1 marzo, 2014

En el mes de noviembre del 2013, la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó la Reforma Integral de la Ley de Expropiaciones, cuya finalidad es simplificar el trámite y la demora de las diligencias en esta área.

Primeramente, hay que aplaudir la iniciativa de mejorar la expropiación; no obstante, el proyecto fracasa rotundamente en su objetivo. En su afán de mejorarlo, termina por cercenar derechos fundamentales, en beneficio de un Estado que se ve libre de obligaciones legales/constitucionales y, finalmente, elude el problema real.

En el fondo, se desvirtúa la expropiación que sobreviene a una figura confiscatoria de derechos ciudadanos, de garantías fundamentales y procesales que imposibilitan lograr una justa indemnización.

La expropiación busca garantizar el equilibrio entre el poder del Estado y el del ciudadano, quien lo cede por la función social de la propiedad en aras del interés colectivo, previa indemnización y siguiendo el debido proceso. El proyecto pierde dicho objetivo de perspectiva al pretender un proceso rápido, a costa de los derechos del ciudadano.

De aprobarse esta reforma integral, nos encontraríamos ante escenarios donde el Estado podrá confiscar derechos, sin cumplir con las garantías de la Constitución, de la Ley de Expropiaciones y de la doctrina. Esto sería parecido a lo que ocurrió con expropiaciones abusivas, subjetivas y arbitrarias en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Novedades peligrosas. La Reforma resulta peligrosa por los siguientes cambios:

1. Al variar la Ley, deja únicamente al ministro del ramo la firma de la declaratoria de interés público (poder de imperio). La Constitución consagra el derecho de propiedad como absoluto e inviolable, salvo por un interés público que prime, para lo cual sí avala el uso del poder del Estado. Dicha potestad es de uso exclusivo del Poder Ejecutivo (presidente más ministro del ramo). Al darle ese poder al ministro, se constituye en un ejercicio ilegal y abusivo de la potestad de imperio, como lo plantea la reforma.

2. La Ley actual dispone plazos de duración del trámite administrativo de 6 meses (desde la declaratoria hasta la notificación del avalúo), más un plazo adicional de 6 meses para interposición judicial. La Reforma, en lugar de endurecer los plazos, los elimina: el Estado no está sujeto a fiscalización en el trámite. Al día de hoy, este es el principal problema pues los procesos suelen demorarse meses o años, mientras consiguen asignaciones presupuestarias, notificaciones, fe de erratas, nulidades, etc. Esto se convierte en el verdadero talón de Aquiles de la expropiación en el país.

3. Con la reforma, la entrada en posesión se da a nivel administrativo, sin indemnización previa, reconocimiento judicial ni peritajes. Se vacía el objeto del proceso que solo constará de prueba documental, sin posibilidad de una revisión acorde con la verdad real u objetiva.

4. Con las nuevas reformas será el expropiado quien tendrá que plantear el proceso, sin documentos, pruebas y con el peso de la expropiación, situación que nunca deseó. Mientras tanto, el Estado enajena el derecho y se sienta a esperar que lo demanden para pagar lo justo, y el ciudadano tendrá que interponer un juicio para buscar un justiprecio, para colmo de males.

Así las cosas, el problema no descansa en la ley, sino en su cumplimiento. Un ejemplo de ello es que las expropiaciones del ICE demoran, solo en sede administrativa, de 3 a 5 meses. Entonces, ¿por qué el Estado demora años en el trámite e incumple todos los plazos?

La respuesta descansa en la eficiencia institucional. La reforma que nos preocupa presenta graves vicios de legalidad y constitucionalidad que no aportan soluciones, solo perjuicios para el expropiado y el sistema judicial.

De darse su aprobación, lo único que queda por decir es: “Dios, ten misericordia del que llegue a ser expropiado”.