La realidad macroeconómica actual

Del examen que hicimos de la tendencia-ciclo del IMAE (índice mensual de actividad económica) y proyecciones hasta finales del 2015, se concluye que el crecimiento del PIB real se situará en alrededor de un 2,5% (1,2% en per cápita) y que la desaceleración observada se revertirá en el tercer trimestre del 2015.

Sin embargo, el examen no alcanza para comprender las razones del bajo crecimiento, sin antes considerar las limitaciones que enfrenta la economía para mostrar un mejor rendimiento.

Recomendaciones. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han estimado que, para disminuir la brecha de ingresos con respecto a países de mayor desarrollo y reducir los niveles de pobreza, los países menos desarrollados requieren ritmos de crecimiento anual del ingreso real por habitante entre un 4% y un 5% y tasas de inversión entre un 26% y un 28%.

Destacan también que un repunte de la inversión financiada con niveles de ahorro externo superiores a un 3% del PIB no resulta sostenible, debido a la vulnerabilidad de un patrón de acumulación de este tipo ante cambios en el contexto internacional.

Nuestra economía se encuentra lejos de estos estándares y no cabe esperar una tasa de crecimiento sostenida del PIB superior al 4% (2,7% per cápita) resignando al país a permanecer en la categoría de ingresos medios.

En efecto, en el período 2010-2014 la tasa media de inversión osciló en torno al 20% y se nota desde el 2008 una participación porcentual decreciente de los gastos en maquinaria y equipo. Estos gastos contienen innovación tecnológica con incidencia positiva en la productividad y el crecimiento económico.

Por otra parte, la tasa media de ahorro nacional fue relativamente baja (15%) e hizo que el ahorro externo excediera el valor crítico del 3% del PIB señalado por los organismos internacionales.

En lo relativo a la convergencia del ingreso per cápita con el de otras economías más exitosas en el desarrollo económico, se estima que con tasas sostenidas de crecimiento de un 2,7% tomaría aproximadamente 19 años para que el ingreso por habitante ($9.150 en el 2013, cifras del Banco Mundial) se equipare con el nivel que tuvo, por ejemplo, Chile en ese mismo año ($15.230).

Esto colocaría a Costa Rica en el estrato de países con ingresos altos.

Crecimiento a largo plazo. La previsión del crecimiento económico a largo plazo se efectúa examinando la contribución de los factores de la producción al incremento del PIB: capital, trabajo y productividad total de factores (PTF, en la que concurren elementos estructurales como: apertura comercial, cambio tecnológico, escolaridad y libertad económica, así como perturbaciones a corto plazo).

Todo lo demás igual, considerando una tasa pasiva de interés real similar a la de mayo del 2015 (5%) y una depreciación anual del capital de 6%, para recuperar lo invertido la rentabilidad bruta deberá ser al menos de un 11%. De tal forma, si en el 2015 el país invierte un 20% del PIB, tendrá un retorno del 2,2% en términos de crecimiento económico, dato ligeramente inferior al proyectado con base en el IMAE (2,5%). Pero al considerar la participación de los factores trabajo y PTF, la situación cambia. Según cifras de las dos últimas encuestas continuas de empleo del INEC (octubre-setiembre 2014 y enero-marzo 2015), el número de empleados descendió (-0,1%) respecto al mismo período anterior.

De tal forma, presumiendo, en el mejor de los casos, una variación nula en el empleo para todo el 2015 y un comportamiento similar al histórico en la PTF, el incremento estimado del PIB en el 2015 sería a lo sumo del 2%.

¿Qué hacer en el futuro? A la luz de la realidad macroeconómica actual, se considera difícil cambiar el escenario de marcha lenta y decreciente a uno de aumentos altos y sostenidos del producto y del ingreso, sin realizar esfuerzos que conduzcan a mayores tasas de inversión, recuperación del empleo y, principalmente, mejoras en la productividad y la competitividad.

Se requiere, además, fomentar la disciplina fiscal con límites al gasto público, al déficit y la deuda, en procura de que el Gobierno equilibre sus financias y, de ser posible, genere ahorros que ayuden a cerrar la brecha ahorro-inversión.

Carlos Blanco Odio es economista.