Opinión

Una reforma contra la libertad de expresión

Actualizado el 31 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

Ecuador y Venezuela planean una lesión mortal para la Relatoría

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Pensemos, por un instante, en que los infractores de la ley tuvieran la facultad de modificarla a su antojo. Parece absurdo. No obstante, algo parecido está sucediendo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En efecto, desde hace varios meses se discute en el seno de la OEA una propuesta de reforma. La iniciativa proviene de los propios Estados, lo cual no sería extraño de no ser porque con ello se debilita la Relatoría para la libertad de expresión y la iniciativa la promueven abierta y militantemente Ecuador y Venezuela, países que, con la complacencia, por acción u omisión de otras naciones, pretenden darle un golpe a todo el Sistema de manera general, y de modo particular a la Relatoría.

Ello no es casual ni gratuito; la Relatoría señaló de manera clara los abusos cometidos por el Estado ecuatoriano en el caso del diario ElUniversal y a sus colaboradores, así como las arbitrariedades cometidas contra la prensa en general; de la misma forma, ha advertido de las violaciones que, de manera frecuente, comete el Gobierno venezolano en esa materia. Por ello no extraña que, bajo el pretexto de fortalecer el Sistema Interamericano, se esconda la intención clara de debilitar, cuando no de destruir, a la Relatoría.

El documento base incluye tres recomendaciones que, a simple vista, parecen inofensivas: se pretende unificar los informes de todas las relatorías en uno solo, establecer un solo financiamiento para todas y aplicar un código de conducta que regule su gestión.

La propuesta parece correcta, pero en realidad constituye una lesión mortal para la Relatoría y con ello para las víctimas de los abusos del poder. Efectivamente, suprimir el informe anual que desde hace 10 años presenta esa dependencia y en el que analiza de manera detallada, país por país, la situación de la libertad de expresión en la región, implica invisibilizar las malas prácticas que, cada vez con más frecuencia, cometen contra el libre juego de la ideas.

A los Estados les incomoda que se denuncien sus problemas. Al fin y al cabo, el informe lo reciben sus pares y desnuda sus problemas a nivel internacional. Algunos aceptan el informe y buscan soluciones; otros, por el contrario, lo rechazan, desprestigian al mensajero y en esta oportunidad pretenden liquidarlo.

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El segundo punto busca limitar la capacidad financiera de la Relatoría al reducirle los recursos; no se persigue que todas las relatorías tengan el misma cantidad de ingresos. Al contrario, la idea es repartir lo que recibe la Relatoría entre todas. Esa iniciativa obvia que la Relatoría Especial no depende directamente de recursos de la OEA ni del Sistema Interamericano, sino que sus fondos son donaciones de fundaciones dedicadas a la protección de la libertad de expresión, de modo que tomar esos dineros y repartirlos entre todas traerá como consecuencia inmediata que los donantes cancelen sus aportes pues fueron dados para un fin distinto.

Finalmente, la idea de crear un código de conducta apunta, claramente, a que los Estados puedan ejercer mayor control en las relatorías y de ese modo neutralizar sus denuncias y el tono en que se hagan.

El sistema es perfectible, en ello no hay duda. En esa labor es legítimo que los Estados participen, siempre que no olviden que los sistemas de protección de derechos humanos, sin excepción, están diseñados y se justifican solo si constituyen una barrera contra cualquier forma de arbitrariedad. Son las víctimas las que les dan sentido y razón de ser.

Una reforma que busque fortalecer la última instancia de defensa de derechos tan básicos y esenciales como la libertad de expresión, no puede obedecer a mayo- rías transitorias, agendas particulares, pasiones o intereses coyunturales de quienes, un día sí y otro también, son denunciados.

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