24 septiembre, 2014

El ideal de un gasto público equilibrado se sustenta en el hecho de que una política económica exclusivamente inmediatista y unigeneracional es perversa.

El problema de fondo es que, desde tiempo atrás, el Estado costarricense ha venido asumiendo los nefastos presupuestos filosóficos de estos tiempos que Giles Lipovetsky denomina “hipermodernos”, en los cuales la lógica del consumo presente también ha impregnado las crecientes dimensiones de la vida pública. Como lo único legítimo es el aquí y el ahora, cobra aún más popularidad la célebre frase keynesiana que promueve el gasto público en razón de que “a largo plazo todos estaremos muertos”.

La vertiginosa individualización que vivimos ha provocado una indiferencia por el bienestar de las siguientes generaciones. El eje del presente se ha convertido en una temporalidad socialmente dominante y por doquier atestiguamos la acelerada caducidad de todo. Así, el gasto inmediato es la promesa de un hic et nunc eufórico, que ha hecho surgir una incultura gubernamental exclusivamente centrada en la inmediatez de la satisfacción de las necesidades. La política presupuestaria postrada a los pies de un espíritu de la época dominado por la absolutización del presente inmediato y la despreocupación por el porvenir.

Al encerrar el tiempo en la lógica absolutista de la urgencia, se ha proscrito toda valoración de la visión nacional a largo plazo. Todo, en función de un estado de ingravidez temporal comprimido en una inmediatez desprovista de toda herencia y proyecto. En palabras de Zaki Laidi, la hora del “hombre presente”, que pulveriza las utopías y las certezas progresistas. La incultura del presente perpetuo sin pasado ni futuro, de la que habló George Orwell.

Necesidades del día a día. Esta “crisis de futuro” se refleja, por una parte, en el exceso de gasto público que no es inversión, referido a las necesidades del día a día, que no coadyuvan en la generación de riqueza y desarrollo. Lo que llaman los economistas “gasto corriente”. Y, por otra parte, una aplicación decreciente de la inversión en infraestructura, en educación o en investigación científica, que es lo que garantiza la prosperidad futura. El estrechamiento del horizonte temporal que padecemos es lo que provoca esa economía de “tiempo escaso”. Por eso, no es sensato aplicar al pie de la letra las viejas teorías económicas que promueven el gasto público, pues este no es beneficioso por sí solo. Por el contrario, la política de gasto y de impuestos crecientes ataca el ideal de herencia generacional, lo cual atenta contra los valores constitucionales.

Mientras los agentes privados de la economía se ven obligados a planificar, anticiparse, ahorrar y prever, el Estado, por el contrario, vive una incultura presentista, asumiendo el carpe diem de una moral del instante. En palabras de Nicole Aubert, se vive una generalización del reinado de la urgencia, en la que prima la acción inmediata sobre la reflexión. La omnipresencia del saciamiento inmediato sin confianza en el después, maximizando los resultados a corto plazo, aunque las consecuencias futuras sean insostenibles. Y, aún peor, detrás de una política de gasto público e impuestos crecientes se oculta una lógica perversa. Es la idea de que el ciudadano delegue su iniciativa y responsabilidad individual en el Estado y, ya despojado de ellas, pasivamente espera de este todas las soluciones. La proscripción del principio de responsabilidad individual.

Como consecuencia de ello, los estudios económicos de Charles Murray demuestran que la asistencia social incondicional por parte del Estado genera en sus receptores la perdida del sentido de responsabilidad individual, sumiéndose en una mayor pobreza. Ese celo estatista se sustenta en la falsa creencia de que el cambio puede venir desde afuera, sin atender la conciencia e iniciativa responsable del ser humano.

Grave encrucijada. Por eso, nos encontramos en una grave encrucijada. Por una parte, la realidad de un déficit fiscal alarmante y, por la otra, el perjuicio de tomar el camino progresivo del aumento en los impuestos, que va en detrimento del dinamismo, la competitividad y el crecimiento económico. Por eso, uno de los grandes errores de la política nacional fue la de no aprobar el proyecto de garantías económico-constitucionales propuesto desde finales de la década de los ochenta por el Dr. Miguel Ángel Rodríguez. Tal error debe ser enmendado, pues allí se establecen controles contra el desequilibrio en el gasto público, limitando el incremento de los gastos totales anuales de los poderes del Estado.

De conformidad con la propuesta, el gasto público total no puede exceder el porcentaje anual de crecimiento nominal del PIB estimado por el Banco Central para cada año pasado. Si la tasa de inflación prevista por el Central supera el 6% anual, la tasa de crecimiento de los gastos estatales que supere ese mismo porcentaje no puede ser mayor del 50% de la tasa de la inflación. Salvo el caso de emergencia nacional, la Constitución le impedirá a la Contraloría aprobar presupuestos que excedan ese razonable parámetro. Aunque el proyecto original establecía otra serie de disposiciones, el corazón de la propuesta es el que he descrito. En síntesis, permitir el crecimiento del gasto público, pero de una forma equilibrada y de conformidad con la proyección del comportamiento general de la economía.

Ruinoso panorama. El proyecto fue originalmente expuesto en un libro que aún conservo de mis épocas de estudiante universitario, y fue formalmente impulsado en el cuatrienio 90-94. Si los congresistas de entonces lo hubiesen apoyado, no estaríamos viviendo el ruinoso panorama que actualmente atisbamos. Hoy, el proyecto debería simplificarse a ese único cambio aquí expuesto y presentarse de nuevo. De no contarse con la voluntad para una reforma constitucional, otra opción que en su momento planteó el expresidente Rodríguez fue la de aprobar una ley para que dicho déficit, incluido el Banco Central, no supere el 1,5% del PIB previsto para cada período presupuestario. El faltante no podría superar el 1% del PIB esperado, si se prevé un crecimiento económico de entre 3% y 6% del PIB en el próximo período. Y, cuando el crecimiento previsto exceda el 6% del PIB, el déficit fiscal no superará el 0,5% del PIB proyectado.

Algún quijote legislativo puede asumir el desafío en pro de una reforma tan impostergable.

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