son responsables del fiasco y no el Banco Mundial. El contrato lo dice: el prestatario ejecuta, reporta avances o alerta atrasos. Y, aquí, nada de eso se hizo.

Este caso es histórico por cómo el país se da el lujo de desperdiciar un crédito de bajo costo, y debe ser histórico en sanciones para inhabilitar en la función pública a todos los que condenaron a los limonenses a vivir entre malos olores, calles en mal estado, contaminación u obras patrimoniales deterioradas.

Es hora de que el PAC y su gobierno identifiquen a los responsables y los sancionen.

Etiquetado como: