EscucharEn un pueblo, alguien llegó diciendo que era posible que algo grave se avecinaba y que lo más seguro era que iba generar problemas que no tenían solución, por lo que recomendaba que lo mejor era irse. Los vecinos que escucharon la historia repitieron lo mismo e hicieron maletas y se fueron. El resultado: el pueblo desapareció.
Este es el poder de los rumores. Crean expectativas y con ello acciones que tienen efectos positivos o negativos en una sociedad. Esto se ha estudiado y dado origen a teorías que han valido premios nobel en economía y en otras disciplinas.
En Costa Rica, estamos viviendo el efecto de las expectativas, las cuales no siempre son racionales, como lo sugiere la teoría del economista Robert Lucas, quien postuló que los actores económicos ajustan su conducta no solo a los datos de la realidad presente, sino también a las expectativas de evolución que pueden inferirse a partir de ella.
De ese modo, los inversionistas, compradores y vendedores estiman el comportamiento en el futuro de diversas variables macroeconómicas de importancia –tasa de interés y de cambio, etc.– tratando de maximizar sus beneficios ante la situación que racionalmente calculan que existirá.
Ante los rumores, todos creamos expectativas y tomamos medidas. De la posible aprobación de la reforma fiscal, que impondría algún nivel de impuestos (15%) a las zonas francas, ya algunas empresas transnacionales anuncian la suspensión de operaciones y con ello la pérdida de futuros puestos de trabajo, que, en realidad, no se sabía cuántos eran los que iban a crear. Lo que sí queda claro es que son muchos los beneficios que estas han traído al país. Por ejemplo, ¿quién puede negar que Costa Rica tiene una historia, antes y después de Intel?
En algunos sectores, las expectativas no son tan optimistas. Los consumidores seremos los más afectados, tendremos que tributar un poco más, de un 13% a un 14%, ya que por todos es sabido que los aumentos del IVA los productores se lo transfieren a los consumidores. Lo bueno de esta medida es que el Gobierno evitará o controlará el jineteo del impuesto de venta que hacen los comerciantes.
Adicionalmente, los consumidores tendremos que disminuir o pagar más por los servicios que adquirimos regularmente, porque a los profesionales liberales y algunas pymes (abogados, dentistas, barberos, pinta uñas, masajistas, peluqueras, consultores, etc.,) les obligarán a realmente pagar impuestos de renta, ya que la mayoría solamente llena la fórmula de declaración de impuestos. Estos, de seguro, subirán los precios en esa proporción o es posible que la calidad de los servicios no sea buena.
Los empleados públicos de salario medio y alto, no están siendo amenazados con despidos, pero sí con un aumento en la obligación de devolver parte su salario (cualquier impuesto a los salarios de los empleados públicos, no es impuesto de renta) en la actualidad es un 10%, la reforma propone un 15% a partir de un piso que se ha modificado.
En la práctica es una reducción salarial.
Ante estos rumores, las acciones no se han hecho esperar. Los gremios están actuando como grupos de presión en búsqueda de mantener su statu quo y, de que los efectos negativos sean los menos. Otros grupos pugnan por que simplemente no se cumpla lo pretendido; es el caso de las zonas francas.
En la realidad, la reforma tributaria está en discusión y, como toda sociedad democrática, su aprobación dependerá del poder de negociación de los afectados.
La mayoría de los argumentos son expectativas; es decir, no siempre lo esperado es cierto.
En lo que todos estamos de acuerdo, es en que se deben aumentar los impuestos si queremos volver a tener servicios públicos de calidad, como en décadas pasadas. Costa Rica tiene un ingreso per cápita de más de US$ 6.000 que amerita que la carga tributaria aumente al menos en un 20% del PIB.
No es posible que esta apenas supera el 14%, similar a países con ingresos per cápita de menos de US$3.000 anuales.
Varios estudios han demostrado que, históricamente, mientras aumentan los ingresos de los costarricenses, la carga tributaria ha disminuido. De allí la exigencia de aumentarla para mejorar los servicios públicos (no solo educación y salud, también seguridad).
El punto de discordia es que la justificación es el déficit fiscal, producto del exceso de gasto, sin la oferta de que los servicios mejoren, sino sostener lo mismo, que tiene 30 años de deterioro continuo. Este desacuerdo se agudiza cuando el impuesto a la renta (al mediano y gran capital) no se verá obligado a tributar más, ni se anuncian mejoras en la gestión de cobro.
Solamente esperemos que los rumores de los detractores y aduladores de la reforma fiscal no provoquen expectativas para que algún sector de la comunidad desaparezca, como el pueblo de nuestra historia.
