Opinión

Un servicio civil secuestrado

Actualizado el 03 de febrero de 2017 a las 12:00 am

En muchas entidades, el servidor ha conseguido más derechos que obligaciones

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Hace algunas décadas, el economista chileno Carlos Matus indicaba que “mientras mayor era la madurez institucional de un país, su capacidad de gobierno no descansaba significativamente en métodos y técnicas de avanzada, sino en la experticia adquirida por los cuadros estables de gobierno y en la solidez de su estilo de hacer política”.

En su Título XV, la Constitución Política de 1949 ordena la promulgación de un Estatuto de Servicio Civil para todo el Estado, el que debía promulgarse a más tardar en 1953. Por orden del gobierno de Otilio Ulate, la comisión redactora debió obviar lo de “para todo el Estado” y dejar en el Estatuto (artículo primero) que su cobertura fuese únicamente para el “Poder Ejecutivo”.

Así, muchas instituciones se han autoexcluido de todo lo que no les conviene: procesos concursales abiertos para ingreso, sistemas salariales y de pensiones unificados, sistemas de evaluación del desempeño, entre otros. Pero se fueron dejando muchas otras cosas que si les convenía y que también promulga todo régimen de Servicio Civil, como la “estabilidad”, que en nuestro caso raya en “inmovilidad”, y el “derecho adquirido” de cuanta cosa acarree beneficios. Un sistema lleno de mañas, trampas y excesos.

Allí entonces sí somos “un solo Estado”, de modo que lo que se le confiere a un guardia penitenciario o a un guardaparque en razón de su riesgo, pues también se le debe acreditar a un determinado profesional, en la seguridad y sosiego de su oficina, fundamentado a menudo en una sentencia judicial que alegaba “discriminación”.

Debilidad. En cuanto a mérito y estabilidad, ciertamente Costa Rica es líder en América Latina, luego de seis décadas de profesionalización de la función pública. Ahora bien. Pareciera que en nuestra propia fortaleza –estabilidad, profesionalización– está manifestándose nuestra mayor debilidad.

En muchas entidades, el servidor ha conseguido más derechos que obligaciones, convirtiendo la estabilidad en inamovilidad y pretendiendo gobernar con agenda propia por encima de la autoridad política, violando así el principio democrático.

Un antiguo proverbio inglés recuerda que “a los políticos y a los pañales que usan los niños hay que cambiarlos a menudo y por las mismas razones”. Este adagio debe considerar las jefaturas en general en la Administración Pública, las que deben dejar de ser vitalicias y ser ocupadas por plazos determinados.

Llegó la hora de establecer mecanismos más flexibles de nombramiento y remoción. Con la súbita extensión de la vida laboral del funcionario, a 45 y más años, en algunas organizaciones se han desarrollado redes mafiosas que han empezado a ningunear el poder político y, por ende, el principio democrático.

Es urgente la necesidad de hacer eficiente, fusionar y cerrar instituciones y establecer un amplio marco de rotación horizontal, institucional e interinstitucional, de todo el funcionariado, pero especialmente de jefes, auditores y otros detentadores de poder, evitando así enquistamientos perniciosos de corrupción y privilegios.

Ello lo permite el artículo 50.1. del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, lo que debería cubrir a todo el Estado.

Vacaciones y pensiones. Priorizando el combate contra la corrupción en instancias públicas, debe también exigirse la toma de vacaciones, a sabiendas de que es prohibido no hacerlo y que es insano por la humana necesidad de descanso, y que ciertamente propicia la corrupción.

Se ha puesto de moda “acumular vacaciones” para buscar salir con una pequeña fortuna al pensionarse, cobrando el equivalente a otra cesantía por “vacaciones acumuladas”, las que, con toda lógica, a menudo sí se han disfrutado, solo que no se deducen.

Asimismo debe legislarse sobre la edad límite máxima en que el funcionariado debe pensionarse. Son muy conocidos algunos enclaves públicos donde gente que ya aportó lo suyo se mantiene hasta la tumba, con el propósito de proteger cotos de poder –para decir los menos– en detrimento del necesario recambio generacional.

Finalmente, en todo el Estado, la planilla de carrera no debe crecer. Muchas actividades deben realizarse por medio de contrataciones flexibles (servicios especiales consultorías por tiempo determinado o producto entregado), con salario global, lo que permitiría de inicio un salario de ingreso mucho mejor que el tenemos hoy y que en algunos casos no motiva a los jóvenes emprendedores el ingreso al gobierno.

El autor fue director general de Servicio Civil.

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