30 mayo, 2016

El 24 de mayo, el periódico La Nación hizo público su criterio en su editorial, respecto al reciente tarifario de procedimientos médico-quirúrgicos emitido por nuestro Colegio. Las manifestaciones que hace el editorialista las consideramos sesgadas y mal informadas.

Cuestionar la competencia de los colegios profesionales para fijar las tarifas mínimas por los servicios que prestan sus agremiados es desconocer la historia y naturaleza de nuestras organizaciones.

La Sala Constitucional ha dicho reiteradamente que los servicios que prestan los profesionales liberales no pueden considerarse “simples mercancías” y, por ello, no deben estar sujetos al libre mercado, tal como lo pretende el periódico La Nación.

Los colegios profesionales, mediante el principio de autorregulación, son los más idóneos para fijar las condiciones mínimas que deben ser observadas en la prestación de los servicios profesionales, estableciendo los atestados académicos, la infraestructura y el equipo necesario para garantizar la calidad en los servicios.

La determinación de una tarifa mínima beneficia al profesional por cuanto posibilita cubrir los costos generales de su actividad y que la sociedad le reconozca su labor profesional con una remuneración justa. Pero también beneficia al usuario, ya que lo orienta respecto al precio que en circunstancias normales debería pagar.

Además, la tarifa mínima no permite que el profesional incurra en competencia desleal. Si no existieran tarifas mínimas, algunos profesionales se verían tentados a “negociar” al cobrar por debajo de los costos, lo que lleva necesariamente a descuidar la calidad en el servicio que se presta.

El tarifario emitido por el Colegio es el producto de un trabajo de varios años, analizando los costos reales en el mercado tanto nacional como internacional, aunado a los factores señalados en la normativa, tales como la complejidad del acto, la consecuencia del error, la responsabilidad social y los atestados académicos necesarios para la buena práctica médica, factores que son usados en todo país civilizado del mundo para fijar el costo de los servicios en la medicina privada.

Al ser el primer tarifario de procedimientos médicos quirúrgicos que se emite, las referencias que se han dado, respecto a aumentos desproporcionados, no son ciertas. Esa información nace de algunas empresas a las que no les conviene que el Colegio ponga orden en sus tarifas.

Manifestamos públicamente que ante inquietudes de algunos sectores sociales, hemos suspendido temporalmente la aplicación del tarifario para escuchar opiniones al respecto, y estamos dispuestos a revisar y, eventualmente, a modificar lo que razonablemente se tenga que hacer, pero sobre la base de estudios serios y objetivos.

Pero no vamos a permitir que se diga que la intención de este Colegio, con la emisión del tarifario, sea enriquecer a nuestros colegiados. No es justo que se manipule a la sociedad diciendo que el nuevo tarifario causa un aumento significativo en el pago del marchamo o que la seguridad social se vería afectada, sin estudios técnicos que lo fundamenten. Los médicos, al igual que todos los demás profesionales, tienen el derecho de obtener una justa y razonable remuneración por sus servicios, aun cuando sean contratados por entidades aseguradoras.

Alexis Castillo Gutiérrez

Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

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