10 octubre, 2014

Por tercera vez en lo que va de este Gobierno, la actual viceministra de Desarrollo Humano volvió a externar dudas y comentarios, sin ningún fundamento, sobre la seriedad con que se diseñó y planificó la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, así como sobre su sostenibilidad financiera.

Desde su inicio, la administración Chinchilla Miranda tomó las previsiones financiero-presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de las metas y la sostenibilidad en el tiempo de la Red Nacional de Cuido, el programa social más relevante que se impulsó durante ese cuatrienio.

En el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la asignación presupuestaria del 2014 para la Red de Cuido, tramitada por el gobierno anterior, ronda los ¢15.000 millones. A esta suma debe agregarse la inversión destinada a la atención de niños y niñas cubiertos por el programa CEN-Cinai y por el PANI, que también forman parte de esta red, así como los recursos asignados a las municipalidades y otras organizaciones no gubernamentales para la construcción, remodelación, ampliación y equipamiento de centros infantiles de cuido.

En el presupuesto ordinario 2014 del IMAS, se dejaron asignados cerca de ¢12.500 millones para el funcionamiento de la Red. Gracias a estos recursos, al 31 de marzo pasado, ya esta institución había podido emitir las resoluciones administrativas que garantizan el subsidio a 11.854 niños y niñas, en las distintas alternativas de atención existentes. Posteriormente, se tramitó un presupuesto extraordinario por ¢2.445 millones, para ampliar la cobertura de la Red y pagar subsidios pendientes del área regional de Alajuela, durante el segundo semestre del 2014. Este presupuesto quedó debidamente aprobado por la Contraloría General de la República, el pasado 8 de abril.

Sostenibilidad financiera. Con el objetivo de garantizar el funcionamiento futuro de la Red, la administración Chinchilla Miranda, con el apoyo unánime de los diputados presentes, tramitó y aprobó la ley N.° 9220. Esta ley crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y establece como una de sus fuentes de financiamiento “al menos un cuatro por ciento (4%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf)…”, porcentaje que representa más de ¢21.000 millones por año, a valor presente.

Otro componente importante de la Red de Cuido, ejecutado por la Dirección Nacional de CEN-Cinai, también tiene asegurado los recursos para su operación actual y crecimiento futuro, ya que mediante una ley específica, promulgada en el año 2010, este programa debe recibir el 15% de los recursos del Fodesaf. A lo anterior se deben adicionar los montos que el IMAS y el PANI ya han venido presupuestando históricamente para financiar la atención en centros de cuido.

Para el 2015 y años subsiguientes, la suma de estos recursos alcanzará un monto no inferior a los ¢90.000 millones, cifra que permitiría duplicar, si existe la voluntad política de hacerlo, la cobertura actual de los servicios públicos de cuido. No hay razón entonces para que la viceministra de Desarrollo Humano continúe insistiendo en que la Red de Cuido quedó desfinanciada. Tampoco se justifica que se haya frenado o retrasado la apertura de 26 Cecudis municipales, que ya están construidos y equipados; o que se ponga en duda la posibilidad de financiar la operación de otro grupo de centros que se encuentra en etapa constructiva. Durante la administración Chinchilla Miranda, se abrieron 231 nuevos centros de cuido infantil y la cobertura de la red se incrementó en casi 75%. Hoy, cerca de 38.000 niños y niñas se benefician del programa; sin embargo, esto apenas representa alrededor del 10% de la población de menores de siete años. Para avanzar hacia la deseada universalización de este servicio, en los próximos 15 años se deberían abrir no menos de 1.500 nuevos centros infantiles, y así poder satisfacer la demanda existente.

El Gobierno actual heredó una Red Nacional de Cuido debidamente financiada y con un adecuado marco legal, la cual cuenta, además, con el entusiasta apoyo de muchas personas, organizaciones, empresas e instituciones que han expresado su compromiso de avanzar hacia la universalización de este importante programa de atención integral a la primera infancia.

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