En semanas recientes, han abundado las noticias sobre amenazas a nuestros mares y nuestras áreas protegidas. Por una parte, se debate sobre la emisión de nuevas licencias para la pesca de arrastre y, por otra, la Sala IV acoge un recurso de amparo obligando al Ministerio de Ambiente (Minae) y al Ministerio de Hacienda a tomar medidas para atender eficientemente las áreas protegidas del país. Ambos asuntos, desde diferentes ópticas, tienen una causa en común: la carente visión integral del Estado.
Las áreas protegidas no deben verse como una materia que le corresponde solo al Sistema Nacional de Conservación (Sinac) o al Minae. Ellas son la gallina de los huevos de oro para nuestra principal industria: el turismo. Quienes nos visitan vienen a disfrutar de nuestra naturaleza y, prueba de ello, es que aproximadamente 2 millones de turistas visitaron nuestras áreas protegidas en el 2016. Sin embargo, el presupuesto del Sinac es de menos del 1 % del presupuesto nacional. Si las áreas protegidas representan alrededor del 25 % de nuestro territorio, ¿cómo manejar la cuarta parte de una nación con menos del 1 %? ¿No debería el Estado tener un interés mayor en proteger nuestro motor principal?
Responsabilizar al Sinac por el descuido de las áreas protegidas, única institución que vela por esa cuarta parte del territorio, es irresponsable. Es como darle un machete a un peón y esperar el resultado del trabajo como si lo hubiese hecho con un tractor.
He sido testigo, por más de 25 años, de la enorme mística con que trabajan los funcionarios de esta institución y la creatividad con la cual hacen frente a las carencias financieras. Puedo dar fe, además, de que se trabaja con visión estratégica e integral, más allá de una visión individual de cada parque nacional.
LEA MÁS: Mario Boza, fundador de los parques nacionales: 'Estamos estafando a los turistas'
Trabajo conjunto. Por ese motivo, respetuosamente, difiero de la visión de volver a las épocas del Servicio de Parques Nacionales, precisamente porque la naturaleza no conoce fronteras, y las áreas de conservación permiten abordar la gestión de una forma más integral y estratégica, más allá de los límites de los parques.
Volver a la visión “parquista” no es la solución ni la vía más adecuada. Las áreas necesitan recursos, y en eso estamos todos de acuerdo, por lo que cada día es más importante ir más allá del modelo tradicional de áreas protegidas para mejorar la eficacia del manejo.
Los desafíos son cada vez más complejos, e incluyen amenazas del crimen organizado, como el narcotráfico y el contrabando, así como los efectos del cambio climático. Por ello, es necesaria una visión estatal compartida, donde aporten otras instituciones como el ICT, el MAG, el IMAS y el Ministerio de Seguridad, entre otros, bajo una política nacional que priorice la inversión en las áreas protegidas y su manejo. No se puede achacar la responsabilidad a una sola institución, y mucho menos pretender echar marcha atrás en la gestión ecosistémica de nuestro sistema de zonas protegidas.
En cuanto a la pesca de arrastre, lo más preocupante es la clara contradicción entre las visiones de las instituciones que velan por los recursos marinos. Debe primar una sola visión a la cual respondan estas instituciones.
La agenda nacional de conservación marina ha sufrido grandes reveses durante esta administración. Nuestro país ha perdido el liderazgo mundial que tenía en las convenciones internacionales, velando por la protección de los tiburones. Aprobó, además, la exportación de aletas de tiburón sin contar con el dictamen de extracción no perjudicial (DENP) requerido. Cuando el DENP salió negativo, el gobierno procedió a cambiar la comisión científica, la pasó del Sinac al Incopesca y le dio a esta última institución el derecho de ser juez y parte. Ahora, impulsa, nuevamente, la pesca de arrastre por medio de un portillo legal en el pronunciamiento de la Sala IV. Detrás de todas estas acciones, está el Incopesca.
Una sola orquesta. No se vale, sin embargo, ver estos retos como un problema meramente institucional. Los otros entes del mismo Gobierno no pueden simplemente reclamar la actuación de Incopesca y agachar la cabeza.
A fin de cuentas, todos son instrumentos de una misma orquesta, y tienen un director en común. Debe primar, ante todo, una línea clara, informada y responsable.
Las instituciones del Estado están obligadas a coordinar y desarrollar líneas consensuadas estratégicas. En el caso de la pesca de arrastre, a la cual el Minae se opone, quedan claras esas divisiones, y en río revuelto ganancia de pescadores.
LEA MÁS: Parques nacionales, una joya venida a menos
En problemas de conservación y sostenibilidad, el Gobierno que asuma el mando en el 2018 tendrá el enorme desafío de coordinar y dictar políticas que vayan más allá de directrices institucionales individuales. Esperemos que ese esfuerzo sirva para reconocer el enorme aporte de nuestros ecosistemas terrestres y marinos a nuestra economía y bienestar.
La autora es directora de la Asociación Costa Rica por Siempre.