EscucharJulio de 1991. Los odontólogos recién graduados nos encontrábamos en el auditorio del Ministerio de Salud en espera de la rifa para el servicio social obligatorio: un año de trabajo pagado, allí donde la suerte decidiera, fuera de San José. Alguien leyó la ley y escribió las plazas disponibles en un pizarrón. Uno a uno fuimos a sacar un número de una bolsa que definiría el orden en que escogeríamos nuestro destino laboral.
Cuando me llegó el turno, escogí La Fortuna de San Carlos, donde pasé un maravilloso año de aprendizaje y crecimiento profesional y personal. Como era la costumbre, alquilé un cuarto en una casa: durante un mes dormí atormentada porque la dueña me dejaba en unas repisas de la pared del cuarto unas cuantas velitas encendidas que velaban las imágenes colgadas del corazón de Jesús, la Virgen y algunos santos.
Aunque mi sueño habría de estar bien custodiado, me daba miedo dormirme y que todo se quemara. Busqué otra opción y, al mes, conseguí habitación en otra casa, donde me recibieron con una calidez que ha hecho que mi amistad y gratitud por esa familia perdure hasta hoy.
Fue ese un año cuando viví con mis bienes fácilmente enumerables: una maleta con ropa y gabachas y una bicicleta; luego de varios meses, amplié mis tenencias con una computadora Macintosh Classic y una impresora. Así, sustituí mi máquina de escribir y podía fácilmente contar los “caracteres” para enviar mis artículos al Foro de La Nación en el tamaño preciso, lo que hacía por fax desde las oficinas del Correo que prestaba tal servicio.
Estrategia nacional. Médicos y dentistas podríamos contar miles de anécdotas de lo vivido, pero el servicio social, sobre todo, ha sido la estrategia nacional para llevar hasta el último rincón del territorio los servicios de salud.
Con el tiempo, el servicio social obligatorio se amplió y ahora deben hacerlo médicos, odontólogos, microbiólogos, farmacéuticos, enfermeros, nutricionistas y psicológos clínicos.
Los profesionales en salud hemos asumido con vocación nuestro trabajo. Nos hemos trasladado a kilómetros de nuestras casas, con sacrificio de nuestra vida familiar y personal, y hemos tenido que alquilar un lugar para trabajar durante ese año.
Los médicos, además, se han sumado con enorme mística a hacer “guardias”, que si bien son pagadas, como ocurre con todas las horas extras devengadas por cualquier trabajador, los obligan a laborar noches o fines de semana para garantizar la atención contínua de emergencias.
Más aún: la última reforma a la ley de servicio social obliga a los médicos graduados en especialidades o subespecialidades médicas a hacer servicio social obligatorio; estamos hablando de personas sobre los 30 años, muchas casadas y con hijos, que deben dejar sus casas para trasladarse por un año, usualmente fuera de la Gran Area Metropolitana, para garantizar que los servicios médicos de especialistas también estén al alcance de todos.
La salud ha sido una prioridad, los profesionales hemos sido obligados a trabajar para que así sea, y hemos cumplido con ello.
Realidad educativa. Terminado el año de mi servicio social decidí instalarme con consulta privada en Ciudad Quesada. Así, llegaron a ofrecerme que diera clases porque en la zona no había mucho profesor y todo profesional era un potencial docente.
En marzo de 1993, y por nueve meses, fui profesora de Francés en categoría aspirante (¡nombrada por inopia!) en el Colegio Nocturno de San Carlos. De todos, solo dos profesores estaban graduados como tales; el de Matemática, estudiaba en la UNED; otros, en diversas universidades; yo, en ninguna. Entendí mejor que nunca las diferencias entre la educación privada y la pública, la rural y la urbana, la diurna y la nocturna.
Comprendí muy especialmente el sacrificio y la ilusión con que llegan a estudiar quienes ven en la educación la posibilidad de desarrollar su vocación y, al mismo tiempo, procurar una legítima movilidad social.
Han pasado los años y siguen sin resolverse las penurias que conocí en San Carlos, de las escuelas unidocentes, de las condiciones de las aulas, de las limitaciones y hasta de las dificultades para conseguir docentes graduados.
Los ministros de Educación no han hecho esfuerzos reales por buscar la mejora de la calidad educativa pública, en la que persisten alarmantes situaciones.
Los ministros de Educación no matriculan ni a sus hijos ni a sus nietos en las escuelas y los colegios que dirigen. La clase media vive asfixiada por pagar los costos de la educación privada, pues saben que es la mejor herencia que pueden darles a sus hijos.
Un cuarto de siglo y no ha habido cambios que se reflejen en las tasas de éxito de bachillerato y examen de admisión a universidades públicas, pruebas en las que siguen sobresaliendo los colegios privados sobre los públicos, con excepción de los colegios científicos. Todos los centros de enseñanza secundaria públicos deberían tener la excelencia que tienen los científicos; sin excusas.
Niños sin maestros. Entristecen las noticias recientes: “Nadie quiere dar clases a los 13 niños de Chorreras. MEP confirma la renuncia de al menos dos maestros; ahora nombrará por inopia” ( La Nación 18/3/2017). “En dos meses, 3.000 profesores han desestimado nombramientos. MEP alarmado por ‘exorbitante’ renuncia de educadores. Disgusto por zonas lejanas y peligrosas motiva mayoría de rechazos” ( La Nación 26/3/2017).
Los profesionales en salud no decimos “renuncio porque la zona es lejana y peligrosa”. Hemos creído en nuestro modelo de desarrollo y hemos asumido la tarea. Nuestra vocación ha ido de la mano del servicio y del compromiso. La salud es una prioridad nacional y todos hemos contribuido con ello.
No digamos más que la educación es prioridad mientras la educación pública no tenga suficientes maestros allí donde se requieran. No digamos que tenemos un ejército de maestros, cuando estos no quieren trabajar allí donde hacen falta. Nuestro único ejército disciplinado, solidario, comprometido, ha sido el compuesto por los profesionales de la salud.
Es hora de legislar: se impone crear un servicio social obligatorio para los futuros graduados en educación, y que –como sucede con los graduados en salud– ni el MEP ni nadie pueda contratar a un docente que no haya cumplido con el año obligatorio donde el MEP lo mande (en plazas de tiempo completo, definidas por rifa) como requisito para incorporarse al colegio de profesores. Exactamente igual como funciona en salud: llevando a los profesionales de un área prioritaria allí donde se requieren. Mientras tanto, ajustemos el discurso a la realidad y reconozcamos que no tenemos un ejército de profesores y que la educación pública primaria y secundaria no son prioridad nacional.
La autora es odontóloga y salubrista pública.
