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¿Por qué está reelegido el Dr. Cruz?

Actualizado el 23 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

El acuerdode no reelección es violatorio del orden constitucional

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Del artículo 158 constitucional se colige claramente la vocación de reelección de los magistrados de la República. La única excepción a esta regla reeleccionista es que, antes del vencimiento del período de vigencia del nombramiento del alto juez, la Asamblea decida no reelegirlo.

Esta tesis no solo se deduce de la misma norma aludida. Se colige también de antigua jurisprudencia constitucional. (Cfr. voto Sala Constitucional # 13419-2004 de las 14:04 horas del 26 noviembre 2004).

Si bien es cierto que otro numeral constitucional –el 163– establece un período para nombramientos de 30 días posterior al momento de la existencia de una vacante, este plazo es únicamente para el caso de elección de nuevos magistrados o reposición de estos. No procede para el caso de las reelecciones de ellos.

En el caso que nos atañe, según consta en las actas de las sesiones del plenario legislativo, el magistrado Cruz fue designado el 14 de octubre del 2004, y el período de ocho años correspondiente al primer nombramiento del magistrado Cruz Castro, tuvo su vigencia del 19 de octubre del 2004 al 18 de octubre del 2012.

Así las cosas, para no tener constitucionalmente reelecto al magistrado en mención, la decisión de no reelegirlo debió tomarse antes de esta última fecha. Si la votación de no reelección se realizó el 15 de noviembre del 2012, o sea, prácticamente un mes después de fenecido el plazo, debemos concluir necesariamente que dicho acuerdo de no reelección es violatorio del orden constitucional por transgredir el procedimiento previsto en la misma ley fundamental.

Del anterior razonamiento jurídico no debe caber la menor duda de que la Sala Constitucional está en la obligación de resolver favorablemente las acciones de inconstitucionalidad incoadas contra la votación que afecta al magistrado Cruz Castro.

A la anterior conclusión de orden jurídico debe sumarse la inoportunidad política de acompañar la decisión emitiendo declaraciones en el sentido de que tal votación había sido una llamada de atención a la Sala Constitucional. Este tipo de manifestaciones representan una intimidación contra el principio de independencia del juez y contra el principio constitucional de frenos y contrapesos, lo que implica, sin duda alguna, una acción que no hace sino deteriorar nuestro sistema democrático.

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