EscucharLa ruina de Venezuela y el cinismo de Nicolás Maduro parecen alimentar la indiferencia de los gobiernos de la región. Dando un ejemplo de responsabilidad, el Congreso de Costa Rica ha emitido una declaración exigiendo que el Ejecutivo solicite la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y seis prestigiosos expresidentes han firmado una carta con similar demanda. ¿Creen que otros Parlamentos y expresidentes latinoamericanos harán lo mismo?
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, elaboró un informe serio sobre la tragedia venezolana. ¿Logrará que los miembros salgan de la inercia y cumplan sus obligaciones jurídicas? No lo creo. Si sancionan al gobierno transgresor y suspenden su membrecía, Maduro aprovecharía para retirarse del organismo interamericano aduciendo que la Unasur y el Mercosur son paradigmas del respeto a su soberana dictadura y al principio de no intervención.
Es lo que se desprende de la actitud de la canciller chavista cuando dejó mal parada a su colega argentina, Susana Malcorra, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA a la que concurrió de buena fe para concretar sus buenos oficios con Caracas, esperando hacer realidad el mecanismo de diálogo que había sido objeto de negociaciones bilaterales previas.
Ilegalidad. La candidatura de la canciller platense a la Secretaría General de la ONU –que necesita un amplio apoyo internacional– explica que el presidente Mauricio Macri haya frenado su compromiso inicial de invocar la cláusula democrática del Mercosur para castigar a Caracas. Hugo Chávez entró irregularmente a la organización gracias a las señoras Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, apoyadas cínicamente por José Mujica (“lo político prima sobre lo jurídico”, dijo). Para ello suspendieron ilegalmente a Paraguay, cuyo Congreso se oponía a la admisión de Venezuela.
Sorprende que no se haya intentado siquiera invocar la cláusula democrática de la Unasur para sancionar a la dictadura chavista. Antes de precisar el contenido operacional del Protocolo de Guyana, las partes incluyeron un considerando que reitera su “compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del Estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la libertad de opinión y de expresión, como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo de su proceso de integración, y requisito esencial para su participación en la Unasur”.
Farsa. El secretario general, Ernesto Samper, lo evocó al pronunciarse contra el impeachment de la presidenta Rousseff, pero no lo ha hecho para detener las atrocidades diarias de Maduro. Sobrepasa inconsultamente sus competencias funcionales con Brasil, pero no lo hace con Venezuela.
Opta, en cambio, por propiciar mecanismos de diálogo que solo buscan ganar tiempo y postergar el referéndum revocatorio hasta el 2017 para asegurar que el vicepresidente chavista asuma el poder y garantice la sobrevivencia de la dictadura. Y da forma a esa farsa invitando a un socialista español y a un dominicano (Zapatero y Fernández) en lugar de ofrecer el rol a personajes políticos de los países miembros de la Unasur.
Mientras tanto, los gobiernos sudamericanos observan complacientes el deterioro incontenible de uno de ellos, sin percatarse de que el balance de las fuerzas regionales ya no favorece al ALBA. Cualquier miembro de la Unasur puede solicitar una reunión extraordinaria de presidentes o cancilleres para considerar la situación de Venezuela y adoptar las medidas establecidas en el Protocolo de Guyana (vea www.unasursg.org).
Ya es hora de rescatar a la Unasur y ponerla al servicio de la democracia y de la mayoría de sus miembros.
El autor es exvicecanciller de Perú.
