29 abril, 2015

Con respecto a la nota publicada el lunes 27 de abril titulada “Servicio Civil se niega a avalar el ascenso de Gloria Valerín” ( El país, p. 10A), me permito aclarar que la Asamblea Legislativa, como institución pública que es, se encuentra fuera del ámbito de cobertura del Régimen de Servicio Civil; no obstante, su Ley de Personal número 4556, del 29 de abril de 1970, concretamente en los capítulos III, IV, V y VI, remite al Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento en materia de clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, ingreso y nombramientos de personal en plazas vacantes, entre otros.

Por su parte, el dictamen de la Procuraduría General de la República número 048-96, del 25 de marzo de 1996 concluye que la regulación de la relación de empleo público de los miembros y subalternos de la Asamblea Legislativa es competencia de ese poder de la República y que, para ejercer esa competencia, la Asamblea Legislativa contará con la asesoría de la Dirección General de Servicio Civil.

Por lo anterior, esta Dirección General sí asesoró al Directorio legislativo con respecto al ascenso directo aplicado a doña Gloria Valerín Rodríguez. Después de ello, lo que siempre hemos indicado, y lo seguiremos haciendo, es que, con base en las potestades que la ley le otorga al Directorio de la Asamblea Legislativa son ellos quienes, finalmente, deberán tomar las decisiones con respecto a la gestión de recursos humanos, apoyados supuestamente por la unidad técnica correspondiente.

Lo que sucedió con el primer oficio que envía don Hugo Cascante Micó, director de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa (AL-DRHU-OFI-488-2015 del 2/3/2015), es que él lo remite directamente a mi despacho señalando: “Lo anterior por tratarse de un puesto incluido dentro del Régimen de Servicio Civil y como resultado de la gestión que le fuera consultada a su representada por parte del Directorio legislativo donde, mediante resolución DG-635-2014 de fecha 1 de octubre del 2014, se indicó la procedencia del movimiento”.

Sobre este particular, se le indicó al señor Cascante Micó que no se trata de una resolución sino de un oficio, y que, además, esta Dirección General no ha indicado que dicho movimiento sea procedente o no, como él, equivocadamente, lo afirma. También se equivoca el señor Cascante Micó al señalar que el puesto ocupado por doña Gloria Valerín se encuentra incluido en el Régimen de Servicio Civil, porque no tenemos conocimiento de que algún puesto de ese poder de la República pertenezca al Régimen de Servicio Civil; por cuanto, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil (Ley N.° 1581 de mayo de 1953) señala: “Este estatuto y sus Reglamentos regularán las relaciones entre el poder Ejecutivo y sus servidores”.

Esta Dirección General conoce los alcances de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, particularmente lo que señala el artículo 29: “Los movimientos por ingreso y ascenso del personal deberán ser aprobados por la Dirección General de Servicio Civil”.

El artículo 129 de nuestra Constitución Política obliga al cumplimiento de las leyes. Así las cosas, tenemos claridad en que debemos proceder conforme, pero por el procedimiento establecido con ese fin.

El segundo oficio que remite el señor Cascante Micó a esta Dirección General fue devuelto sin tramitar porque la acción de personal presenta un error, según se le indicó mediante el oficio GESTION-117-2015 del 17 de abril del 2015, suscrito por don Rómulo Castro Víquez, director del Área de Gestión de Recursos Humanos y del Área de Reclutamiento y Selección de Personal de esa Dirección General. Una vez subsanado dicho error y completados los documentos y trámites que el Departamento de Personal de la Asamblea Legislativa debe realizar, esta Dirección General procederá conforme lo establecen las leyes.

Hernán A. Rojas Angulo

Director general de Servicio Civil