EscucharEl déficit fiscal es uno de los problemas más serios que enfrenta el país, y este año se proyecta en poco más de un 5,1% del PIB.
Este es el déficit del Gobierno Central con todos los ministerios, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Legislativo.
Para resolverlo, en el 2011 se analizó, negoció y discutió una reforma fiscal en la Asamblea Legislativa, que después de un trámite mediante la vía rápida quedó aprobado en primer debate. Luego fue enviado a consulta a la Sala Constitucional y ahí los magistrados indicaron que por un error de procedimiento el expediente debía volver a la comisión dictaminadora, con lo cual el trabajo de muchos meses quedó en nada.
La reforma tenía como objetivo aumentar la recaudación fiscal en más de dos puntos del PIB. El déficit, en aquel momento, era un 5,3%.
La discusión del plan estuvo acompañada de varios proyectos de ley para fortalecer la Administración Tributaria, como la reforma integral del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y de la ley de aduanas, y otros temas no menos relevantes que mejoraban la lucha contra la evasión y elusión fiscal.
La responsabilidad con el país es hacer planteamientos para resolver problemas sustantivos, sin importar si se es gobierno u oposición. Por ello era tan importante en aquel momento defender la propuesta que hoy le estaría brindando a nuestro país una mejor imagen nacional e internacional, especialmente, cuando hablamos de la confianza en el sistema.
Lamentablemente, el plan tuvo muchos enemigos y se esgrimieron argumentos tales como que bastaba con luchar contra la evasión y la elusión fiscal, reducir gastos y eliminar exoneraciones para solventar el déficit.
La realidad nos lleva a concluir que son necesarias varias tareas en forma simultánea para resolver la situación fiscal, que a corto plazo puede ser insostenible, si no se hacen esfuerzos tanto en la mejora del ingreso como en la reducción del gasto.
Tareas. En cuanto a los ingresos, hay que fortalecer la Administración Tributaria para que cobre de forma eficiente los impuestos actuales y proveerla de herramientas tecnológicas de punta (tributación digital) para que cumpla las metas.
Asimismo, deben identificarse en las exoneraciones aprobadas cuáles modificar o derogar, proponer una reforma fiscal donde un primer paso sería migrar del impuesto de ventas actual al IVA (impuesto al valor agregado), valorar los porcentajes y sectores sujetos al pago de renta, con gravámenes al trabajo progresivos, y hacer un análisis del mejor modelo para las rentas de capital.
Por otro lado, hay que promover una política vigorosa de reactivación económica que involucre a la mayor cantidad de sectores productivos, de tal forma que aumenten los ingresos tributarios.
En cuanto al gasto, es necesario optimizarlo, eliminar los superfluos, analizar las partidas vigentes para determinar su ejecución y el cumplimiento de objetivos mediante el logro de las metas propuestas y el uso de indicadores de medición.
El recorte debe traducirse en la eficiencia en el uso de los escasos recursos, sin que atente contra el buen actuar del Estado, especialmente en la inversión en programas sociales, las pensiones –que tienen un gran peso en el presupuesto–, la educación, la construcción de infraestructura y el servicio de la deuda, que consume un porcentaje muy importante de los fondos públicos.
Volver a usar los argumentos del pasado para impedir una solución al grave problema fiscal, es inconveniente para todos los actores sociales, productivos y políticos. Máxime que aún no conocemos las repercusiones que tendrán las nuevas decisiones tomadas por la Fed, en lo que respecta a tasas de interés.
La tarea apenas comienza y en esta nueva discusión todos debemos poner de nuestra parte para evitar la debacle que se avecina si no hacemos algo al respecto.
La autora fue diputada del PAC del 2010 al 2014.
