22 julio, 2015

Existe obligación legal, pero sobre todo moral, de dar explicaciones en torno a la inversión del presupuesto otorgado a cualquier institución pública, llámese como se llame.

Esto es obviamente más relevante si se trata de entidades que, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Acueductos y Alcantarillados, y, por supuesto, las universidades públicas, demandan ingentes inversiones del presupuesto nacional.

Está claro que si se dispone de una prudente y justificada planificación no es problema dar explicaciones presupuestarias cuando se requiera, máxime si esa petición proviene del Poder Legislativo o de algunos de sus integrantes quienes, lo queramos o no, son nuestros representantes –no porque lo deseemos– sino porque son producto de un sistema electoral que, en la práctica, conduce a votar por quienes son escogidos por grupúsculos de los partidos políticos, interesados en disponer el juego del ajedrez político nacional con jugadas preconcebidas.

Hay mucho por corregir para purificar nuestro sistema político, así como interesados que no desean variar el perfil actual de varios aspectos de la política costarricense.

Acto de transparencia. Volviendo a la rendición de cuentas: bien haría en responder mi alma mater, a la que en los años cincuenta del siglo anterior dediqué lo mejor de mi vida, con sacrificio económico porque firmé un contrato de dedicación exclusiva.

En ese entonces, estaba obligado a presentar un informe semestral de todas mis actividades, sin que por ello me sintiera ofendido o molesto. Por el contario, me satisfacía justificar las labores y planes que a diario se llevaban a cabo para poner a caminar a la recién establecida Universidad de Costa Rica.

Bien harían las actuales autoridades de la UCR en dar las explicaciones que justifiquen salarios y otros rubros, y abstenerse de responder con publicaciones pagadas, que parecieran provenir más de una entidad política que de una institución de educación superior, cuna de la tolerancia y del diálogo; orgullosa de su historia y, por ende, honrada por la forma como se invierten los fondos públicos.

Si alguien miente públicamente en las apreciaciones del presupuesto universitario, lo prudente y conveniente es demostrarlo, no escudarse en publicaciones que, lejos de aclarar, dan la impresión de rehuir la responsabilidad ejemplar que les corresponde.

Según mi criterio, en las universidades y, en otras entidades públicas, no se manejan los presupuestos como si fueran propios, por lo que resulta más fácil, y políticamente conveniente, quedar bien con lo que no es específicamente “nuestro”, aunque sí de todos los conciudadanos.

En la comunidad universitaria, están representados los diversos estratos sociales del quehacer nacional, desde jardineros y conserjes hasta catedráticos. Presuponer que su administración es diáfana, en todos sus extremos, es vivir fuera de la realidad del mundo actual; es aceptar que la institución es una torre de marfil, libre de desviaciones.

Como lo correcto es educar con el ejemplo, siendo presidente del Consejo Universitario (1977-1979) –cargo para el que fui reelegido en dos periodos consecutivos, tuvimos que aprobar un aumento salarial. Entonces, les hice ver a mis compañeros que no me parecía honesto actuar como juez y parte. Por tal motivo, sugerí que ninguno de los miembros del Consejo recibiéramos el aumento. Y así se acordó.

Hago estas aclaraciones porque creo que la alma mater debe tener el respaldo público de sus actuaciones internas y externas para merecer el respeto de los demás y el respaldo económico que se justifique.

Su papel en el desarrollo social, económico y político de los últimos 75 años es inapelable y no está en tela de juicio. ¡Ojalá se mantenga así!

José A. Sáenz Renauld fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica y presidente del Consejo Universitario.