Opinión

La realidad y el cambio

Actualizado el 09 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Ante los planteamientos que el presidente, Luis Guillermo Solís, proyecta sobre las nuevas políticas públicas que impulsará durante su mandato para lograr una sociedad más próspera y justa, es importante que los ciudadanos tengamos presente algunas interrogantes, pues, sin lugar a dudas, estas nuevas medidas nos abarcarán a todos.

Por ejemplo, ¿cuáles serán los objetivos a corto y medio plazo?, ¿cómo logrará el Gobierno, en cuatro años, darles sostenibilidad a sus nuevas políticas?, ¿cuáles van a ser los cambios institucionales, políticos y sociales, y en qué plazos? De los serios problemas que enfrenta el país actualmente, ¿cuáles merecen una atención prioritaria?, ¿cuánto tiempo y recursos se requieren para implementar los cambios?, ¿cuáles son los factores culturales, económicos, religiosos y políticos con los que va a lidiar?, ¿tendrá previstos, o detectados, los grupos de presión, y cuál es su fortaleza para enfrentarlos o convencerlos de sus cambios?, ¿podrá posponer nuestro presidente las decisiones apremiantes en el campo fiscal, energético, social, de infraestructura y de empleo?

Después de estos primeros 100 días se espera que el Gobierno pueda fijar un derrotero claro y viable, sin titubeos, sobre todo porque el presidente y sus más cercanos colaboradores han manifestado el alto componente social de esta Administración. Esto implica tener en cuenta que, si los cambios anunciados requieren reformar la legislación para avanzar con el apoyo de los sectores sociales actuales, el panorama se ve complicado por la composición del Congreso. ¿Estará en capacidad de hacer alianzas y buscar acuerdos?, ¿cuáles van a ser los costos de un nuevo acuerdo político? Estos son algunos aspectos que nuestro presidente debería considerar para poder implementar sus nuevas políticas públicas.

La realidad. El presidente Solís recibió un mandato claro del pueblo para buscar soluciones a los graves problemas sociales, económicos, éticos y políticos que tiene Costa Rica. Sus compromisos de campaña fueron claros y ambiciosos. Las promesas más relevantes se centraron en infraestructura, fortalecimiento de la CCSS, educación de calidad, mejor gestión ambiental, seguridad, empleo, cultura, deporte, transparencia, diálogo, rendición de cuentas, reducción de la desigualdad, impulso a la producción, responsabilidad con las finanzas publicas, apoyo a las mujeres y cero tolerancia a la corrupción.

Por otra parte, el PAC, cuando fue partido de oposición, siempre criticó y no le resultó complicado hacer promesas en caso de llegar a ser gobierno. Pero todas esas intenciones se van a tener que enfrentar a una realidad muy compleja, en la que se debe negociar con nueve fracciones legislativas diferentes, un reglamento legislativo complicado, un marco institucional enmarañado, una deuda pública creciente, pensiones y pluses que asfixian un gasto creciente y rígido, y con ingresos fiscales que no crecen a la misma velocidad que el gasto.

Ante esta realidad, lo importante para el presidente es ordenar la casa y buscar nuevos acuerdos para salir adelante, para lo cual el Gobierno debe establecer una estrategia de cómo se van a manejar las relaciones con los partidos políticos en el Congreso y cómo va a negociar con las cámaras empresariales, cooperativas, sindicatos, municipalidades y otros grupos sociales. Paralelamente, es muy importante unificar el discurso para evitar las múltiples contradicciones que se han venido presentado. De la discusión pública, de las metas que se fije y su implementación, esta Administración se va a enriquecer.

Ganadores y perdedores. Cualquier nueva política que vaya a implementar este Gobierno afectará a distintos grupos. Es imposible que todos sean los ganadores. Si quiere arreglar el problema inmenso de las pensiones de privilegio, afectará a educadores, diputados, empleados de la Corte Suprema de Justicia y a otros grupos que todavía tienen privilegios insostenibles.

Si quiere arreglar el grave problema de los famosos pluses salariales y sus encadenamientos, que golpean el gasto público, debe prepararse para enfrentar a sindicatos poderosos. Si quiere dejar de dar subsidios a ciertos grupos, hay que tener claros los costos. Si quiere darles mayores recursos a las universidades publicas, deberá sacrificar otros programas educativos y buscar recursos fiscales frescos, o se disparará más el déficit fiscal.

Tampoco se puede seguir posponiendo la forma de obtener nuevos ingresos para el fisco, y, en esto, los profesionales liberales y otros servicios serán los más afectados. Si se quiere seguir aumentando los salarios del sector publico, no habrá recursos para infraestructura. Si se sigue endeudando el Gobierno, dentro de pocos meses las calificadoras de crédito nos pondrán mala nota y los organismos financieros nos aumentarán los intereses.

El cambio. En algo sí debemos estar claros: la actual estructura de nuestra sociedad e instituciones ha generado graves brechas sociales y económicas que no son sostenibles. Esto nos obliga hacer nuevas propuestas y buscar un diálogo más fluido para poder negociar. No podemos establecer una política de empleo sin haber consultado con el sector productivo, que es y será el principal actor. En la actual coyuntura, el diálogo y la negociación son claves, y de ahí que la figura del ministro de la Presidencia es estratégica. De su prestigio, conocimiento y capacidad depende en gran parte el éxito de toda gestión y el logro de acuerdos.

Hay que recordar que al Gobierno le corresponde fijar las prioridades con toda transparencia. El tiempo del diagnóstico y de identificar causas ya se acabó. Llegó la hora de fijar las prioridades y buscar las soluciones sin dogmatismos. No se puede continuar con acciones aisladas. Los problemas de competitividad de Costa Rica son muy complejos y, solo si se da confianza a la inversión privada, se simplifican los trámites, se busca una estabilidad macroeconómica, se da seguridad jurídica, se mejora la infraestructura y, ante todo, se ordena el gasto público, vamos a lograr mayor empleo y crecimiento.

No hay que pretender grandes y complejas reformas. Lo importante es concentrarse en los problemas claves. No podemos dejar de apoyarnos en las alianzas público-privadas para corregir problemas de infraestructura. Tampoco podemos aceptar no corregir los problemas éticos y de transparencia. El gobierno de don Luis Guillermo Solís tiene una gran oportunidad de lograr acuerdos en los problemas importantes, con gran sentido práctico y pensando en lo que es realizable y cuáles serían las medidas e instrumentos necesarios.

Hay que actuar. Hay que actuar, pues la pobreza y la desigualdad social aumentan. La marginación y la violencia todavía no se resuelven. No perdamos el tiempo en cosas irrelevantes. Nuestra sociedad debe avanzar en lo social, la equidad, la justicia, el desarrollo económico y la paz. Definamos una agenda nacional y hagamos un cambio ordenado. No permitamos que la desconfianza y la frustración se apoderen de quienes creemos que el cambio es viable.

El Gobierno debe aclarar el camino y revisar la estrategia. Costa Rica lo merece para avanzar. El país votó por un cambio. El Gobierno tiene la palabra.

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