Opinión

La reforma: másEstado, sociedad y política

Actualizado el 08 de octubre de 2013 a las 12:00 am

Opinión

La reforma: másEstado, sociedad y política

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

En la nueva fase de desarrollo económico que vive el país, se rompen los principios de organización de la estructura básica de la sociedad, construidos y acordados en el pasado. Una economía más abierta y la atracción de inversiones extranjeras modificaron la estructura productiva y social de Costa Rica y facilitaron el auge de ricos insaciables de ganancia. Igualmente, a raíz de este fenómeno, aparece la ampliación de brechas, comportamientos y desigualdades sociales, moralmente inaceptables.

En este contexto, la expansión y profundización del mercado ha sepultado la cultura idiosincrásica y han generado un sincretismo cultural todavía indescifrable que representa graves riesgos. En contraste, una sociedad más educada, más abierta y con mayor conciencia ciudadana ha surgido, lo que fortalece el control y la discusión de lo socialmente importante. Esto, junto con el reforzamiento del corporativismo, sobrecarga las instituciones del Estado que ahora deben atender todo tipo de peticiones.

Las instituciones políticas, su legitimidad y aquella justicia que incorporó la equidad, y fue tan importante a partir de los cincuentas, están sufriendo crudamente el cambio, tanto que el tejido social parece romperse en lugares estratégicos.

Promoción ciudadana. Las soluciones colectivas son urgentes y por ello hay que regresar a la política. Debe ampliarse la esfera pública para asegurar una participación ciudadana crítica, responsable y constructiva. Es necesario impulsar una política de promoción ciudadana que abra un debate serio, profundo y bien fundado, para el cual se aprovechen las redes sociales, que contribuya a un acuerdo social capaz de recrear, reforzar y reconstituir esas instituciones que nacieron gracias a los esfuerzos históricos de lucha por la igualdad, equidad e integración social.

Las universidades públicas y privadas tienen una responsabilidad y un papel en este esfuerzo, no a partir de estudios aislados y discusiones académicas fuera de contexto, sino buscando la incidencia política. El proyecto Estado de la Nación es un buen ejemplo de ello; pero hay otras estrategias con conceptos distintos que pueden complementar tal iniciativa y ayudar a cumplir nuevos propósitos.

Tres medidas son urgentes: reconectar la ética y la moral con la política y la sociedad para atender reclamos de corrupción, parcialidad de la justicia, falta de transparencia y frivolidad de la social (que no significa retornar a una sociedad tradicional cuyos valores y principios morales cohesionan pero excluyen, sino a una nueva modernidad basada en derechos y en conceptos de reciprocidad y de respeto). Reforzar el Estado social para crear oportunidades económicas, empleos dignos y una atención ciudadana basada en el cumplimiento de los derechos y el desarrollo de capacidades. 3. Fortalecer el Estado vinculándolo más estrechamente con las comunidades.

PUBLICIDAD

Estado de bienestar. Este nuevo y necesario consenso debe definir el camino para establecer los nuevos principios fundamentales de organización que orientarán a la sociedad venidera a alcanzar arreglos que le den sostenibilidad financiera, pertinencia y fluidez al Estado de bienestar. El período electoral es un momento propicio para que partidos políticos y organizaciones ciudadanas debatan acerca de cómo, concretamente, van a satisfacer semejante desafío. Y, por último, reformas políticas dirigidas a garantizar reglas claras, transparentes e imparciales para el ejercicio de la justicia y de la política son indispensables; de otro modo, la situación se agravará y, posiblemente, ocurran hechos hostiles semejantes a los de otras naciones del continente.

En el campo de las reformas institucionales, es importante el avance significativo que implicó la creación de un marco jurídico e institucional de reconocimiento de los derechos específicos, fundamental para trazar esa nueva sociedad que queremos. No obstante, deben modificarse las instituciones de bienestar, desburocratizarlas, descentralizarlas y buscar que su labor sea enfocada hacia el logro del bienestar, del cumplimiento de los derechos, y no a intereses particulares.

Las instituciones tienen que estar al servicio de la comunidad y de la ciudadanía. Por ello, deben acabar los corporativismos de todo tipo, la falsa idea burocrática de que el experto es el protagonista y evitar su uso con fines privados. El Gobierno central debe limitarse a cumplir eficazmente una rectoría política adecuada, garantizar la coordinación del desarrollo, de la atención social, y monitorear responsablemente las entidades descentralizadas, que deben despolitizarse y adquirir un papel estrictamente técnico.

No puede concebirse una atención social moderna que no incorpore y fortalezca la comunidad. El papel y la corresponsabilidad comunal están claramente dirigidos a la atención de sus propios problemas sociales. Es el momento para asignar roles, en este campo, a las municipalidades, y retomar las políticas de desarrollo comunitario impulsadas en los años sesentas y setentas, pero con conceptos ajustados al desarrollo de la nueva gerencia social.

En materia de atención de la pobreza deben crearse mecanismos más simples y ágiles para asignar las transferencias monetarias; por ejemplo, crear una renta única para los pobres, solución que ya se practica en algunas naciones con relativo éxito.

  • Comparta este artículo
Opinión

La reforma: másEstado, sociedad y política

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota