3 julio, 2014

Coincido con don Luis Antonio Sobrado, en lo que plantea en su artículo de opinión, publicado en La Nación, el domingo 11 de mayo del 2014, ya que se debe iniciar la discusión pausada de las reformas electorales en esta nueva Asamblea Legislativa, con base en la experiencia que ha arrojado el Código Electoral, vigente en dos campañas nacionales y una campaña local.

En el anterior cuatrienio 2010-2014, se conformó en la Asamblea Legislativa una Comisión Especial de Asuntos Electorales, que solo sesionó en diecisiete ocasiones en los cuatro años, y que no quiso discutir las reformas importantes para modernizar los procesos electorales, especialmente en lo concerniente al financiamiento.

La reforma debe poner énfasis en el avance hacia la transparencia y publicidad en el financiamiento, tanto en el uso de los recursos públicos (deuda política) como en dar a conocer quienes son los financistas privados (personas físicas) de las campañas, además de diseñar herramientas de acceso a los recursos que permitan la equidad.

Discusiones pendientes. En este cuatrienio, la Asamblea Legislativa tiene la obligación de iniciar ya la discusión sobre la reforma electoral, sin perder de vista que cuatro años es muy poco tiempo, máxime si no se logran acuerdos políticos para aprobar esas modificaciones.

En el proceso anterior, algunos diputados quisieron promover cambios en el código vigente, un par de meses antes del inicio oficial de las elecciones nacionales, donde esos cambios hacían retroceder en los avances logrados por nuestro país a la fecha, como promover la donación de personas jurídicas (sociedades anónimas) en las campañas electorales. Esta autorización impediría la independencia de criterio por parte de nuestros gobernantes en la toma de decisiones, ante la posible injerencia de intereses particulares en esas decisiones.

Para la discusión de este cuatrienio se dejaron planteados varios proyectos importantes que deben ser discutidos. Uno es el presentado por el TSE, expediente 18.739, que elimina definitivamente los certificados de cesión como mecanismo de financiamiento, autoriza el adelanto de la deuda al 50% del monto que se determine como contribución estatal, crea un incentivo fiscal para las personas físicas que hagan pequeñas donaciones a las campañas, establece las franjas horarias, propugna el transporte gratuito de los electores, elimina la obligación legal de publicar los estados financieros de los partidos en diarios de circulación nacional y amplia las atribuciones del fiscal partidario.

Quedó presentado un proyecto para adelantar el 50% de la deuda política, un 25% como fondos no reembolsables, administrados por el TSE para que todos los partidos políticos, aun los que no alcancen el 4% de la votación, dieran a conocer a los costarricenses los candidatos a los puestos de elección popular, al igual que sus planes de gobierno; y el otro 25% pudiera accederse, por parte de los partidos políticos contra la presentación de garantías liquidas. El 50% restante, se asignaría con la justificación de gastos de campaña.

Presentamos un proyecto para lograr la paridad de género en forma horizontal y vertical, con una representación real de un 50% de hombres y un 50% mujeres; así como otro proyecto para la transparencia de las encuestas de opinión en los procesos electorales, dando a conocer la metodología usada y depositando los informes que son publicados en los medios de comunicación, para que sean escrutados por quienes se interesen.

Reforma constitucional. Quizás, el más importante expediente es el 18.455, que corresponde a la modificación del artículo 96 de la Constitución Política. Propone la reducción permanente a los recursos que se deben destinar a las campañas políticas, bajándolos del 0,19% del PIB a cifras entre el 0,08% y el 0,11%, según la situación económica del país; además, asigna constitucionalmente el 0,03% del PIB a las elecciones municipales. Plantea el gasto por adelantado, administrado por el TSE, ente que debe asignar los recursos, en forma equitativa y proporcional entre los partidos con candidaturas inscritas, y el pago a los partidos políticos por voto válido emitido.

Esta discusión debe someterse a un procedimiento especial y requiere, por los menos, de tres años para entrar en vigor, por ser una reforma constitucional.

Igualmente, se presentaron otros proyectos como el fortalecimiento de la prohibición a funcionarios públicos para beneficiarse de sus cargos en eventuales candidaturas para sí mismos, o para parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

Esperamos que en este cuatrienio sí haya voluntad política para dar la discusión y hacer modificaciones que permitan continuar en la ruta hacia la transparencia y rendición de cuentas, a que están obligados los partidos políticos en los procesos electorales, con mecanismos de equidad en el acceso a los recursos por parte de todos los partidos que participen en los procesos electorales, tanto nacionales como municipales, donde la mejor receta es una discusión pensada y pausada que responda a modificar las debilidades detectadas, en el ejercicio de la ley vigente.

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