Los diputados deben tomar conciencia de la importancia de reformar el procedimiento

 12 mayo

El Poder Judicial enfrenta una coyuntura compleja: el año electoral coincide con la elección de la presidencia de la Corte, a lo que se suman las tres vacantes pendientes de nombramiento en la Asamblea Legislativa y pronto se añadirá el espacio que deja la magistrada Zarela Villanueva por su retiro. En este contexto quisiera insistir en una discusión de vieja data, pero que no ha perdido un ápice de importancia: el proceso de nombramiento de los magistrados.

Dolencias conocidas. El diagnóstico sobre las falencias del proceso de nombramiento que sigue la Asamblea Legislativa es harto conocido: la falta de transparencia del procedimiento, la metodología cambiante de la Comisión de Nombramientos y, principalmente, la nula participación de la sociedad civil.

Su impacto sobre la independencia judicial es más difícil de identificar y medir, en tanto se traduce no en actos concretos, sino en la introducción de dinámicas político-partidarias en el seno del gobierno judicial.

Esto se vuelve especialmente grave si entendemos que el fenómeno de la judicialización de la política pone a jueces a tomar decisiones donde actúan como árbitros políticos o incluso les hace partícipes de la formulación de políticas públicas.

No debe olvidarse la importancia sistémica que tienen las personas elegidas para un cargo en la magistratura: no es solo su papel en la resolución de asuntos de gran importancia; como integrantes de la Corte Plena, órgano en la cúspide del gobierno judicial, su visión moldea más que solo el sistema jurídico del país, y llega a tener un impacto sobre el sistema político en su totalidad.

Cito aquí tres propuestas de mejora para alimentar el debate sobre este tema.

Perfil previo. A la fecha no se cuenta con perfil de magistrado, es decir, no hay claridad respecto a cuáles deben ser las características profesionales y personales de quienes aspiren al cargo. Los criterios de evaluación de la Comisión de Nombramientos podrían ser un punto de partida para construir un perfil detallado, que sea definido y se publicite de manera previa. La Fundación para el Debido Proceso incluye dentro de ese perfil las características de independencia e imparcialidad, honorabilidad, compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial, así como con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

Transparencia 24/7. Los principios de transparencia y publicidad deben ser respetados a cabalidad en cada fase del nombramiento. Para esto, las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) juegan un papel central.

Las etapas, las formas, los plazos, los mecanismos de evaluación, los nombres de las personas postulantes y la conformación de la Comisión de Nombramientos deben estar a disposición de los ciudadanos, en línea y en tiempo real. No es aceptable que la publicidad del proceso dependa de la cobertura (o no) que reciba de los medios de comunicación.

Vigilancia de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil es la gran frontera por conquistar en este tema. El escrutinio independiente que puede realizar la sociedad civil de las candidaturas, así como del desarrollo del proceso de nombramiento, reviste una especial importancia en un momento en que la ciudadanía confía cada vez menos en el sistema de justicia.

En el marco de los esfuerzos por un Parlamento abierto se abre aquí una línea de acción: cómo transparentar y abrir esto de cara a la ciudadanía.

Dada la compleja coyuntura, los próximos nombramientos de magistrados serán clave para el balance de fuerzas dentro de la Corte Plena. Se vuelve entonces necesario que los diputados tomen conciencia no solo de la importancia de estos nombramientos, sino de la evidente necesidad de reformar sus procedimientos.

El autor es investigador e internacionalista.