EscucharLa labor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se ha caracterizado por excusas para justificar su inacción, atrasos, incumplimientos y errores.
Se culpa con frecuencia a las leyes, a las apelaciones y a los contratistas, pero no a su incapacidad de gestión, señalada así por la contralora general de la República a finales del año anterior, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
El daño en el puente Juan Pablo II, advertido desde el 2006 por Lanamme, se suma a los 25 años de derrumbes en la ruta 32, a la altura del Parque Nacional Braulio Carrillo; a los 15 de querer ampliar la carretera a San Ramón; a los 10 de la “temporal restricción vehicular” en el área metropolitana; a los 10 del inicio de la nueva carretera a San Carlos –esperada desde hace 40 años–; a los 7 años del “puente de la platina”; a los 5 años de intenciones para ampliar la ruta 32 en la llanura, aún sin planos ni saber cuánto más nos costará; a los errores en la construcción de la trocha fronteriza; a los atrasos en cerrar el anillo de Circunvalación; a la urgente ampliación de la carretera a Cartago y a la necesidad de contar con un sistema eficiente de transporte público, etc.
Todos estos fracasos no son responsabilidad de una administración en particular, pero sí una obligación de todas corregirlos.
Tenemos 25 años de retraso tratando de resolver por el mismo camino los problemas de infraestructura vial, siempre con el mismo resultado: fracaso tras fracaso. Es momento de comenzar a pensar diferente y buscar otros mecanismos para arreglarlos.
Tarea de una organización. Seguimos errados en creer que el mantenimiento y el desarrollo de nuestra infraestructura de transporte dependen de la capacidad de un ministro o de sus viceministros.
Cada cuatro años cambia el gobierno, y de manera más frecuente su ministro del MOPT, pero nuestra realidad sigue igual pues la infraestructura de transporte no depende de una, dos o tres personas, es de toda una organización que debe producir, sean buenos o malos sus jerarcas de turno.
Cuando seamos capaces de comprender que el problema no es tanto quiénes sean los jerarcas que dirigen esas instituciones, sino la incapacidad de gestión que las caracteriza como entes del Estado, y que deben ser reorganizadas desde sus cimientos, entonces el país avanzará en infraestructura y mejorará la competitividad.
Todos esos cambios son urgentes, solo así atraeremos inversión, aumentaremos la producción y venceremos en la lucha contra nuestros tres añejos males que se enquistan en la realidad nacional: la pobreza que hoy afecta al 23,6% de nuestra población, la situación del empleo y un déficit fiscal preocupante del 5,8% del PIB al 2015.
Es impostergable una reorganización total del MOPT y su brazo, el Conavi. Cambiar de jerarcas cada vez que la presión alcanza un punto máximo no es suficiente, porque, reitero, que ellos no han sido el problema mayor, sino sus sistemas, los procesos y su burocracia.
Es una obligación de primer orden con cuya solución debemos comprometernos todos, empezando por las máximas autoridades del país.
El autor es miembro del Comité de Infraestructura de la Cámara Costarricense de la Construcción.
