Es necesario introducir un ajuste inteligente, ordenado, gradual y selectivo

 29 noviembre, 2015

Hace algún tiempo, opiné sobre los diferentes flujos de capital hacia el país y señalaba la diversidad de fuentes (“Detalle de la política monetaria de la otra moneda”, La Nación 21/12/15).

Decía que a tal punto convergen esas fuentes de capital que no tenemos derecho a sorprendernos de que en ciertos momentos la afluencia de capitales llegue a ser una amenaza inminente.

En aquel artículo, me refería a un tiempo de abundancia de divisas y a su efecto manifiesto: un tipo de cambio con colón sobrevaluado; pero también expresaba el riesgo que significa un cambio abrupto en esos flujos.

Esta situación cobró realidad, y significa un riesgo muy grave. La pregunta es: ¿Qué pasará si la situación de crisis fiscal del país incide en la suspensión de algunos flujos de capital, o a su encarecimiento, o a una reducción de la calificación de riesgo del país?

Lo que se define como real es real en sus consecuencias, dice el teorema sociológico de Thomas. A esto habría que agregarle que es una relación inexorable, inevitable, automática entre una definición y las consecuencias en la economía nacional, si quien lo dice es una calificadora de riesgo o un organismo financiero internacional.

Pues está dicho lo más grave y por estos personajes. Alguna calificadora de riesgo de la deuda soberana y de la situación del país ya anunciaron que si el país no hace algo para resolver el asunto fiscal antes de junio del 2016, bajará la nota nacional en tres categorías. Es decir, lanzará una alerta de que invertir en Costa Rica no es prudente, ni seguro.

Este anuncio desencadenará que el mercado imponga un ajuste muy severo y mal diseñado al país, vía caída de la inversión y el crecimiento de las tasas de interés.

Pero el asunto es aún más serio. Los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional) han planteado en foros nacionales y públicamente algo semejante.

Ellos variarán negativamente su valoración del país en el mismo plazo, si no ven un avance concreto en materia fiscal, si las reformas que se aprueben no cambian la tendencia del déficit y de la deuda.

No se podrá, pues, financiar más el presupuesto nacional –en más de un tercio– por la ruta del endeudamiento, pues el crédito será mucho más caro (impagable), o no estará disponible del todo. Cabe recordar que ya no hay eurobonos disponibles.

Consecuencias. El profundo ajuste –el peor de los diseños posible– podría darse de la siguiente manera: sin disponibilidad de divisas, sin financiamiento externo para el déficit fiscal, la inflación y el tipo de cambio creciente se encargarían de reducir el gasto, entre ellos los salarios de todos, no solo los de los empleados públicos.

Las tasas de interés internas crecerían presionadas por los esfuerzos ingentes del gobierno para captar recursos vía endeudamiento interno. Para un gobierno financiado, el costo de captar sería mucho mayor y presionaría los otros gastos.

Las empresas no invertirían e intentarían resguardarse, con lo que ello signifique. Habría un gran acomodo del gasto público, sin orden ni concierto. La violación de los derechos de los trabajadores y la defensa a la calidad de vida no encontraría posibilidad de exigencia.

Las previsiones alegres de crecimiento, inflación, etc., se alejarán del país, pues el supuesto esencial del que parten se habrá desvanecido. Sí, lamento decirlo, sería tiempo de llanto y crujir de dientes.

La fecha señalada es junio del 2016. Introducir un ajuste inteligente, ordenado, gradual, selectivo es necesario, si no se quiere el peor de los ajustes.

Antes de junio del 2016 podemos salirnos de ese rumbo y no materializar el escenario calamitoso. Esto supone que el sistema político entienda que no hay que ignorar este seriesísimo riesgo, que debe actuar ya. Son responsables de las consecuencias de no actuar. Que en el paso siguiente todos serán señalados como responsables y todos perderemos.

El autor es economista.