Nuestra luchaes por unpacto fiscal con desarrollo social

 9 noviembre, 2014

Desde la entrega del proyecto de presupuesto para el ejercicio del año 2015 a la Asamblea Legislativa y de las reacciones generadas en el país, he venido exponiendo tres elementos, que, según considero, deberían estar presentes siempre en la discusión nacional sobre este tema:

1.- El año 2015 es un año atípico, porque hay que cumplir con los compromisos financieros adquiridos por anteriores Gobiernos desde hace una década.

2.- La rigidez que se presenta en la formulación del presupuesto, debido a las obligaciones de una serie de disposiciones legales y constitucionales que lo hacen cada vez menos flexible.

3.- El esfuerzo previo realizado por el Ministerio de Hacienda para reducir en las instituciones del Gobierno Central el contenido en ciertas partidas como viajes al exterior, horas extras, publicidad y consultorías profesionales, entre otros.

En esta oportunidad, deseo hacer énfasis en este tercer punto. El proyecto de presupuesto se elaboró de forma participativa con los ministerios e instituciones, buscando eliminar todo gasto que no fuera relevante para brindar servicios sustanciales. Por eso, no es de recibo el responsabilizar al Gobierno por los recortes aprobados por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, aduciendo que el presupuesto venía “inflado”. Antes de ser enviado a la Asamblea, a este proyecto ya se le había aplicado una reducción del 1% del PIB de los presupuestos presentados por las instituciones.

Afectación. Como ha sido expresado por diferentes jerarcas y por el propio señor presidente, con esos nuevos recortes se afectan actividades sustantivas de los servicios públicos y la atención a las poblaciones más vulnerables.

Los recortes desmedidos abrirán la puerta para muchos conflictos legales por contratos ya existentes e incumplimiento de obligaciones legales, creadas por los mismos diputados en el pasado. Por eso, antes de reducir el gasto, es necesario revisar cuidadosamente las implicaciones legales ante el incumplimiento de compromisos ya adquiridos.

El Poder Ejecutivo, luego de un diálogo abierto con diferentes partidos políticos, propuso un recorte cercano a los ¢60.000 millones, que, si bien generaría impactos sobre algunas actividades institucionales, procuraba que fuera el menor posible. Este ajuste no se concretó, dada la aprobación de la moción propuesta por el PUSC, que recortó alrededor de ¢77.000 millones de forma directa.

Adicionalmente, la Comisión de Hacendarios continuó aprobando mociones individuales que sumaron casi ¢20.000 millones. El monto total de estos recortes (¢97.000 millones) sí afecta negativamente las actividades sustantivas de los ministerios y a los sectores sociales más vulnerables.

Acciones. Ante el panorama de un recorte impuesto desde la Asamblea Legislativa, y viendo la afectación a las instituciones, el Poder Ejecutivo y la Comisión de Hacendarios coordinaron las siguientes acciones:

Sin aceptar los nuevos recortes realizados, el Ejecutivo acordó con la Comisión de Asuntos Hacendarios la posibilidad de que cada institución hiciera un “reacomodo de partidas”, según sus necesidades y su plan de trabajo, aplicando criterios técnicos y no arbitrarios.

La Comisión condicionó la redistribución de las partidas a: 1) mantener el monto de los recortes, 2) no tocar inversiones, y 3) entregar mociones individuales por cada institución. El Gobierno remitió, dentro del plazo establecido, sus propuestas de traslado de partidas, tanto a la Comisión de Hacendarios como a los jefes y jefa de fracción de cada partido político representado en la Asamblea Legislativa.

En algunos casos, el recorte fue tan desmedido que no dejó margen de acción para poder redistribuirlas. Por ejemplo, al Ministerio de Hacienda se le redujo el presupuesto en ¢16.000 millones, afectando, principalmente, la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando. Se rebajó sustancialmente el monto para el pago de alquileres, afectando sobremanera el alquiler del edificio en el que se aloja el Data Center, que respalda los diferentes sistemas informáticos que funcionan en el país para el pago de planillas, seguimiento de las importaciones y exportaciones, declaraciones de impuestos de los contribuyentes, compras públicas y tesoro digital, entre otros.

Uso óptimo y racional. El presupuesto de la República es un instrumento para la autorización del gasto, y esta Administración respetará su compromiso de hacer un uso óptimo y racional de los recursos públicos y de fortalecer la transparencia en la función pública.

Somos conscientes de la necesidad de transformación que requiere el país en materia fiscal y en eso estamos trabajando, pero atar de manos al Gobierno no es una actitud responsable. Estoy seguro de que la Asamblea Legislativa no repetirá los errores del pasado. Por eso, no rehuimos una discusión técnicamente sólida, transparente y con visión de largo plazo sobre la formulación presupuestaria. Lamentablemente, hasta el momento, esta discusión se ha centrado en recortes de gasto con visión de corto plazo.

Crecimiento económico. Desde el Ministerio de Hacienda seguiremos trabajando para impulsar las medidas fiscales que contribuyan al crecimiento económico, en aras de construir un país con mejores oportunidades, sin pobreza extrema y en el marco de un Estado transparente que involucre a los diferentes sectores políticos y sociales. Nuestra lucha es por un pacto fiscal con desarrollo social.