Opinión

Dos sentencias preocupantes

Actualizado el 30 de septiembre de 2008 a las 12:00 am

 La aplicación mecánica de esta doctrina puede provocar un daño incalculable

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Con pocas horas de diferencia entre una y otra, dos tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dictaron sendas resoluciones en que condenan a un banco del Estado a pagar a los afectados, lo sustraído de sus cuentas por terceros mediante fraude electrónico. Para dictar las sentencias, ambos tribunales sustentaron su decisión en la doctrina de la responsabilidad objetiva expresada en la Ley de Protección al Consumidor.

Para establecer este tipo de responsabilidad, a diferencia de la responsabilidad subjetiva, no se necesita prueba alguna ni siquiera el alegato sobre la existencia de dolo o culpa por parte del responsable; basta con que este, con ocasión de un servicio que preste haya creado, presuntamente, un riesgo del que resultara afectado el demandante.

Sistemas seguros. En este caso, los dos tribunales condenaron al Banco demandado a pagar las sumas sustraídas por un tercero, sin consentimiento de la víctima, en razón de que dicho daño se habría producido mediante el uso de plataformas electrónicas ofrecidas como facilidad por el Banco que, al mismo tiempo, era el custodio del dinero sustraído.

En las resoluciones judiciales de comentario, quedó en evidencia que los sistemas de seguridad y protección de los sistemas electrónicos del Banco demandado son seguros y que ni el Banco o alguno de sus funcionarios fueron, en manera alguna, autores o cómplices en los hechos delictivos denunciados.

El sustento de ambas sentencias condenatorias fue el hecho de que ambos fraudes se produjeron sobre las plataformas de acceso para el cliente, provistas por el Banco, para que pueda hacer sus operaciones por ese medio. Es decir, el Banco es condenado, aun sin dolo o culpa, por responsabilidad objetiva.

Industria del fraude. Si la aplicación de esta doctrina se continúa realizando de forma mecánica, sin considerar de manera cuidadosa los efectos sociales, económicos, financieros y culturales de las sentencias dictadas, así como las particularidades de cada caso, el daño para el sistema financiero puede resultar de proporciones incalculables y el estímulo para realizar nuevos fraudes, mediante la colusión entre personas inescrupulosas, puede generar el indeseable efecto de multiplicar este tipo de hechos delictivos con la certeza de que, finalmente, los tribunales condenarán a los bancos, sobre cuyas plataformas electrónicas se cometan los fraudes, a pagar el dinero sustraído más sus intereses, al presunto o real afectado.

De esta forma podríamos estar creando, sin que esa sea la intención de los jueces, las condiciones legales para establecer en Costa Rica una nueva industria: la del fraude electrónico.

Conviene, en esta delicada tesitura, que los tribunales de lo Contencioso-Administrativo revisen su propia jurisprudencia, sustentada en la Ley de Defensa del Consumidor, a la luz de la compleja realidad que supone una nueva tecnología, como lo es Internet y sus aplicaciones, y tengan en cuenta que, gracias a la naturaleza global de esta red, podrían existir poderosas organizaciones criminales fuera del país que, atraídas por la jurisprudencia vigente y las inevitables vulnerabilidades de una red que cada día evoluciona creando nuevos servicios y nuevas vulnerabilidades, puedan convertir al país, con la complicidad de nacionales, en un nicho de fabulosas ganancias indebidas y conductas criminales impunes. Esa necesaria revisión ya la han hecho los tribunales de otras naciones y han rectificado, a la luz de estas consideraciones, su jurisprudencia sobre estos temas.

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