Hace 28 meses, el Ministerio Público inició una investigación sobre una presunta intermediación financiera ilegal ocurrida en Servicios Pastorales, entidad de la que durante algunos años fui Director y que maneja el Fondo Común de la Iglesia Católica. Desde antes de esa fecha, el periódico La Nación comenzó una intensa campaña de prensa, en la que en lugar comunicar al público informaciones veraces sobre lo acontecido, ha desdibujado los hechos, tergiversándolos, con el nada oculto afán de presionar a las autoridades judiciales para que mantengan abierta una causa en la que ya toda la prueba está evacuada, y en la que no hay indicios de delito cometido por miembros de la Iglesia, sino por un tercero ya fallecido.
Con el propósito de arrojar un manto de duda sobre mis actos, el periodista Ernesto Rivera confunde momentos históricos distintos, que entremezcla a su gusto y antojo. Además, los documentos y pruebas que cita son filtrados y seleccionados, cuidándose de no publicar aquellos que claramente demuestran mi inocencia.
Muy lejos del rigor profesional y de la ética periodística, se recurre así a citas parciales, sacadas de contexto y tergiversadas, con lo que se presenta a la opinión pública una “realidad” que no es la verdadera, sino una fabricada y moldeada al tenor de intereses desconocidos.
No es cierto. Muestra de lo anterior es la noticia publicada el 20 de setiembre pasado, en la que en uno de sus títulos se afirma: “Testigo: sacerdote fijaba tasas de interés de créditos para laicos”. Claramente, el periodista pretende señalar que los créditos irregulares que investiga la Fiscalía los otorgué yo, lo que no es cierto. Para eso, recurre a una cita parcial de la declaración del señor Édgar Rodríguez Mesén, omitiendo que este testigo también declaró ante la SUGEF: “8. P. ¿Quién es el que tiene el control de esos fondos? Ahora el Padre Godínez. Anteriormente me dirigía a Jorge Torres (')”. Adelante, cuando le preguntan si había recibido un préstamo, responde: “Yo le solicité el préstamo a Jorge, así nada más y no me pidió que le firmara nada, yo no entregué ningún bien en garantía”.
Finalmente, cuando le preguntan por las condiciones del crédito y de la tasa, el testigo responde que la tasa se la dijeron verbalmente y que la misma ha variado en el tiempo. Y es en ese momento, cuando la Sugef le pregunta que quién define la tasa (desde luego se refiere a quién la define actualmente, en este momento, puesto que la misma ha variado en el tiempo), ahí es cuando el testigo responde lo que cita el periodista: “El Padre Godínez, uno le dice al padre Godínez y él le da el monto del saldo”. Ahora sí tenemos una verdad histórica cierta, completa y apegada a los hechos. Leída íntegramente la declaración de este testigo, resulta que los créditos los otorgó un tercero, no yo.
Yo simplemente asumí la recuperación de esa cartera, cuando se detectaron las irregularidades en Servicios Pastorales, irregularidades que nosotros mismos denunciamos a la Sugef.
Por si fuera poco, en una declaración jurada que consta en el expediente, que convenientemente omite el periodista, el mismo testigo afirmó: “Yo a título personal tengo un crédito y eso se lo informé a la Sugef.
Yo se lo pedí a Jorge Torres quien era quien manejaba el fondo y otorgaba los préstamos (')”. Como puede verse, utilizando nada más que una lectura parcial de lo declarado por un testigo, y omitiendo las demás pruebas que constan en el expediente, se presenta a la opinión pública una afirmación falsa y tendenciosa. Queda así evidenciado y puesto al desnudo el deleznable proceder periodístico.
Presión indebida. Lo más grave de todo esto es que un periodista, valiéndose de la preeminente posición que ocupa y del gran alcance que tienen sus publicaciones, se lance en abierta campaña de presión a las autoridades judiciales y fiscales, presentando verdades a medias y distorsionadas, haciendo publicaciones de primera plana el día previo a la celebración de audiencias judiciales, o, cual iluminado profeta, anunciando y adelantando lo que hará y pedirá la Fiscalía, cuando aún no hay rastros o indicios de ello en el expediente.
No pretendo desconocer el derecho, más aún el deber que tiene la prensa de informar sobre los asuntos judiciales. Pero aquí estamos en presencia de un periodista que decidió usurpar funciones que son propias de la Administración de Justicia, olvidándose de informar al público para en su lugar construir casos en la prensa y emitir injustas y prematuras condenas en el foro público.
Por respeto a la autoridad e independencia del Poder Judicial, me he mantenido en silencio durante más de 28 meses.
La Justicia es una alta y noble tarea, que debe impartirse de manera objetiva, alejada de pasiones y prejuicios, amores y odios. Confiado en la investigación que realiza la Fiscalía, trataré de evitar discutir en la palestra pública hechos que deben conocerse y resolverse en el foro judicial.
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