Por: Armando Mayorga 17 mayo

Casi todo lo que se construye en este país debe pasar por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Y ese es un gran problema porque allí todo se atasca meses.

Una carretera, un aeropuerto, un puente, un edificio, un hotel, un residencial, una casa, una iglesia y hasta una antena de telecomunicaciones deben tener su permiso de viabilidad ambiental.

En ese estudio, un técnico se lleva 168 días (medio año) si se trata de obras de bajo impacto, como son aquellas que afectan 300 m² o más.

El tiempo en construcción vale oro y entre más tarde el técnico en resolver, más cara se hace cada obra y más perjudicado resulta el dueño o más pagarán por ellas los compradores o los usuarios.

La Setena, además, funciona en dos mundos opuestos. Es cierto que digitaliza los nuevos casos que le entran (unos 2.000 al año), pero, en papel, tiene miles en espera.

Si a esa falta de modernización se suma que tan solo cuenta con 80 funcionarios para la maraña de trámites, hay un claro perdedor: el ciudadano costarricense que debe pasar por esa burocracia.

Hay un ejemplo de cómo la Setena atenta, con su modelo actual, contra el desarrollo del país: el Fondo Nacional de Telecomunicaciones la culpa de atrasar inversiones para llevar Internet a comunidades pobres. La Setena, entonces, empobrece a miles de niños y jóvenes que carecen del servicio, no por falta de dinero público para invertir en ellos, sino por los permisos de viabilidad.

La Setena también induce a despilfarro e irregularidades como la que planeó el MOPT al construir la vía de acceso al nuevo puerto de Moín. Dado que el Ministerio de Obras Públicas no tenía permiso ambiental para construir en el punto de conexión con la terminal de contenededores, lo “corrió” 80 metros para solucionarlo más adelante. Ahora, el “arreglo” nos costará a los pagadores de impuestos $14 millones más.

El MOPT así lo hizo porque dudó de que la Setena tramitara a tiempo los permisos.

La Secretaría, entonces, nos sale carísima con solo pasar por ella. Se ha convertido en un embudo contra el desarrollo. Con cada día que se aplacen las reformas en su ley, y su estructura, el que más pierde es el ciudadano.

El autor es jefe de redacción en La Nación.

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