Opinión

La realidad sobre las pensiones alimentarias

Actualizado el 08 de enero de 2013 a las 12:00 am

Instituciones no respetan los derechos de las mujeres y de la familia

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La realidad sobre las pensiones alimentarias

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Los beneficios que se derivan de la participación económica de las mujeres, tanto para sus familias como para el desarrollo humano del país, es algo que ya se ha podido constatar. Sin embargo, desde el momento en que, por las razones que sean, la mujer debe interponer una demanda de pensión alimentaria, está condenada irremediablemente a la pobreza.

Se asignan responsabilidades de manera desigual: educación, guarda y crianza de los hijos, alimentación, labores domésticas y todo lo que tiene que ver con la formación de los hijos y las hijas. El inmenso trabajo que conlleva asumir esa responsabilidad no permite que la mujer pueda preocuparse por su salud y mucho menos por su realización personal y profesional, lo que la coloca siempre en situación de desventaja.

Adicionalmente, debe trabajar en su hogar sin remuneración de ningún tipo, incluso sin tener la oportunidad de cotizar para la CCSS para llegar a obtener una pensión para la vejez.

Son muchos los problemas que las mujeres deben enfrentar a la hora de tramitar una pensión alimentaria, y entre ellos están los que son causados por el mismo Poder Judicial. A pesar de que el Poder Judicial es el primer obligado a garantizar el acceso a la justicia, en muchas ocasiones resulta ser una verdadera piedra de tropiezo para quienes acuden a exigir sus derechos.

Una de las cosas que más daño ha causado a las beneficiarias de pensiones alimentarias son las resoluciones o fallos que emiten los jueces en sus sentencias.Algunas no tienen fundamentos legales o están basadas en el mero dicho del demandado; en otras no se recaba la prueba necesaria que permita saber cuál es el verdadero ingreso del demandado; tampoco hay un análisis exhaustivo de la prueba o, por no evacuarse oportunamente, resulta prueba fallida. Adicionalmente, se mantiene una estructura de poder machista que favorece al hombre y se ignora la invalidez en que queda la familia después del abandono del padre.

Otro grave problema que se enfrenta es la mora judicial, que es una lesión a los derechos fundamentales, máxime cuando de beneficiarias/os de pensiones alimentarias se trata, y así lo dice la misma Sala Cuarta: “Tiene carácter fundamental, es prioritaria”; por lo tanto, debe llegar lo más pronto posible a los beneficiarios.

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Existen votos muy importantes emitidos por la Sala IV que deberían tomar muy en cuenta los jueces de los Juzgados de Pensiones alimentarias a la hora de emitir las resoluciones, como el 2001-06610 del 10 de julio del 2001 y el 2001-07306 del 5 de setiembre del 2001 (criterios reiterados): “En este tipo de obligaciones alimentarias, no existen dos partes iguales, sino una dominante por su independencia económica y otra dominada por su sujeción económica...”; “...no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales”.

Por otro lado, el voto 7517 del 1.° de agosto del 2001 de la Sala Cuarta dice: “El derecho a la prestación alimentaria es de rango constitucional, pues tiene que ver con la subsistencia y bienestar de la persona humana, y en la relación matrimonial surge como consecuencia del mutuo auxilio y solidaridad que rigen dicha institución. La medida resulta necesaria pues se proporciona al Juez la posibilidad de acordar el pago de una pensión alimentaria a cargo del cónyuge culpable y a favor del inocente, tomando en cuenta las posibilidades y las necesidades de cada quien, como un paliativo al estado financiero en que queda el cónyuge inocente, tras la ruptura del matrimonio por una causa ajena a su voluntad. Al Estado le interesa proteger a las partes más débiles y desprotegidas en la relación aun después de la disolución del vínculo. Sobre la idoneidad de la medida adoptada, no cabe duda de que estableciendo esa obligación alimentaria a cargo del cónyuge culpable, se protege el derecho al bienestar del cónyuge que resulta más afectado económicamente y que además no se apartó de las normas de convivencia que establece el ordenamiento para la institución del matrimonio”.

Hay normas y procedimientos que atentan contra la familia, como lo es el decreto número 33171-J, que permite que se inscriban sociedades sin que en las publicaciones aparezca el número de cédula jurídica ni el nombre de la sociedad, y esto es un escudo perfecto para quienes inescrupulosamente distraen bienes o para los fraudes por simulación, delito muy común entre la mayoría de hombres que egoístamente apartan a su cónyuge o expareja de lo que por ley le corresponde.

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Algunas instituciones, entre ellas el Poder Judicial, no están funcionando en el marco del respeto a los derechos humanos de las mujeres y de la familia, a pesar de tratados internacionales debidamente ratificados por Costa Rica como Estado parte, que lo obligan a cumplir con una serie de compromisos que adquirió, entre ellos, adecuar su legislación y adoptar todas las medidas necesarias para que esos compromisos se cumplan.

La discriminación hacia la mujer sigue estando presente y haciendo estragos sin que se realice un verdadero esfuerzo por evitarlo. Debemos demandar a las autoridades que rindan cuentas sobre las acciones que han realizado o que han dejado de realizar con el fin de hacer efectivos nuestros derechos. De lo contrario, convertiremos el reclamo de nuestros derechos en suplicantes solicitudes.

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