10 febrero, 2015

¿Cómo sustraerse al clima de sorpresa y pesadumbre que siguió al anuncio del retiro de un legislador a causa de una enfermedad terminal? En un video que registra el acontecimiento, me veo a mí mismo levantándome para sumarme al aplauso con el que se pretendía despedirlo y reconfortarlo.

El aplauso no se estila en la Asamblea. El único caso que recuerdo sucedió el 1.° de mayo de 1993, cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia, yo incluido, ingresamos al salón de sesiones y la concurrencia aplaudió espontáneamente para homenajear a aquellos de sus miembros que habían sido objeto de secuestro unos días atrás.

La Constitución prohíbe a la Asamblea “dar votos de aplauso respecto de actos oficiales”, pero el sentido común indica que el rigor de esta norma no alcanza a situaciones como las dos anteriores.

Prudencia. Así que el pasado jueves 5 de febrero, de buena fe aplaudimos. Después sucedió lo que sucedió, y el aplauso cedió el lugar a las recriminaciones. A este respecto, he oído y leído muchas y muy diversas opiniones: coincido, para comenzar, con quien ha dicho que debemos ser prudentes en la administración de nuestras emociones cuando estamos en el desempeño de funciones públicas. Es como si las emociones no nos pertenecieran, o no por completo, o como si debiéramos subordinarlas a la consideración de que se trata de actos significados por la condición de actos del poder público, sobre los que no tenemos subjetivamente disposición plena; es decir, en rigor, que no se trata de actos privados. La Constitución lo pauta en cierto modo, cuando dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Ni oráculos ni catones.

Recuerdo que en algún momento de esta legislatura, en medio del alborozo que nos embargaba por el feliz resultado de la Selección en Brasil, estuvimos a punto de darle la ciudadanía honorífica al director técnico del equipo nacional. La ciudadanía honorífica la reserva la Constitución a quienes han prestado servicios notables a la República. ¿Se estaba en el supuesto previsto para la concesión del honor, o solo nos movía una circunstancial y pasajera emotividad? Lo acontecido después habría delatado que lo concedido bajo un estado cercano a la emoción violenta no era sino un exceso para el que en realidad no estábamos facultados.

A mi modo de ver, el caso del diputado renunciante, y las inciertas circunstancias que lo rodean, depara preguntas y enseñanzas. Por ejemplo: ¿a quién se quería proteger: a la víctima o al partido? En el comportamiento de sus compañeros de fracción y de los líderes de su partido hay una oscura ironía: con palabras prestadas, la idea de justicia, según la cual todos somos culpables de algo, y, si no somos castigados por los errores de los que realmente somos responsables, lo seremos por aquellos que no hemos cometido.

El autor es diputado.