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Una sentencia penal no es “costumbrismo judicial”

Actualizado el 01 de febrero de 2010 a las 12:00 am

 En la decisión cuestionada no se realiza juzgamiento genérico del agricultor nacional

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Por el respeto que nos merece la opinión pública consideramos de suma importancia aclarar algunos puntos que contiene el editorial de La Nación publicado el pasado 27 de enero, titulado “Costumbrismo judicial”.

En dicho editorial se cuestiona una resolución mediante la cual se condena a un imputado por la comisión del delito de homicidio, que se consideró atenuado, por haberse tenido por probado que la intención del encartado no fue la de ocasionar la lamentable muerte del ofendido; posición que recoge el artículo 113 inciso 2 del Código Penal, que en lo que interesa establece: “se impondrá pena de 1 a 6 años de prisión al que con la intención de lesionar causare la muerte de otro”.

La sentencia analizó las circunstancias del hecho y, de acuerdo con la prueba, se llegó al convencimiento de que la voluntad del acusado no fue la de extinguir la vida de la víctima, sino la de lesionarlo, conclusión a la que se llegó por múltiples circunstancias, que el mismo editorial menciona (la intencionalidad del imputado considerando su conducta después del hecho, la ingestión de licor, la poca profundidad de la herida, la desafortunada laceración de una arteria, la tardanza del auxilio médico, la ausencia de antecedentes penales y la singularidad del ataque consistente en una sola estocada).

El análisis conjunto de estas circunstancias llevó a sostener que el crimen perpetrado se calificara de esa forma, conclusión que incluso, no es cuestionada en el editorial al afirmarse literalmente que “el cuadro fáctico bien pudo conducir a otro tribunal a idénticos resultados, pero la justificación ‘cultural’ no es por ello menos preocupante”.

Es importante aclarar que en la decisión cuestionada no se realiza un juzgamiento genérico de los agricultores nacionales, ni de sus costumbres y sus valores.

Por el contrario el artículo 71 inciso e) del Código Penal obliga a los Tribunales, a efectos de fijar la pena, a ponderar las condiciones personales tanto del imputado como del ofendido. Es en esta dimensión como se juzgó a un ciudadano adulto mayor por un hecho específico, cuyo detonante ha sido el quitarle su sombrero contra su voluntad y botarlo fuera del establecimiento comercial en el que se encontraba, así como la caída de la bebida que ingería, mas ello no se ha considerado como una justificación para que el acusado actuara de la forma en que lo hizo, aun tomando en cuenta que tanto el imputado como la víctima se encontraban bajo los efectos del licor.

Evaluación imposible. Con respecto a la crítica por la omisión de valorar por parte del Tribunal la denuncia por agresiones físicas, verbales y psicológicas que formuló la esposa contra el imputado, esta evaluación resultaba materialmente imposible, pues no solo no formó parte de las pruebas del juicio, sino que se trata de un asunto posterior, cuya resolución fue dictada en el Juzgado de Violencia Doméstica de Palmares con fecha 28 de mayo del 2009, según se desprende de los folios 9 a 11 del expediente número 09-110107-0319-VD, advirtiéndose que se trata de un suceso acontecido cuatro meses después de haberse dictado la sentencia.

Como conclusión, la idea que pueden formarse quienes han leído el editorial es que los jueces afirmamos que “cualquier campesino al que se le bota el sombrero tiene derecho a matar”. Esa idea solo permite crear un espejismo, inicialmente porque se incurre en una generalización, al hablar de todos los agricultores, cuando lo cierto del caso es que en aplicación de la legislación penal, se valoraron las condiciones personales del acusado y fue sancionado al encontrársele culpable de la comisión del ilícito de homicidio, el cual el Tribunal consideró especialmente atenuado por las diversas razones expuestas en el veredicto.

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