30 enero, 2015

La contaminación de suelos por actividades industriales, comerciales, agropecuarias, agroindustriales o de servicios, suele producirse en largos periodos de tiempo, y cuando esto ocurre, existe la obligación ineludible de saneamiento y recomposición, responsabilidad de carácter objetiva que recae, dependiendo de la situación específica, sobre el generador, el propietario registral, ocupante anterior o el Estado.

En el derecho comparado, la norma de referencia respecto a la responsabilidad por suelos contaminados es la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Cercla), de los Estados Unidos, la cual en su sección 107 establece expresamente la retroactividad de sus efectos normativos. En la jurisprudencia norteamericana varios fallos (Unites States v. South Carolina Recycling & Disposal Inc.; Northeastern Pharmaceutical & Chemical Co., Inc.; State of New York v. Shore Realty Corp) descartan que la aplicación retroactiva de la Cercla violente las reglas del due process, al establecer la responsabilidad de saneamiento de sitios contaminados por conductas acontecidas antes de la aprobación de la esa ley.

Costa Rica. En el caso costarricense se cuenta actualmente con el decreto ejecutivo 37757-S, publicado en La Gaceta número 132 del 10 de julio de 2013 –Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames–. Este decreto establece la lista de sustancias químicas y los valores guía a partir de los cuales se podrían provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a la salud pública y al ambiente. También se establecen los procedimientos administrativos para la gestión del riesgo en casos de contaminación de suelo y medios con los que este tenga contacto, incluyendo una serie de reglas especiales respecto a la responsabilidad por daño ambiental y el consecuente deber de saneamiento de suelos en situaciones relativas a sitios contaminados abandonados, donaciones y transferencias de inmuebles contaminados, cambios de uso de suelo y situaciones de contaminación en sitios ocupados trazable a ocupantes anteriores o actividades externas.

Debe tenerse presente que en materia de suelos contaminados se parte de la hipótesis de la persistencia de la polución y de sus potenciales efectos nocivos. Por ello, el acto declarativo de sitio contaminado, así como la obligación de saneamiento, subsisten mientras sigan activos los productos o sustancias depositada en el inmueble contaminado, independientemente de la época en que estos fueron introducidos.

Ahora bien, partiendo del hecho de que el ordenamiento jurídico costarricense permite la aplicación retroactiva de la normativa ambiental, y tomando en cuenta que no existe el derecho adquirido a contaminar el suelo con peligro para el ambiente y la salud de las presentes y futuras generaciones, el reglamento sobre contaminación de suelos antes citado puede y debe aplicarse a situaciones acontecidas con anterioridad a su puesta en vigencia.

Esto responde a que el saneamiento o recomposición del ambiente es una obligación constitucional preexistente a la puesta en vigencia del reglamento de rito, sustentada en el numeral 50 constitucional que contiene el deber estatal y de los particulares de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de fijar las responsabilidades y las sanciones correspondientes, reforzada además, entre otras, por la Ley Orgánica del Ambiente de 1995 como en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos del año 1998, y la Ley de Gestión Integral de Residuos del 2010.

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