16 febrero, 2016

Lo que sabemos es que la situación fiscal del Gobierno Central es apremiante, tanto en términos presupuestarios como de caja. Lo cual coloca al país en un sendero de crisis, con presiones inflacionarias y tasas reales de interés aún más elevadas.

Lamentablemente, su despliegue no está muy lejano, en el 2017 o el 2018, como se ha anunciado.

También sabemos que esta situación fiscal tiene muy amplias repercusiones para el país. Depender de manera casi mayoritaria (un 46% del presupuesto nacional del 2016) del endeudamiento externo o del interno en dólares para financiar los gastos corrientes genera vulnerabilidades económicas y redistributivas, distorsiona las condiciones de competitividad internacional y sujeta a Costa Rica a condicionamientos inexorables e indeseables.

Nos estamos acostumbrando a que las mejores noticias sean que las calificadoras todavía no nos bajan de categoría, aunque anuncian que variarán su pronóstico para la próxima calificación a negativo, o que fue posible prolongar la tenencia de títulos del Estado y soslayar un mes en el que se acumulaban muchos vencimientos.

Los avances en materia fiscal no convencen, no alejan el riesgo. Las verdaderas buenas noticias dependen de pasos convincentes hacia la resolución del problema fiscal.

Ahora bien, lo fiscal no es un asunto que pueda abordarse desde los ingresos, o desde los gastos, o desde la deuda. Cada uno por aparte o con estas dimensiones juntas.

Hasta esto es insuficiente, pues deberíamos verlo desde una perspectiva de reactivación económica, del reparto de las cargas entre sectores, de una mejora en los costos del Estado y en su dimensión política.

Criterios para una reforma. En este sentido, las soluciones fiscales deben adoptarse prontamente y mediante criterios estratégicos. Pueden concretarse en una selección de amplios objetivos y sus correspondientes instrumentos. Dar primeros pasos, aunque sean modestos, pero que conduzcan a establecer un rumbo diferente.

Estos criterios son, a mi juicio, los siguientes. Las soluciones fiscales deben:

• Quedar inscritas en un marco de reactivación económica y corrección hacia políticas públicas de desarrollo productivo y redistribución de los incentivos a las actividades y sectores económicos para conseguir que la economía sea más incluyente y utilice los recursos existentes, especialmente para reducir las tasas de desempleo y subempleo.

• Contribuir a reducir las distorsiones del tipo de cambio que lo sobrevalúan, mediante la reducción del flujo de dólares para el financiamiento del Estado, el seguimiento y reducción de flujos ilícitos internacionales y la eliminación de estímulos a la inversión especulativa externa.

• Sustentar las políticas públicas sociales que son incluyentes, haciendo las mejoras en la eficiencia necesarias.

• Generar un espacio importante en los presupuestos públicos para recuperar y hacer avanzar la infraestructura económica y social, y con ello contribuir al crecimiento económico y el empleo. Deben moderarse los estrujamientos de los presupuestos públicos desde los disparadores del gasto y tomar acciones para prevenir alzas en las tasas de interés.

• Mejorar la estructura de exenciones para que los sectores más dinámicos de la economía contribuyan al financiamiento del Gobierno y que los mayores niveles de crecimiento económico redunden en crecimientos proporcionales de recaudación.

• Atacar los niveles de exención, evasión y elusión de los impuestos para corregir una baja carga impositiva y las prácticas comerciales de competencia desleal.

• Clarificar y ajustar medidas para conseguir eficiencia en la entrega de servicios públicos de calidad por parte del Estado, en particular del gobierno. Esto supone un seguimiento del desempeño y asociar los incentivos a los buenos resultados institucionales y personales, bajo la responsabilidad de la Contraloría y la Defensoría.

Está claro que recuperar la confianza en el sistema político (política, políticos e instituciones) pasa por un financiamiento del Gobierno Central sano, más progresivo, que no presione la deuda y genere resultados públicos, mejores y de calidad para la población.

El autor es economista.