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¿Hay responsabilidad de proteger a los iraquíes?

Actualizado el 09 de julio de 2014 a las 12:00 am

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¿Hay responsabilidad de proteger a los iraquíes?

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CANBERRA – La única razón (moral, política o militar) que puede aducirse para justificar una nueva intervención militar de Occidente o de otros actores externos en Irak sería cumplir la responsabilidad internacional de proteger a víctimas reales o potenciales de atrocidades a gran escala como genocidio, limpieza étnica y otros crímenes contra la humanidad, o crímenes de guerra graves.

Las poblaciones shiitas y no sunitas en general que se hallan en el camino de la avanzada del ISIS (Estado Islámico en Irak y Siria, un grupo cuya ideología y accionar son intragables hasta para Al Qaeda) tienen abundantes motivos para temer tales atrocidades. Macabras ejecuciones de soldados y otros cautivos han sucedido con certeza en Mosul, Tikrit y otras ciudades tomadas por el ISIS.

Pero, sobre la base de la evidencia disponible hasta el momento, sería prematuro concluir que ya se han producido (o que es inminente que se produzcan) hechos de violencia contra poblaciones indefensas de una magnitud tal que justifique una intervención militar extranjera.

Dejando aparte los reiterados errores que hasta ahora cometieron los expertos durante esta ronda de violencia, la mejor evaluación actual de la situación militar general indica que la fase aguda de la crisis ya pasó. La movilización de milicias shiitas significa que, a pesar del derrumbe casi total del Ejército iraquí, la peor hipótesis (la caída de Bagdad) es improbable.

De acuerdo con esta visión, puede preverse el inicio de una guerra civil prolongada cuyo resultado más probable a la larga será una partición permanente según líneas étnicosectarias, de modo que los curdos controlarían el norte, los sunitas dominarían el oeste y el centro, y los shiitas conservarían el poder sobre Bagdad y el sur.

Una intervención militar para sostener al Gobierno actual y ayudarlo a restablecer su autoridad sobre todo el territorio sería difícil de justificar. El gobierno del primer ministro shiita, Nuri Al Maliki, ha sido brutal, corrupto y escandalosamente sectario, y ha puesto en serios aprietos a sus partidarios en Estados Unidos y, en ocasiones, también a sus patrocinadores iraníes. Tomar partido por Maliki en una guerra civil intercomunitaria, incluso si con ello se facilitara el muy necesario reacercamiento de Estados Unidos a Irán, sería echar más leña al fuego de Medio Oriente.

Las cosas serían diferentes, si se pudiera persuadir a Maliki de dar un paso al costado para permitir la formación de un gobierno con amplio respaldo de las poblaciones shiita, sunita y curda, comprometido con la inclusividad y con la creación de un ejército nacional eficaz y despolitizado. Esta meta, sin duda, requeriría una ingente tarea diplomática. Pero es un proyecto que ya fracasó antes, y el liderazgo local necesario para garantizar el éxito del plan está ausente.

Incluso si esta salida política óptima fuera posible, no hay evidencia de que una intervención militar externa para destruir la milicia sunita del ISIS añada algo de valor. Tal vez, la oferta limitada de apoyo técnico y asesoramiento que está haciendo Estados Unidos tenga cierta utilidad.

Pero, más allá de eso, los ataques aéreos requieren objetivos (algo difícil de determinar cuando no hay ejércitos en movimiento) y demasiadas veces producen víctimas civiles inocentes. Además, ni siquiera la presencia de 150.000 pares de botas extranjeras en el terreno fue suficiente para estabilizar el país después del terrible error de cálculo de la intervención militar liderada por Estados Unidos en el 2003.

Esto no quiere decir que deba descartarse la opción de una intervención militar extranjera en caso de que el ISIS u otras facciones cometan (o estén a punto de cometer) atrocidades a gran escala. En el 2005, un total de 150 jefes de Estado y de gobierno de países integrantes de las Naciones Unidas apoyaron unánimemente el principio de responsabilidad internacional de proteger a poblaciones en riesgo; en casos extremos, este principio habilita la intervención militar con aprobación del Consejo de Seguridad, como ocurrió en el 2011, en respuesta a las acciones del régimen de Muamar Gadafi en Libia.

En el caso de atrocidades similares cometidas en Siria, lo que paralizó al Consejo de Seguridad fue que no hubo acuerdo respecto de si ese mandato justificaba una intervención cuyo objetivo fuera un cambio de régimen, más que solamente la protección de los civiles. Pero el principio básico sigue contando con firme apoyo internacional, y el Consejo de Seguridad sigue usando los términos “responsabilidad de proteger” en sus resoluciones y declaraciones (12 veces desde Libia, según el último conteo). Si en Irak se produjera una nueva atrocidad suficientemente horrorosa, es concebible que vuelva a haber consenso.

Claro que, en la práctica, dicha intervención no se aprobará (ni debería aprobarse), a menos que se determine que satisface varios criterios morales o precautorios, que, si bien todavía no tienen adopción formal de la ONU, fueron ampliamente debatidos y aceptados por la comunidad internacional a lo largo de la década pasada.

Esos criterios son: que las atrocidades cometidas o temidas sean suficientemente graves para justificar, prima facie, una respuesta militar; que la respuesta se emprenda ante todo por razones humanitarias; que sea razonable suponer que cualquier respuesta de menor escala sería ineficaz para detener o evitar el daño que se desea impedir; que la respuesta en consideración sea proporcional a la amenaza; y que la intervención sea realmente eficaz y no provoque más daño del que repara.

Son criterios difíciles de satisfacer, sobre todo el último. Pero, si en Irak llegara a plantearse un motivo claro de acción, el prurito de no repetir la desacertada intervención del 2003 no debe distraernos de cumplir la responsabilidad que nos cabe como miembros de una única especie humana, como nos sucedió en Camboya, Ruanda, Bosnia y tantos otros casos.

Gareth Evans fue ministro de Asuntos Exteriores de Australia y presidente del Grupo Internacional de Crisis. Actualmente preside el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger, con sede en Nueva York. © Project Syndicate.

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