3 mayo, 2014

La palabra “cambio” se ha vuelto muy común desde la reciente campaña. En el caso del Ejecutivo, el deseo urgente de cambio fue lo que le dio el triunfo a don Luis Guillermo Solís. Fue él quien mejor encarnó el concepto de cambio para la gran mayoría de costarricenses: no más de los mismos ni de lo mismo. Entre muchos otros retos que le esperan al nuevo presidente está el de cristalizar esa expectativa un poco subjetiva y difícil de definir, y, por ende, de satisfacer. De corazón, deseamos que lo logre con los mejores frutos para el país.

Sin embargo, no solo el Ejecutivo tiene ese desafío. Quizás, la mayor expectativa y necesidad de un cambio debe darse en el Legislativo. Uno de los mayores desafíos del Parlamento es remozar el papel de los representantes, recuperar su credibilidad y mejorarel entendimiento del público sobre lo que hacen dentro y fuera del recinto parlamentario.

Esas debilidades son comunes entre muchos Congresos del mundo, no solo el de Costa Rica. Sin embargo, dada la alta atomización partidaria del nuestro, la inexperiencia legislativa de casi todos los que ganaron un escaño, y la falta de mayoría parlamentaria del partido oficial (lo que se suele llamar “gobierno dividido”), los congresistas electos tienen una tarea más importante que la labor de legislar en sí misma. Es imperativo que recobren la confianza ciudadana, porque hemos llegado a tal punto de fastidio que, desafortunadamente, un alto porcentaje de costarricenses consideran que la democracia no resuelve los problemas del país (Latinobarómetro 2013).

Credibilidad. La democracia se debe cuidar y nutrir, y sus custodios deben evolucionar y adaptarse para responder a las demandas e inquietudes del pueblo que representan, que es su soberano. Por eso es preciso que los 57 nuevos diputados sepan, desde ahora y sin anestesia, cuál es el panorama que les espera: según un estudio elaborado en noviembre pasado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, de 15 instituciones nacionales que incluyó el sondeo, la Asamblea Legislativa es la que tiene menor credibilidad. Además, estudios publicados por este diario el 26 de setiembre del 2013 muestran que la mitad de los ticos considera malo o muy malo el trabajo de los diputados y casi un tercio de los ciudadanos ignora por completo lo que hacen. Además, el 54% dice no tener información sobre lo que ocurre en el Congreso, a pesar de ser el poder que, por excelencia, representa al pueblo.

En palabras simples: mucha gente no entiende para qué sirven los diputados. Por ende, los nuevos 57 legisladores tendrán que justificar el costo del puesto que ocuparán. Deben informar a la ciudadanía sobre lo que hacen, lo que discuten y deciden, y por qué. Deben demostrarnos cómo es que sus decisiones se tranforman en mayor bienestar general, en atención médica oportuna, en alimento en la mesa de cada hogar, en oportunidades de empleo, en mejores servicios públicos y a precio razonable, en mejores carreteras, en educación de calidad en todo el territorio nacional, en menos trámites innecesarios y en mayor seguridad. Es decir, de qué manera el trabajo que, a partir de ahora, hará la Asamblea Legislativa se traducirá en mejor calidad de vida para cada costarricense. Hacerlo bien y comunicarlo bien, porque la percepción es fundamental para sustentar la credibilidad. Eficiencia, sentido de oportunidad, transparencia y rendición de cuentas.

Abanico de partidos Deben saber que llegarán al Congreso en representación de un abanico de partidos políticos también bastante desacreditados. La mayoría ha perdido la habilidad de recoger y canalizar adecuadamente las demandas de los ciudadanos y de los grupos sociales, ha descuidado el proceso de sustento político (su definición ideológica, y la formación y capacitación de sus integrantes y seguidores), algunos tienen comportamientos más propios de sectas que de agrupaciones políticas, por mucho tiempo no han refrescado a sus figuras de primera división ni son rigurosos con la trayectoria de todos sus candidatos a diputados, y varios han pasado por diversos escándalos de corrupción –no siempre probados, pero que quedan en el imaginario popular como ciertos–.

La crisis partidaria ha producido mediocridad en la representación legislativa y, por ende, en el trabajo legislativo. Veamos: el déficit en la balanza de legislación fundamental es de más del 60%, o sea, solo un tercio de las leyes aprobadas en los últimos años tienen impacto en el desarrollo humano del país. Son comunes los errores de fondo, de forma o de trámite en el proceso legislativo, debidos a impericia de los diputados o de sus asesores, que atrasan la aprobación de leyes hasta por más de dos años. Y, a veces, es obvia la preeminencia de criterios oportunistas por encima de la calidad de las leyes y de su correspondencia con las necesidades reales del país.

Responsabilidad. De ahí, la importancia de crear mecanismos para establecer la responsabilidad política de los diputados por sus actos y decisiones. Pero ¿cómo lograr establecer esa responsabilidad individual en un sistema de elección de listas cerradas, que no tiene ningún medio de rendición de cuentas, exige un cuórum demasiado alto para sesionar, no hay registro nominal y público de las decisiones de los legisladores, y no existe la posibilidad de reelección inmediata ni de revocatoria de mandato?

La reforma al sistema político es, pues, una necesidad impostergable. Sin embargo, no hay que esperar a que se consolide para que los nuevos congresistas rindan cuentas voluntariamente y nos mantengan informados de sus puntos de vista y de sus decisiones, a través de las múltiples facilidades tecnológicas.

Sería el primer paso para empezar a recuperar la confianza de los ciudadanos en el Poder Legislativo.