25 julio, 2014

El pasado domingo 20 de julio, en su columna “Entre líneas”, el señor Armando González expresó su “indignación” a raíz de la presunta “indiferencia” de los diputados de la actual Asamblea Legislativa y de la “clase política”, en general, frente al problema de la concentración de las placas para los porteadores en pocas manos.

Si don Armando hubiera revisado las actas de las sesiones del Plenario legislativo, se habría dado cuenta de que el Frente Amplio sí denunció en ese espacio esta lamentable situación.

Como consta en el acta No. 41 del pasado 14 de julio, en la página 15,1, donde se reseña mi intervención, yo señalé –justamente a propósito de una noticia publicada por el periódico La Nación – que en la actualidad, y gracias a un portillo establecido por la ley 8955 del 2011, “de las dos mil novecientas placas que ha otorgado el propio Consejo, siete empresas de porteo concentran el sesenta y cinco por ciento de ellas” (unas 1.800 placas). Y que “… la empresa Unión Nacional de Porteadores, que, según se denunció, está vinculada a uno de los compañeros diputados del Movimiento Libertario, tiene setecientas setenta y dos placas a su nombre”.

Más adelante, denuncié que “ese portillo que se dejó abierto en la ley, y que permitió el acaparamiento de los permisos de transporte en unas pocas manos, ha desvirtuado su espíritu y ha convertido a esos trabajadores, que antes lo fueron por cuenta propia, en empleados subcontratados sin ninguna garantía laboral”.

Desde el Frente Amplio estamos convencidos de que el trabajo en un taxi es una relación laboral en la que el automóvil es la herramienta con la que el chofer lleva el pan a su mesa, y no un contrato civil, una franquicia comercial o una empresa mercantil.

Don Armando, desde el Frente Amplio nos solidarizamos con todos esos trabajadores que han denunciado la violación que sus patronos hacen del Código de Trabajo, al maquillar estas relaciones laborales con un simple contrato civil en el que supuestamente se alquilan automóviles para que estos sean usados por los choferes.

Según ha denunciado uno de ellos, a estos trabajadores se les cobra cifras cercanas a ¢1 millón para acceder a la posibilidad de contar con una placa, además de una serie de pagos semanales por sumas cercanas a los ¢40.000.

Puede estar tranquilo el señor González. En el Frente Amplio nunca “callamos” ante las injusticias. Por eso, estamos seguros de que, más temprano que tarde, la ciudadanía sabrá, cada vez con mayor certeza, “de dónde saldrá el martillo verdugo de estas cadenas”.

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