Opinión

Una realidad diferente

Actualizado el 29 de septiembre de 2008 a las 12:00 am

 El señor viceministro del Minaet muestra desconocimiento de la realidad

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En su artículo titulado “El sistema de áreas silvestres protegidas” publicado por este medio el 5 de setiembre, el señor viceministro del Minae (hoy Minaet), Jorge Rodríguez, denota desconocimiento.

Se menciona que, no obstante los esfuerzos realizados, se afronta una serie de problemas para consolidar las áreas silvestres protegidas, entre ellos “la efervescencia social producto de la gente que vive o tiene sus propiedades dentro de refugios, zonas protectoras, reservas forestales y humedales” y “las funciones que deben ser realizadas por municipalidades, ICT, IDA, Catastro Nacional y no por el Sinac”. ¿A cuáles funciones se refiere don Jorge?

Potestad del Minae. La realidad jurídica de nuestro país nos indica algo muy diferente pues el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente menciona: “El Poder Ejecutivo, por medio del Minae, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y que se señalan a continuación: Reservas Forestales, Zonas Protectoras, Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios de Vida Silvestre, Humedales, Monumentos Naturales. Estas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Minae...”.

Además el artículo 34 de esta misma ley menciona: “En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Minae, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicos y estéticas que han determinado su establecimiento”.

Comprenderá entonces el señor Viceministro que no es potestad de las municipalidades, ICT, IDA y Catastro Nacional el administrar ninguna de las categorías de áreas silvestres del país. Sin duda esto sería inconstitucional. Existe además otra legislación nacional que tiene que ver con este tema, como el artículo 28 de la Ley de Biodiversidad, los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, así como la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales.

Se necesitan fondos. Don Jorge, además, menciona que el Estado adeuda en tierras de parques y reservas biológicas la cantidad de $150 millones (sin incluir el Parque Nacional Baulas). Esto es una realidad que no podemos ocultar. Más bien sería interesante conocer por qué el Minae, en el año 2006, recomendó ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa archivar del expediente 15.402, que buscaba dinero para ayudarse a pagar las tierras expropiadas y no pagadas. Si había errores en el proyecto, quizá debieron recomendar una modificación de este y así buscar fondos para este noble propósito. Le propongo considerar además que muchos parques nacionales son fábricas de agua y que el uso del recurso hídrico debe ser internalizado, lo cual permitiría obtener dinero para comprar las tierras.

El caso “Baulas” es muy importante, de ahí que lo trataré en otro artículo. Sin embargo, vale la pena preguntar: ¿Qué está haciendo el Minaet para recoger la ayuda internacional que se conoce han despreciado para comprar las tierras del Parque Baulas?

Finalmente, con respecto a las 2000 hectáreas que él menciona “se encuentran en el límite del Parque Braulio Carrillo, que, según voto de Sala Constitucional, el Minae tiene que recuperar y pagar”; permítame decirle que la Sala nunca ha dicho que tienen que pagarlas, pues debe recordar que la ley que declara inalienables esas tierras es la Ley LXV de 1888 y, por lo tanto, las tierras son del Estado.

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