21 octubre, 2014

En Salitre de Buenos Aires de Costa Rica se ha venido levantando el andamiaje perfecto para el conflicto: se han tirado al basurero los principios básicos de la democracia y se irrespeta flagrantemente la esencia misma de los derechos de propiedad.

Veamos.

En Salitre existe una Asociación de Desarrollo Integral (ADI) que ostenta poderes absolutos sobre la mayoría de asuntos atinentes a la vida de sus habitantes, los recursos de su territorio y los que se originan fuera de Salitre. La ADI es de la opinión que debe comandar lo poco que aún no comanda, y considera válido cualquier mecanismo para adquirir control absoluto de lo poco que aún no controla.

Aunque en la cultura de Salitre nunca existieron títulos de propiedad, cada familia era en la práctica propietaria de terrenos claramente identificados por marcadores geográficos como un árbol, una roca o una quebrada. Ahora, tal como lo concibe la ADI, la tierra y sus recursos son propiedad colectiva del pueblo indígena de Salitre y no existen derechos privados heredables o identificables de ningún tipo.

Tanto la decisión de solicitar recursos del Fonafifo en pago por servicios ambientales sobre algún bosque como los recursos obtenidos son objeto de control total por parte de la ADI. Independientemente de los requisitos legales preestablecidos en la normativa relevante para calificar, nadie recibe un bono de vivienda, una ayuda social, una beca, etc. del Estado costarricense, si no cuenta con el visto bueno de la ADI.

La ADI interpreta que la ley le otorga poder para comisionar indígenas a invadir (la ADI le llama “reivindicar”) las fincas de propietarios no indígenas, aunque estos tengan derechos originados en posesiones previas al año 1977 y no se hayan ejecutado las indemnizaciones que condicionaban la ejecución de esa ley. Más aún, y por más que parezca un contrasentido, la ADI comanda “reivindicaciones” de tierras cultivadas y cuidadas por indígenas. La tierra de una persona indígena es “reivindicada”, si ella se opone a las políticas de la ADI.

Cereza en el pastel. Pero, si los lectores ya están sorprendidos, todavía falta la cereza en el pastel. Las personas miembros de la Junta Directiva de la ADI y su presidente, don Sergio Rojas Ortiz, son escogidos por los indígenas que son parte de la Asamblea del territorio. Pero, de los 252 indígenas mayores de edad que habitan Salitre, solo 80 son miembros de esa asamblea. Don Sergio no permite que las otras 172 personas formen parte de ella, pues “no apoyan las decisiones sobre reivindicación de tierras que impulsa la ADI”.

Don Sergio no entrega informes financieros sobre el manejo de fondos como los de Fonafifo. En su opinión, solo es necesario informarle a la Asamblea de la ADI, o sea, a las 80 personas escogidas por él para que sean miembros de ese foro.

Esta descripción de hechos se basa en decenas de conversaciones y narraciones que he escuchado, en los últimos años, en algunos territorios indígenas, en mi deseo de entender los actos violentos de julio en Salitre, y en una visita reciente a este territorio, en la cual pude, finalmente, conversar con don Sergio. Solo después de escuchar de él mismo (con su venia, tengo grabada la conversación) la verificación de los hechos aquí descritos, comparto con la opinión pública mi profunda preocupación sobre la situación en Salitre y, probablemente, en otros territorios indígenas.

La viceministra de la Presidencia, doña Ana Gabriel Zúñiga, ha llevado a cabo una excelente labor de pacificación inmediata, de intermediación y de seguimiento durante varias visitas que ha realizado a la zona. Espero que el Gobierno se percate de la urgencia de posicionarse, de manera equilibrada, ante los sectores en conflicto.

El Gobierno, la intelectualidad, las ONG locales e internacionales y la prensa –comenzando por La Nación – deben evitar un enfoque romántico, y hasta racista, que victimice a los líderes indígenas como “pobres criaturas de Dios”, necesitadas de su protectora compasión. Es muy peligrosa la actitud agresiva contra finqueros no indígenas que han estado trabajando tierras desde mucho antes de 1977, cuando se emitió la legislación que permitía quitarles sus fincas, si se les indemnizara.

Mucha gente de la ciudad y de la academia no entiende lo extenuante que es trabajar chapeando potreros, haciendo cercas, aporreando frijoles o sembrando pasto. Mucho académico no aguantaría 15 minutos, si se le pusiera a hacer las tareas que han permitido a esos finqueros, después de años de agobiantes jornadas, tener tierras en producción. Estos finqueros defenderán sus tierras a cualquier costo, incluso al de su vidas, antes de cederlas, de buenas a primeras, sin ninguna indemnización.

Por lo anterior, los sectores urbanos interesados, incluyendo a los jerarcas del Gobierno, deben hacer todo lo posible para convencer a una persona inteligente y carismática como don Sergio de respetar los derechos de los finqueros no indígenas y de los indígenas que difieren de sus políticas, en lugar de intentar “comprender” y hasta estimular sus acciones de hecho.

Actitudes antidemocráticas. Por lo demás, las actitudes antidemocráticas, centralistas y personalistas de don Sergio, su visión colectivista y sus manejos financieros no son compatibles con los paradigmas de la Constitución que norma los destinos del país. Si se han cuestionado las credenciales democráticas de algunos políticos nacionales por su apego al concepto de “dictadura en democracia”, solo nos preguntamos cómo denominar la visión de don Sergio, con sus criterios para definir quién es amigo y quién traidor del pueblo de Salitre, su intolerancia a la disensión y su irritación cuando se le exigen cuentas. Por otra parte, don Sergio daría clases a la URSS de 1929 sobre colectivización de la tierra.

No hay duda de que una mayoría de los indígenas deben beneficiarse de acciones afirmativas y preferentes al momento de seleccionar los destinatarios de las políticas sociales del país. La discriminación histórica así lo exige. Pero tampoco debe existir duda de que los líderes indígenas deben aceptar las reglas democráticas y la institucionalidad del país. Una cosa es consolidarnos como una sociedad multiétnica y pluricultural, y otra, partir a Costa Rica en pedazos autónomos y poner en riesgo nuestra paz.

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