EscucharEs importante destacar que Costa Rica ha logrado aumentar el nivel de vida al duplicar su PIB per cápita en los últimos treinta años. Nuestra política de protección de los recursos naturales es un buen ejemplo de los logros que nos diferencian y colman de orgullo. Hoy, capi-talizamos un importante sello verde en nuestro desarrollo turístico y energías renovables.
En salud, educación y bienestar social tuvimos relevantes avances, pero en los últimos años estos se han visto disminuidos por una política expansiva y desordenada del gasto público, debido al pago de altos pluses salariales e insostenibles prebendas.
La expansión del gasto público ha generado un déficit fiscal creciente que superará el 5% del PIB este año, con un incremento en la deuda del Gobierno que llegará al 47%, es decir, se duplicó en tan solo siete años.
A pesar de los crecientes gastos sociales, es relevante señalar que la desigualdad, en los últimos veinte años, también se ha incrementado debido a problemas en la integración de la mujer a la fuerza productiva, a la calidad de la educación y a la ineficiencia de los programas sociales.
El aumento del empleo informal y los crecientes salarios del sector público han sido uno de los más importantes factores disparadores de la desigualdad. El ingreso del estrato superior de los hogares es 32 veces superior al de los hogares pobres.
Programas sociales. Becas escolares, pensiones no contributivas, bonos familiares, comedores y otros programas sociales no han conseguido reducir la brecha, y, por ello, la pobreza se ha mantenido en un 22% en los últimas dos décadas.
La estructura institucional, a pesar de los ingresos crecientes, no ha generado resultados satisfactorios. La falta de focalización y coordinación, así como los costos crecientes y la fragmentación causan gran ineficiencia operativa. De ahí la importancia de centralizar y reducir duplicidades, al igual que evaluar periódicamente costos y beneficios.
Laboral. En el campo laboral, el desempleo es cada vez más alto y afecta más a los pobres. El desempleo en el estrato más pobre está en el 27%, prácticamente, tres veces más que el promedio nacional. Los empleos informales han crecido un 40% en los últimos cinco años y alcanzan al 45% de la fuerza laboral.
Los altos costos sociales y de formalización para las pymes, las nuevas demandas de empleo para personas con mayor educación, el cambio de modelo productivo hacia servicios de alto valor agregado y los desajustes de nuestro sistema educativo a la demanda son algunos de los principales problemas que afectan el empleo.
Ante esta realidad, es primordial hacer cambios relevantes en colegios vocacionales y académicos, en la educación técnica y en las universidades para orientar la oferta y la calidad a las exigencias del mercado.
Hay que continuar esforzándose para simplificar los procesos de creación de las empresas y flexibilizar el empleo. Costa Rica ocupa la posición 120 de 189 países calificados por el Banco Mundial en los procesos de formalización de empresas.
¿Qué hacer entonces? Definir políticas públicas orientadas a reducir costos para sectores como la construcción, la agricultura y los servicios domésticos, donde el empleo informal supera el 50%.
Por otra parte, en Costa Rica se paga más en cargas sociales que en el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Más de 200 categorías de salarios son inmanejables e inoperantes.
La Banca para el Desarrollo y otros programas de apoyo a las pymes se enfrentan a una realidad preocupante en cuanto a costos sociales y de financiamiento, y a permisos interminables y onerosos para todas las actividades, requisitos que resultan innecesarios y complejos. Entre más trámites, mayor la informalidad y la pobreza.
Las micro y pequeñas empresas pasan por un calvario ante tanta institución, y esto afecta a toda la economía.
Otro factor importante es que nuestro sistema educativo debe generar nuevas habilidades y capacidades en los desempleados para reintegrarlos al mercado laboral. El modelo dual es una gran posibilidad para ellos y para los futuros profesionales.
Educación, salud y energía. Costa Rica gasta un 30% más en educación, en términos del PIB, que el promedio de los países de la OCDE, pero solo el 40% de los estudiantes aprueban la secundaria. Y en la pruebas PISA obtienen regulares calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias.
En salud gastamos el 10% del PIB, por encima del 8,2% de los países de la OCDE, y tenemos mala infraestructura y atención en la CCSS. Largas filas y un mal servicio de salud pública en relación con los millonarios ingresos obliga a una gran parte de la población a recurrir, cada vez más, a servicios privados y a gastar parte importante de sus ingresos.
Hay que hacer una significativa reingeniería en esta benemérita institución, si queremos que revierta el acelerado deterioro de sus finanzas y su funcionamiento. Los altos salarios y pluses, la falta de inversión y de servicios de calidad, por su estructura administrativa y costosa operación, afecta a los asegurados, sin verse soluciones a corto plazo.
En el campo energético, Costa Rica ha logrado una alta proporción de energía renovable que ha reducido las emisiones de carbono per cápita; no obstante, la falta de planificación urbana, las presas, la creciente flota vehicular, la falta de carreteras y un transporte público basado en combustibles fósiles generan más del 60% de la huella de carbono, lo cual afecta la salud y la eficiencia productiva.
Los costos de nuestra energía eléctrica no son competitivos a nivel internacional. El ICE debe redimensionar su planilla de acuerdo con los índices de competitividad del sector y reducir los costos operativos.
Costa Rica debe evaluar la participación del sector privado en la generación de energía con reglas claras y transparentes. Recope debe, también, someterse a un proceso de reingeniería para reducir sus altos costos operativos por logística.
Debemos buscar soluciones. La reforma fiscal propuesta solo generará la mitad del déficit y en tres años estaremos igual o peor. El gobierno tiene la capacidad de buscar soluciones si hay un franco diálogo y dimensión de la problemática.
La solución no está solo en nuevos impuestos; es más compleja y requiere una política rigurosa y un control estricto de los disparadores del gasto en todo el sector público.
El autor es ingeniero.
